De la violencia laboral a la democracia industrial

En Espa?a cada d¨ªa mueren cinco trabajadores y aqu¨ª no pasa nada. Son obreros sin rostro cuyo injusto final casi siempre se sella con el silencio informativo. La violencia laboral destruye m¨¢s vidas que el terrorismo y la violencia dom¨¦stica, pero no hay alarma social sobre los modelos empresariales de organizaci¨®n del trabajo que son directamente responsables de esta cat¨¢strofe cotidiana. Mientras en Espa?a mueren 14 obreros por cada 100.000 trabajadores, en Suecia mueren dos y en Francia, seis. Si tenemos el mayor ¨ªndice de siniestralidad laboral de la UE, es porque tenemos el peor sistema de democracia industrial.

Como en la Divina Comedia de Dante, el infierno de la violencia laboral tambi¨¦n tiene sus c¨ªrculos. El primero est¨¢ formado por los muertos en el trabajo. En el segundo se hallan miles de siniestrados con vidas destrozadas por accidentes que provocan enfermedades o amputaciones permanentes. En los otros c¨ªrculos est¨¢n los inmigrantes explotados, los trabajadores de la econom¨ªa sumergida, los obreros de las subcontratas, los j¨®venes con contratos precarios, los despedidos y prejubilados por empresas que consideran que los beneficios obtenidos son insuficientes, los expulsados o excluidos del empleo, especialmente los 511.200 hogares con todos sus miembros activos en paro. M¨¢s de seis millones de espa?oles sufren la violencia laboral y no incluyo en esta cantidad el creciente n¨²mero de personas que experimentan acoso psicol¨®gico en el trabajo, horarios laborales excesivos y nuevas formas de autoritarismo empresarial. Se da la paradoja de que los espa?oles que se han ido incorporando al mercado laboral en los a?os 80 y 90, los de mayor consolidaci¨®n de la democracia pol¨ªtica, son los que est¨¢n m¨¢s indefensos al haber tenido que introyectar como algo natural el miedo y la impotencia en las empresas. Por eso en Espa?a hay un fuerte desajuste entre democracia parlamentaria y democracia industrial.

?Va a iniciar este Gobierno un ciclo de democracia industrial en Espa?a?

Con tasas de precariedad del 30% y tasas de paro del 11%, nuestro pa¨ªs presenta los peores indicadores laborales de la UE. En los ¨²ltimos a?os, el 90% de los empleos creados son contratos temporales, muchos de ellos en constante rotaci¨®n. Las prejubilaciones se utilizan para reponer mano de obra con menos derechos. La generaci¨®n mejor preparada de la historia de Espa?a suele tener contratos propios de un nuevo proletariado de cuello blanco, por no hablar de los j¨®venes obreros v¨ªctimas del fracaso escolar que no deja de crecer. El cine de Loach o de Fernando Le¨®n nos ha mostrado que la clase obrera no s¨®lo existe, sino que se degradan sus condiciones de vida. Hasta un liberal como Dahrendorf ha escrito textos muy ilustrativos sobre "el nuevo subproletariado".

La violencia laboral incide en la disminuci¨®n de la natalidad y en la d¨¦bil atenci¨®n a los hijos que genera fracaso escolar y ausencia de pautas educativas m¨ªnimas. Adem¨¢s refuerza la econom¨ªa sumergida, que ya representa el 21% de la producci¨®n, y el fraude fiscal. Sus efectos econ¨®micos son perversos: entre 1996 y 2003, la siniestralidad provocada por la precariedad cost¨® 96.000 millones de euros. La relaci¨®n entre horas perdidas por accidentes laborales y por huelgas ha sido de uno a diez en varios a?os de este periodo.

El cambio de Gobierno debe suponer el inicio de un nuevo ciclo de relaciones laborales basado en lo que la OIT denomina el trabajo decente. Se necesitan leyes y, sobre todo, nuevos instrumentos que impidan la extensi¨®n de la siniestralidad y la precariedad laboral. Los temas a abordar son amplios: subcontrataci¨®n, econom¨ªa sumergida, doble escala salarial, fortalecimiento de la fiscal¨ªa de delitos laborales y de la inspecci¨®n de trabajo, acci¨®n sindical en las pymes, reinversi¨®n de los beneficios en empleos, cogesti¨®n, producci¨®n ecol¨®gica, fraude fiscal, deslocalizaci¨®n, reducci¨®n de la jornada, conciliaci¨®n de la vida laboral y familiar,etc¨¦tera. El Gobierno tiene que fijar una orientaci¨®n clara y precisa en este ¨¢mbito y no debe limitarse a ratificar los acuerdos entre patronal y sindicatos, pues la correlaci¨®n de fuerzas es muy desigual. En estos casi tres decenios de democracia hemos visto c¨®mo el poder pol¨ªtico ha establecido su soberan¨ªa sobre el poder militar y el poder eclesi¨¢stico, pero no ha logrado ejercerla sobre el poder econ¨®mico y empresarial que m¨¢s bien lo ha cooptado. ?ste es el principal d¨¦ficit democr¨¢tico que sufre nuestro pa¨ªs. Resulta obsceno contemplar la relaci¨®n entre aumento de beneficios de empresas y bancos y deterioro de las condiciones de trabajo. ?Va a iniciar este Gobierno un ciclo de democracia industrial en Espa?a?

En una interesante entrevista publicada en EPS el 2 de mayo, Sol Alameda le dec¨ªa a la vicepresidenta del Gobierno que los ciudadanos piensan que quienes mandan en los pol¨ªticos son las grandes fuerzas econ¨®micas y empresariales. La respuesta fue clara y contundente: "Hay que demostrar que no. Los que mandan son los ciudadanos. Son los titulares aut¨¦nticos del poder.

Pero con la precariedad laboral no es posible elegir con libertad. Nuestro reto como Gobierno es ofrecer a los ciudadanos los instrumentos precisos para que puedan ser realmente due?os de sus vidas. Sin autonom¨ªa no hay libertad, y sin libertad no hay igualdad". Cuando le¨ª estas afirmaciones, cre¨ª que estaba ante un relato de ciencia-ficci¨®n. Deseo fervientemente que sean verdad. Dentro de cuatro a?os podremos verlo mediante el an¨¢lisis de unos datos muy simples: ?cu¨¢ntos obreros morir¨¢n cada d¨ªa durante el ¨²ltimo a?o del Gobierno socialista?, ?cu¨¢ntos millones de espa?oles habr¨¢n salido de los c¨ªrculos del infierno de la violencia laboral?

Rafael D¨ªaz-Salazar es profesor de Sociolog¨ªa en la Universidad Complutense y autor de Trabajadores precarios. El proletariado del siglo XXI.