?Por qu¨¦ los matan?

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la delincuencia se contemplaba desde una perspectiva estructural. Al delincuente se le comprend¨ªa en parte como fruto de una determinada estructura socioecon¨®mica, de un determinado contexto cultural. Hoy, por el contrario, la sociedad contempla al delincuente como un actor racional que dotado de plena autonom¨ªa rompe las reglas de la convivencia por su maldad o su propio inter¨¦s. En consecuencia, no se intenta comprender, sino s¨®lo sancionar. El derecho penal en boga trata al delincuente como una no persona, casi como un enemigo (D¨ªez Ripoll¨¦s).

Viene esto a cuento de la presentaci¨®n descontextualizada que se est¨¢ haciendo del caso de ese capit¨¢n que abandon¨® en la mar a unos polizones y les conden¨® a una muerte segura. Acto horrible, sin duda, pero del que no se nos explican sus causas, la situaci¨®n estructural que ha hecho que se repita en la mar. Lo ¨²nico que nos dicen los peri¨®dicos es que el capit¨¢n en cuesti¨®n es coreano y que el buque es de bandera de conveniencia. ?Y qu¨¦? No hay contexto, no hay explicaci¨®n, salvo la utilizaci¨®n soterrada de esa sospecha, de hondas ra¨ªces antropol¨®gicas en las sociedades costeras, hacia todo lo que viene de la mar, ante esa raza de hombres, los marinos, en los que cualquier maldad puede anidar.

La pol¨ªtica del "que se los lleve el que los ha tra¨ªdo" no conduce a ninguna parte

?Y por qu¨¦ lo hacen entonces? Pues no por maldad ni crueldad despiadada, sino porque los capitanes son personas humanas sometidas a una presi¨®n tan desorbitada que, en ocasiones, les lleva a intentar deshacerse de la causa inmediata de la presi¨®n aunque sea en forma criminal. Y esa presi¨®n, no se enga?en los lectores, procede precisamente de esos Gobiernos occidentales que una vez consumado el hecho se declaran espantados con grandes aspavientos. De nuestro Gobierno, sin ir m¨¢s lejos.

Los pa¨ªses desarrollados reaccionan ante el fen¨®meno del polizonaje mar¨ªtimo con un ego¨ªsmo salvaje: su ¨²nica pol¨ªtica ante este fen¨®meno es la de rechazar el desembarco en puerto de los polizones. El "rechazo en frontera", lo llaman burocr¨¢ticamente. Y para conseguir ese resultado no dudan en acudir a todo tipo de expedientes de m¨¢s que dudosa juridicidad: sancionar con multas desmesuradas a los buques en que aparezcan polizones, obligar bajo amenaza a los capitanes a convertirse en carceleros, a que encierren y engrilleten a los polizones para que no puedan saltar a tierra, forzar a que los buques zarpen de nuevo con los polizones a bordo, a pesar de que carecen de medios para atenderles a bordo, en violaci¨®n de todas las normas de seguridad mar¨ªtima. Convierten a los polizones en un cargamento forzoso que es imposible descargar en ning¨²n puerto, pues todos los Estados abordan la cuesti¨®n con la misma intransigencia. Han llegado a darse casos de grupos de polizones que han permanecido a?os (s¨ª lector, a?os) a bordo de un buque sin poder ser desembarcados, generando una convivencia muy dif¨ªcil a bordo.

Al capit¨¢n que se encuentra en la indeseada situaci¨®n de descubrir un poliz¨®n a bordo le llueven las piedras desde todos los cielos: las Autoridades de los sucesivos puertos a que va arribando le sancionan, su armador le rega?a, furioso por los problemas de demora y multas creados para el buque, y probablemente llegar¨¢ a despedirle, su buque se convierte en una c¨¢rcel ambulante en la que conviven los marineros, convertidos en carceleros, y los polizones, trastocados en prisioneros, ambos inc¨®modos en ese papel que no les corresponde. Lo que resulta verdaderamente sorprendente es que, a pesar de ello, en la mayor¨ªa de los casos se trate con cari?o y decencia a los polizones que aparecen a bordo de los buques mercantes.

En Espa?a, desde la ¨¦poca de Margarita Robles en el Ministerio de Interior, se han ido sucediendo ¨®rdenes e instrucciones sobre trato a los polizones: su denominador com¨²n es la apelaci¨®n al mecanismo represor (sancionar al buque) para lograr el resultado final perseguido (que se los lleven). Nuestros jueces contemplan impert¨¦rritos la situaci¨®n de unas personas sometidas en un puerto espa?ol a una aut¨¦ntica detenci¨®n ilegal (privados por la fuerza de libertad por unos particulares -los Capitanes mercantes no son Autoridad policial o penal- y en una dependencia privada), sin conceder nunca el obligado habeas corpus. Dicen que esas personas no est¨¢n bajo su jurisdicci¨®n, que est¨¢n en territorio extranjero y que pueden ser privadas de libertad sin atender a los requisitos constitucionales al efecto. Es curioso que a los jueces espa?oles les sea m¨¢s f¨¢cil encontrar razones para sostener su jurisdicci¨®n en cr¨ªmenes cometidos en Chile o Argentina que en casos de personas privadas ilegalmente de libertad en Santurtzi o Algeciras. Quiz¨¢s sea que un caso es pol¨ªticamente rentable, mientras que en el otro tratamos con un desheredado de la fortuna, con una no-persona.

La pol¨ªtica del "que se los lleve el que los ha tra¨ªdo", aplicada ego¨ªsta y concertadamente por todos los Estados costeros, no conduce a ninguna parte, salvo en ocasiones a la muerte de esas personas. Es muy c¨®moda la ceguera voluntaria por parte de los Estados desarrollados acerca de las consecuencias de su pol¨ªtica. S¨®lo cuando los polizones mueren, entonces s¨ª, nuestra indignaci¨®n de honestos ciudadanos de un pa¨ªs desarrollado despierta enfurecida ante este abominable crimen y lapida al infractor, el capit¨¢n de turno. S¨®lo entonces, cuando muere, el poliz¨®n alcanza por fin el estatus jur¨ªdico de persona humana reconocible como tal en nuestros Estados bienestaristas. Es el capit¨¢n, su asesino, quien se convierte ahora en no persona. Dram¨¢tico intercambio de roles. Pero toda la indignaci¨®n del mundo no conseguir¨¢ ocultar un hecho: que no somos inocentes de esas muertes, que las hemos provocado con nuestra ceguera culpable.

Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz Soroa es abogado especialista en derecho mar¨ªtimo.