Recursos de oposici¨®n

Siete comunidades aut¨®nomas gobernadas por el PP han presentado sendos recursos ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto de aplazamiento de algunas medidas de la Ley de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE). Se trata de un primer ensayo de utilizaci¨®n del poder que el PP conserva en las autonom¨ªas como parte de una estrategia de oposici¨®n, cuyo siguiente paso podr¨ªa ser la impugnaci¨®n de la suspensi¨®n del Plan Hidrol¨®gico. No es que sea recomendable esa utilizaci¨®n del poder auton¨®mico, pero es leg¨ªtimo, siempre que se respeten las reglas de juego.

El argumento del PP respecto a la LOCE es que una cosa es utilizar la v¨ªa del Real Decreto para desarrollar una ley aprobada por el Parlamento (lo que hizo el PP al establecer el calendario de aplicaci¨®n) y otra utilizar esa v¨ªa para paralizarla. El objetivo de su iniciativa ser¨ªa evitar el desconcierto que esa paralizaci¨®n est¨¢ causando en la comunidad escolar. Es un argumento endeble. A estas alturas plantear¨ªa muchos m¨¢s problemas tratar de aplicar el pr¨®ximo curso las medidas que aprob¨® el anterior Gobierno (itinerarios en el segundo ciclo de la ESO, asignatura de religi¨®n, rev¨¢lida de bachillerato) y que los socialistas han decidido dejar en suspenso ante la reforma que se proponen llevar a cabo.

Los socialistas sostienen la legalidad de su decisi¨®n, que ha sido avalada por el Consejo de Estado: el calendario de aplicaci¨®n de la ley se decidi¨® por Real Decreto, luego puede modificarse por una norma de id¨¦ntico rango. La ley seguir¨ªa t¨¦cnicamente en vigor, pero se atrasa dos a?os la aplicaci¨®n de sus contenidos m¨¢s pol¨¦micos. ?Se trata de una sutileza jur¨ªdica para ganar tiempo hasta consensuar una nueva ley? Seguramente s¨ª; pero no se trata de ninguna extravagancia. Todas las leyes educativas se han aplicado con arreglo a calendarios que han ido modific¨¢ndose (por decreto) sobre la marcha.

Otro argumento del PP es que existe un conflicto de competencias. Si lo hubiera deber¨ªa resolverlo el Constitucional, pero no puede ignorarse que se trata de normas que la Comunidad de Madrid aprob¨® tras las elecciones (despu¨¦s de no hacerlo durante un a?o) y que dos tercios de los directores de institutos acusan al Gobierno regional de haber utilizado la ley, y en particular los itinerarios, "como motivo de lucha pol¨ªtica", pese a que resulta "imposible en la pr¨¢ctica implantarlos el curso pr¨®ximo". La ¨²nica conclusi¨®n positiva que cabe extraer de todo este l¨ªo es que ninguna reforma educativa debe ponerse en marcha sin un amplio consenso parlamentario. Aunque un partido tenga mayor¨ªa absoluta.