Esperando la cooperaci¨®n local
En noviembre de 2002 pas¨¦ un par de d¨ªas en el Cabo de Gata invitado por la Consejer¨ªa de Gobernaci¨®n, que tuvo la idea de juntar a un heterog¨¦neo grupo de juristas para que le di¨¦ramos nuestra opini¨®n sobre el anteproyecto de ley de Cooperaci¨®n Territorial que ese departamento hab¨ªa preparado. Recuerdo con agrado esos d¨ªas porque no s¨®lo pude disfrutar del maravilloso paisaje del Parque Natural, con un risue?o veranillo de los membrillos, sino porque me permiti¨® encontrarme con algunos viejos amigos y conocer a otros, que sab¨ªan de verdad como funcionan las entidades locales, con lo que los dos o tres profesores que asist¨ªamos al seminario, con unos conocimientos puramente te¨®ricos de lo que dicen los textos legales, aprendimos much¨ªsimo.
Como corresponde a un encuentro de este tipo, la veintena de personas que estudiamos el proyecto nos centramos en sus aspectos m¨¢s discutibles, criticandolo con dureza; los que sab¨ªan yendo al fondo del asunto y los que no, centr¨¢ndonos en nimiedades, como era el abstruso y burocr¨¢tico nombre que le hab¨ªan puesto: "Ley General de Entidades e Instrumentos para la Cooperaci¨®n Territorial de Andaluc¨ªa". Claro que la dureza, como casi todo, es algo relativo, de tal forma que cuando esta semana he le¨ªdo las opiniones que sobre el anteproyecto tiene la actual consejera de Gobernaci¨®n, me he dado cuenta de lo moderados y recatados que fuimos: el anteproyecto no le sirve y tiene que ser "reformulado" porque "una ley de cooperaci¨®n territorial debe ser lo suficientemente honesta (sic) como para alejarse de acciones pol¨ªticas puntuales"; y porque no acepta "que la cooperaci¨®n territorial busque un inter¨¦s pol¨ªtico ajeno al de prestar servicios p¨²blicos m¨¢s eficientes al ciudadano"; por eso, la nueva norma que propugna la consejera exige que sea redactada con "mucho sentido com¨²n y mucha honestidad pol¨ªtica".
Supongo que los polit¨®logos podr¨¢n desentra?ar las causas de estas opiniones sobre un texto redactado por especialistas del mismo partido que la consejera. Desde el punto de vista jur¨ªdico, no salgo de mi asombro porque, salvo un lapsus de la memoria, ni el m¨¢s ac¨¦rrimo de los cr¨ªticos que estuvimos en el Cabo de Gata -y doy fe de que el seminario casi deriv¨® en una competici¨®n de agudeza t¨¦cnica para ver quien encontraba m¨¢s insuficiencias- acus¨® a sus autores de deshonestos, ni neg¨® que su objetivo fuera el de mejorar la prestaci¨®n de servicios p¨²blicos. Por el contrario, todos coincidimos en que era una buena base de partida para algo que est¨¢ necesitando una reforma urgente y profunda: el enrevesado mundo local, que no deja de crear a diario nuevas formas de gesti¨®n con un muy escaso control democr¨¢tico y cuya racionalidad t¨¦cnica hace tiempo que nadie es capaz de argumentar.
Por mi cuenta y riesgo, a?ado ahora que, casi dos a?os despu¨¦s, la situaci¨®n no deja de empeorar. Y como muestra, basten dos ejemplos recientes: la Diputaci¨®n de Granada ha encargado un estudio universitario para saber cuantos entes supramunicipales act¨²an en la Vega de Granada porque le ha sido imposible averiguarlo por sus propios medios; por su parte, el Informe Especial de la C¨¢mara de Cuentas sobre el Sector P¨²blico Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2001 (publicado anteayer en el Bolet¨ªn Oficial del Parlamento) muestra una situaci¨®n verdaderamente descorazonadora, que -para no perdernos en detalles- resumir¨¦ diciendo que aumenta el n¨²mero de mancomunidades, empresas p¨²blicas y otras agrupaciones municipales de todo tipo, mientras que al mismo tiempo baja el n¨²mero de las que cumplen con su obligaci¨®n legal de rendir sus cuentas a la C¨¢mara.
Por decirlo de forma categor¨ªa y un tanto esquem¨¢tica: el mundo local cada d¨ªa ofrece m¨¢s burocracia y menos control, sin que la prestaci¨®n de servicios que ofrece tenga muy contentos a los ciudadanos; justo lo contrario de lo que debe ser una red territorial moderna de Administraciones P¨²blicas, regida por los principios de eficacia y transparencia. El Estatuto de Andaluc¨ªa le atribuye a la Junta los instrumentos suficientes para poner orden en esa selva institucional. Se me escapan los motivos para que no lo haga con la decisi¨®n y energ¨ªa que merece el problema, sobre todo porque el ¨²nico que se me ocurre, el miedo a tocar una tupida red de intereses personales y de grupo, me parece completamente descartable. Aunque a lo mejor estoy buscando donde no hay nada y las razones son las que ha dado la Consejera. Pero, quiz¨¢s por el recuerdo de aquellos d¨ªas de oto?o, no me convence ni la cr¨ªtica que ha hecho del texto preparado por el anterior equipo de Gobernaci¨®n, ni el argumento de que no tiene sentido aprobar una Ley de cooperaci¨®n territorial antes de la reforma del Estatuto, razonamiento que llevar¨ªa a no presentar un solo proyectos de ley. M¨¢s bien tiendo a pensar que lo que sigue plenamente vigente es la ley (sociol¨®gica) de la cornucopia infinita: si una persona quiere encontrar argumentos para defender algo, los acabar¨¢ encontrando, por muy disparatados que le parezcan al resto de los mortales.
Agust¨ªn Ruiz Robledo es profesor titular de Derecho Constitucional.
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