El Consejo de Estado apoya la ley integral, pero discrepa del tratamiento penal sexista

El Consejo de Estado remiti¨® en la tarde de ayer al Ministerio de Justicia un dictamen de m¨¢s de 80 folios que apoya el anteproyecto de ley org¨¢nica integral contra la violencia sobre las mujeres, pero al que sugiere numerosas observaciones. Entre ellas, discrepa del tratamiento penal dado en el texto que el Gobierno ten¨ªa previsto aprobar hoy como proyecto de ley y remitirlo al Parlamento. El dictamen se?ala que las amenazas, coacciones y lesiones "comparten el mismo bien jur¨ªdico, con independencia del sexo de la v¨ªctima", aunque ser¨¢ la mujer la m¨¢s beneficiada por el agravamiento penal.

El dictamen de la comisi¨®n permanente del Consejo de Estado, al que s¨®lo ha formulado un voto particular el consejero conservador Jos¨¦ Luis Manzanares, manifiesta la voluntad de mejorar una iniciativa innovadora que se refiere a una materia de gravedad, y de propiciar "una mayor reflexi¨®n sobre los instrumentos m¨¢s adecuados para abordarla de la manera m¨¢s eficaz".

En principio, considera que "la protecci¨®n efectiva y adecuada de la mujer v¨ªctima de la violencia puede requerir medidas espec¨ªficas de acci¨®n positiva, pero formuladas de forma indirecta y sin suponer necesariamente una discriminaci¨®n o exclusi¨®n por raz¨®n de sexo".

De ah¨ª que el Consejo de Estado manifieste que "no parece oportuno mantener" el apartado 2 del art¨ªculo 1, que define la violencia sobre la mujer como "la utilizada como instrumento para mantener la discriminaci¨®n, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". En este y en otros puntos, el dictamen recomienda aplicar la discriminaci¨®n positiva indirecta, de modo que, sin necesidad de mencionar a la mujer, sea ella la beneficiada por la protecci¨®n que le dispensa la futura ley.

Trasladado este criterio al tratamiento penal que hace el anteproyecto de ley, uno de los m¨¢s discutidos por los juristas, el Consejo de Estado considera que la violencia dom¨¦stica merece la tutela penal, "pero no puede hacer olvidar otras v¨ªas complementarias con las que pueden y, a juicio de este Consejo", dice, "deben acometerse los conflictos que surjan en este ¨¢mbito". Entre otros mecanismos, el dictamen sugiere "cauces prejudiciales y judiciales espec¨ªficos que, ante uno de esos conflictos, especialmente en sus etapas iniciales y de menor gravedad, no haya forzosamente que acudir a una tutela judicial de ¨ªndole penal".

De forma indirecta

En cuanto al necesario tratamiento penal, el Consejo de Estado discrepa de las penas agravadas en los casos en que la v¨ªctima sea mujer. "Los delitos de amenazas, coacciones y lesiones comparten el mismo bien jur¨ªdico, con independencia del sexo de la v¨ªctima". En consecuencia, "entiende el Consejo de Estado que la discriminaci¨®n positiva que merece y est¨¢ plenamente justificado que se d¨¦ a la mujer mediante esos instrumentos penales ha de operar de forma indirecta".

Y a?ade: "En concreto, la existencia de unos tipos penales ad hoc [para el caso espec¨ªfico] o la agravaci¨®n de penas cuando la v¨ªctima tenga con el agresor una de las relaciones de afectividad que caracterizan a la violencia dom¨¦stica, conllevar¨¢ que, en la actual situaci¨®n de la mujer en la sociedad espa?ola, los beneficiarios y protegidos por ese tratamiento penal ser¨¢n mujeres en un porcentaje abrumadoramente mayoritario, con lo que se habr¨¢ conseguido esa discriminaci¨®n positiva a su favor, respetando, al mismo tiempo, las exigencias de una adecuada pol¨ªtica y legislaci¨®n penales".

Igualmente, el Consejo sugiere que las medidas represivas y sancionadoras que la ley prev¨¦ "habr¨¢n de tener tambi¨¦n en cuenta la existencia de v¨ªctimas colaterales o reflejas de esa violencia contra la mujer, como pueden ser los hijos y otros familiares que, por su situaci¨®n de dependencia, no cabe desconocer que pueden estar a¨²n en una peor situaci¨®n de desventaja y de indefensi¨®n que la mujer adulta".

"Por el contrario", razona el dictamen, "en el caso de que se quisiese formularlas [tales medidas represivas] s¨®lo para cuando las v¨ªctimas son mujeres, esas medidas represivas entrar¨ªan en colisi¨®n con los principios de racionalidad y de id¨¦ntica protecci¨®n jur¨ªdica en v¨ªa sancionadora para los mismos bienes jur¨ªdicos".

El Consejo de Estado destaca "la necesidad de que la construcci¨®n t¨¦cnica de esas novedades penales sea reexaminada".

En cuanto a los nuevos juzgados penales de violencia sobre la mujer, el dictamen del Consejo de Estado considera excesiva la previsi¨®n de crear uno al menos en cada partido judicial y plantea someter su n¨²mero al volumen y necesidades de trabajo. Otra observaci¨®n es que la definici¨®n intencional de la violencia contra la mujer plantear¨ªa problemas al juez instructor. Apunta tambi¨¦n el riesgo de que un juzgado penal asuma competencias civiles, con lo que se criminalizar¨ªan los asuntos civiles.

El dictamen se?ala que esa extensi¨®n de la competencia penal a los asuntos civiles debe circunscribirse a aquellos casos en que "medien ofensas penales especialmente graves".