Europa: quitarse la camisa de fuerza

El destino del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), una de las pocas normas de coordinaci¨®n de las pol¨ªticas econ¨®micas de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea (UE), tendr¨¢ ma?ana una importante prueba: est¨¢ previsto que el Tribunal Supremo de Justicia de la UE decida si la suspensi¨®n del PEC, decretada a finales del a?o pasado por los ministros de Econom¨ªa (Ecofin), se ajust¨® a lo correcto.

Recu¨¦rdese el caso: la Comisi¨®n Europea (CE), a propuesta del entonces comisario de Asuntos Econ¨®micos, Pedro Solbes, decidi¨® imponer sanciones a Alemania y Francia por superar sus respectivos d¨¦ficit p¨²blicos el 3% del PIB; el Ecofin anul¨® tales sanciones y la Comisi¨®n recurri¨® esta resoluci¨®n. La ortodoxia de estos fallos es lo que puede dictaminar ma?ana el Tribunal de Justicia en un dictamen que previsiblemente clarificar¨¢ las funciones propias de los ministros y de la CE. La batalla entre la CE y el Ecofin es una m¨¢s de las que debilitan el funcionamiento de las instituciones europeas.

En sus ¨²ltimos tiempos como comisario -antes de volver a Espa?a como vicepresidente del Gobierno de Zapatero- Solbes comenz¨® a trabajar en una reforma del PEC, que lo hiciera realista: evitar el dogmatismo en su aplicaci¨®n con el objeto de que se cumpla su funcionamiento. Joaqu¨ªn Almunia, el sustituto de Solbes en Europa, hered¨® esos trabajos de reforma y los profundiz¨®. Pero para presentar de modo oficial esa reforma y que sea aprobada, Almunia estableci¨® en la pr¨¢ctica tres pasos: la decisi¨®n del Tribunal Supremo de Justicia; lograr un consenso con los gobiernos de los 25 pa¨ªses de la UE; y la existencia de la nueva Comisi¨®n, presidida casi con seguridad por Dur?o Barroso, que sustituya a la de Prodi. En esa nueva Comisi¨®n que reformar¨¢ el PEC, el comisario de Asuntos Econ¨®micos seguir¨¢ siendo Almunia.

Mientras tanto, Almunia ha ido avanzando su propuesta de reforma, en t¨¦rminos generales: en primer lugar, el PEC se aplicar¨¢ con todo rigor a lo largo de todo el ciclo econ¨®mico y no a?o a a?o; no s¨®lo cuando el d¨¦ficit sea excesivo sino tambi¨¦n en tiempos de bonanza, para evitar bajadas de impuestos infundadas y electorales, y gastos excesivos. El PEC no ser¨ªa ya una especie de cors¨¦ universal, sino una herramienta antic¨ªclica de pol¨ªtica econ¨®mica. Segundo: en situaci¨®n de d¨¦ficit excesivo, las reglas se aplicar¨¢n caso por caso, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada pa¨ªs (nivel de deuda, sostenimiento de las pensiones, situaci¨®n de las infraestructuras o del desarrollo de la sociedad de la informaci¨®n, etctera), y se fijar¨¢n diferentes objetivos y diversos l¨ªmites temporales para lograr el equilibrio presupuestario del que habla el Tratado de Maastricht. En tercer lugar, una recesi¨®n superior al 2% (el PIB disminuye en ese porcentaje) no ser¨¢ la ¨²nica circunstancia excepcional que suspender¨¢ el tope del 3% del PIB, sino tambi¨¦n un largo periodo de estancamiento.

El comisario de Asuntos Econ¨®micos quiere aprovechar esta coyuntura para variar las competencias de la CE a la hora de vigilar las pol¨ªticas fiscales de los Estados y de coordinar las pol¨ªticas econ¨®micas de los gobiernos. Seg¨²n el economista franc¨¦s Jean Paul Fitoussi, el responsable de Asuntos Econ¨®micos de la Comisi¨®n, sea el que sea, es en la pr¨¢ctica una especie de secretario de Estado de la UE y no un ministro: ni ¨¦l ni la CE tienen poder de decisi¨®n; su papel es an¨¢logo al de un juez de instrucci¨®n que vigila el cumplimiento del PEC y eleva sus denuncias a un Consejo constituido por el conjunto de los posibles infractores. Frente a ¨¦stos, s¨®lo tiene la capacidad de influir que le da el car¨¢cter p¨²blico de sus recomendaciones al Consejo, pero los Gobiernos pueden coaligarse -como ya ha sucedido- para evitar que sus denuncias tengan efecto.

Al tiempo que esto se debate en Europa, Espa?a se alinea con la misma filosof¨ªa: el equipo de Solbes ha puesto fin al dogma del d¨¦ficit cero y a la ley de hierro que el Partido Popular promulg¨® en 2001 y que obligaba no s¨®lo a la Administraci¨®n central, sino a las auton¨®micas y locales. Una norma muy rigurosa, pero que no se cumpl¨ªa. Rigor fiscal, pero sin dogmatismos.