El juez imputa al jefe superior de Polic¨ªa de Bilbao por tres delitos

El juez de Bilbao que investiga la denuncia presentada en marzo pasado por un comisario contra el jefe superior de Polic¨ªa del Pa¨ªs Vasco, Enrique Bar¨®n, ha imputado al m¨¢ximo responsable policial por los delitos de trato vejatorio, coacciones y malversaci¨®n de fondos. Durante la declaraci¨®n realizada el pasado viernes en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de la capital vizca¨ªna, el jefe superior present¨® numerosos documentos con los que pretende rebatir buena parte de los hechos denunciados, entre ellos una auditor¨ªa las cuentas de la residencia para polic¨ªas de Basauri entre los a?os 1999 y 2003. Bar¨®n asegur¨® haber ordenado la auditor¨ªa "para dejar absolutamente claro la cuesti¨®n econ¨®mica y despejar cualquier duda".

El imputado rechaz¨® cualquier responsabilidad en la gesti¨®n de los gastos de la residencia y neg¨® haber utilizado la cuenta bancaria de la misma, ni haber recibido cheque alguno de sus fondos. "Jam¨¢s me han entregado un cheque, ni he sido titular, ni he estado autorizado para operar con los fondos de la cuenta" de la residencia, insisti¨® en su declaraci¨®n ante el juez del caso.

El pasado viernes, el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Bilbao, Eduardo Luis Gonz¨¢lez del Campillo Cruz, dej¨® clara la situaci¨®n procesal de Enrique Bar¨®n desde el principio. Pese a que en la citaci¨®n se refer¨ªa que el jefe superior acud¨ªa ante el juez "en calidad de denunciado", la secretar¨ªa del juzgado le inform¨® a las once de la ma?ana de que estaba imputado en la causa por el delito de malversaci¨®n, a lo que el juez a?adi¨® posteriormente que se le imputaban "los siguientes hechos: trato vejatorio, coacciones y malversaci¨®n de fondos".

El relato de hechos del denunciante abr¨ªa la puerta a posibles delitos de lesiones, coacciones, injurias, contra la integridad moral y contra la Administraci¨®n. El jefe superior de Polic¨ªa, tras perder la confianza en su secretario general (el comisario denunciante), propuso a la Direcci¨®n General de Polic¨ªa su cese, que se materializ¨® el 28 de noviembre de 2003. Para entonces, el comisario, con casi 40 a?os de servicio en la jefatura de Bilbao, ya llevaba de baja 17 meses. La denuncia se present¨® en el juzgado el 10 de marzo, poco despu¨¦s de que la Direcci¨®n General certificara la legalidad del cese, en respuesta al recurso administrativo presentado por el comisario.

Durante la declaraci¨®n Bar¨®n neg¨®, a preguntas del juez y del letrado del denunciante, todas las imputaciones. Rest¨® veracidad a los sucesivos insultos, coacciones, injurias y atentados contra la integridad moral que el comisario refleja de manera prolija -con fechas, horas y personas que les acompa?aban en cada momento- en su denuncia. "Ni al denunciante ni a ning¨²n otro funcionario he insultado, ni en lo m¨¢s leve que pueda ser el insulto", declar¨® tajante el m¨¢ximo jefe de la Polic¨ªa en Euskadi. Enrique Bar¨®n dibuj¨® un "trato as¨¦ptico" con el comisario. "En ocasiones le he felicitado en p¨²blico cuando sus acciones han sido correctas y cuando han sido un error se lo he hecho ver", asegur¨®. Entre las frases denigrantes que el denunciante atribuye a Bar¨®n en junio de 2002 est¨¢n las siguientes: "No te enteras de nada, no firmas nada que te pueda comprometer. Eres un bur¨®crata parado en el pasado"; " No tomas ninguna decisi¨®n, nadie te aguanta, eres un acojonado"; "T¨² no est¨¢s bien de la cabeza. Eres un anormal".

La segunda parte de la declaraci¨®n se centr¨® directamente en el funcionamiento de la residencia que los agentes de polic¨ªa tienen en Basauri, que cuenta con unas 300 plazas. Bar¨®n present¨® entonces al juez numerosos documentos. En uno de ellos se afirma que "los gastos e ingresos de la Comunidad de Basauri [la residencia policial] no tienen naturaleza de fondos p¨²blicos", aunque precisa que el propietario del inmueble "es el Estado". En la denuncia se indicaba que no "se tiene conocimiento de que el Ministerio de Hacienda tuviese constancia de tales gastos e ingresos y del destino que se daba a los mismos". En un segundo documento aportado se "acredita c¨®mo los representantes de los funcionarios solicitan que los excedentes de la comunidad se reinviertan en beneficio de todos los funcionarios de la Jefatura".

Indemnizaci¨®n

Bar¨®n present¨® documentaci¨®n sobre los polic¨ªas titulares de la cuenta abierta en la BBK donde los residentes ingresan sus cuotas, dejando bien claro que ¨¦l "nunca" ha sido titular, ni su firma autorizada para operar con la citada cuenta. A preguntas del letrado del denunciante, Bar¨®n precis¨® que el Ministerio del Interior conoce la existencia de la residencia, "otra cosa", matiz¨®, "es que conozca su funcionamiento", y que ¨¦l no dispone "de los fondos de la residencia, sino que s¨®lo, y a petici¨®n de la comisi¨®n de residentes o sindicatos, puede autorizar algunos actos, etc". En cualquier caso, los pagos "se efect¨²an entre el administrador y el responsable de Acci¨®n Social, sin que sea necesario mi visto bueno". Bar¨®n s¨ª admite haber colaborado en "las gestiones" de la residencia "por buena fe o vecindad, pero sin responsabilidad ninguna".

Bar¨®n admiti¨® como "cierto" que cobr¨® una indemnizaci¨®n por parte del contratista de una obra que se realizaba en el inmueble donde reside el jefe superior por importe de unas 200.000 pesetas debido al deterioro de un traje (valorado en 150.000 pesetas) y otros efectos y prendas (50.000 pesetas) a causa de las goteras que se hab¨ªan producido durante la obra. Precis¨® ante el juez que el resarcimiento fue "por el importe de 1.120,34 euros por el deterioro de sus trajes" y que "no se realiz¨® expediente administrativo de indemnizaci¨®n porque la reclamaci¨®n era civil, de bienes propios y a un civil que asumi¨® la responsabilidad". El comisario indic¨® en su denuncia que desconoc¨ªa si "la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa instruy¨® el correspondiente procedimiento de indemnizaci¨®n".