Empresas, sindicatos y economistas debaten costes

La inminente presentaci¨®n del Plan Nacional de Asignaci¨®n de Emisiones, crucial para empresas y consumidores, ha acelerado el debate sobre los costes de cumplir el Protocolo de Kioto, los costes de no cumplirlo y sobre qui¨¦n, finalmente recaer¨¢ la factura.

As¨ª, el presidente de Gas Natural y del C¨ªrculo de Econom¨ªa, Antoni Brufau, asegur¨® ayer que "hay muchas formas para que la tarifa el¨¦ctrica [como advierten algunas empresas] no suba y se solucione Kioto", en alusi¨®n al coste que supondr¨¢ para el sector energ¨¦tico reducir las emisiones contaminantes. "Comenzar este plan, antes de discutirlo, diciendo que esto lo pagar¨¢ el consumidor, me parece en cierta manera, demag¨®gico" ya que "hay muchas formas para que la tarifa el¨¦ctrica no suba y se solucione Kioto".

Incumplir, caro

Por su parte, el director de Estrategia y Desarrollo de Iberdrola,Jos¨¦ Luis del Valle, advirti¨® de que si Espa?a no reduce sus emisiones "podr¨ªa incurrir en un coste directo muy elevado", que superar¨ªa los 1.500 millones de euros, "un 1,1% del gasto p¨²blico".

Otras voces abogaron ayer por aplazar el cumplimiento. Fue el caso del director general del Instituto de Estudios Econ¨®micos (IEE), Juan Iranzo, quien pidi¨® al Gobierno que exija una moratoria de la aplicaci¨®n de la directiva comunitaria para reducir las emisiones de CO2

, porque asegur¨® que la aplicaci¨®n del Protocolo de Kioto supondr¨¢ un elevado coste para la econom¨ªa espa?ola y deslocalizaciones empresariales.

Iranzo, que considera que la aplicaci¨®n del Protocolo de Kioto ser¨¢ uno de los grandes retos a los que se deber¨¢ enfrentar el nuevo Gobierno, cifr¨® en 1.500 millones de euros lo que le costar¨ªa a Espa?a comprar los derechos necesarios para seguir en los niveles actuales de CO2

. Para Iranzo el protocolo es "imposible de cumplir, si no es con un elevado coste en t¨¦rminos de actividad econ¨®mica y empleo".

Lejos de la opini¨®n del responsable del Instituto de Estudios Econ¨®micos, la secretaria general de la Federaci¨®n de Industrias y Afines (FIA) de UGT, Francisca S¨¢nchez Chinarro, afirm¨® que los criterios de reparto de los derechos de emisiones para cumplir el Protocolo de Kioto no deben atender s¨®lo a los efectos econ¨®micos, sino tambi¨¦n al "desarrollo de lo posible y de lo socialmente razonable".

S¨¢nchez Chinarro, recalc¨® adem¨¢s que se deben incluir en el plan de asignaciones otros sectores no previstos en la normativa actual, como el del transporte, el que m¨¢s emisiones de gases de efecto invernadero genera.