Archivada la causa contra Fabra por presunto delito contra la salud
La titular del juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Nules ha archivado la causa por la que se investigaba al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, por un presunto delito contra la salud p¨²blica y otro contra la propiedad industrial. El procedimiento se abri¨®, de oficio, tras las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar, que le denunci¨® por la fabricaci¨®n de productos "t¨®xicos y peligrosos". Vilar asegur¨® que Artemis 2000, empresa que comparten su ex mujer, Monserrat Vives, y la esposa de Fabra, Amparo Fern¨¢ndez, fabricaba productos fitosanitarios sin la correspondiente autorizaci¨®n, lo que entra?aba, seg¨²n aleg¨®, un peligro para la salud p¨²blica. La juez considera, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que esos herbicidas, insecticidas y fungicidas se encuentran dentro de la ley. La magistrada solicit¨® al Ministerio de Agricultura informes sobre la supuesta toxicidad de los productos, de los que se deduce que no constituyen un riesgo para la salud p¨²blica, seg¨²n las mismas fuentes, por lo que la juez ha estimado que no existe infracci¨®n penal. Vilar se?al¨® a Fabra como implicado al considerar que, pese a que es su esposa la titular de la empresa, el presidente de la Diputaci¨®n era quien manejaba la sociedad. Junto a ¨¦l, se investigaba a otras ocho personas. Respecto al presunto delito contra la propiedad industrial, la juez ha comunicado a los implicados que, al tratarse de un conflicto por la titularidad de productos, debe ser dirimido por la v¨ªa civil.
Con el archivo de esta causa, los juzgados de Nules mantienen abierto un procedimiento contra Carlos Fabra por la comisi¨®n de uno o varios presuntos delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica, entre los que se encuentran el tr¨¢fico de influencias y el cohecho. Esta causa se abri¨® tambi¨¦n de oficio tras la querella presentada por el mismo empresario, que acus¨® al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n de cobrar "cantidades millonarias" por gestiones realizadas ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para intentar agilizar la autorizaci¨®n de fabricaci¨®n de productos sanitarios. La fiscal¨ªa anticorrupci¨®n ha asumido el caso, en el que la UCE ejerce la acci¨®n popular.
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