Las religiones buscan compartir el 'para¨ªso fiscal'
El Gobierno ultima con jud¨ªos, protestantes y musulmanes el desarrollo de los acuerdos de cooperaci¨®n
"Estamos cansados de la discriminaci¨®n; la falta de neutralidad religiosa del Estado sigue siendo alarmante". Con este estado de ¨¢nimo viven las tres religiones que disfrutan en Espa?a del rango oficial de "notorio arraigo": protestantismo, islamismo y juda¨ªsmo. La queja es de Mariano Bl¨¢zquez, secretario general de la Federaci¨®n de Entidades Religiosas Evang¨¦licas de Espa?a (FEREDE), pero es compartida por los dirigentes del islam y el juda¨ªsmo. En las ¨²ltimas semanas se han reunido por separado con el ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, para ver c¨®mo remedian esa situaci¨®n. El PP rechaz¨® la negociaci¨®n durante sus dos legislaturas de gobierno.
?Aconfesionalidad del Estado espa?ol? ?Neutralidad religiosa? Cuando se construye una sinagoga, el rabino responsable tiene que pagar a Hacienda el 16% de IVA, mientras que la Iglesia cat¨®lica est¨¢ exenta de ese y de otros muchos impuestos. Si uno de sus fieles ingresa en un hospital, el pastor protestante tendr¨¢ problemas para ejercer su misi¨®n espiritual, mientras que el Estado gasta cada a?o medio centenar de millones de euros en sueldos de capellanes cat¨®licos penitenciarios, hospitalarios o castrenses. Y a¨²n persisten autoridades que proh¨ªben ceremonias de musulmanes por calles de ciudades cuyos alcaldes presiden las procesiones cat¨®licas, o ejecutivos auton¨®micos que niegan un salario a docentes de religiones que no sean la cat¨®lica.
La 'transitoriedad' de la financiaci¨®n directa del Estado a la Iglesia cat¨®lica dura ya 20 a?os
Respecto a la financiaci¨®n directa del Estado, las religiones minoritarias quieren terminar con el dicho popular de que el dinero es muy cat¨®lico. Reclaman igualdad de trato. Cada a?o, los Presupuestos Generales del Estado contienen una partida para pagar los sueldos de obispos y sacerdotes cat¨®licos. El a?o pasado fueron casi 140 millones de euros. Adem¨¢s, el Estado paga el salario de 30.000 profesores de catolicismo en la escuela p¨²blica y la privada concertada, y se hace cargo en gran medida de la restauraci¨®n del ingente patrimonio arquitect¨®nico de la Iglesia de Roma.
Las religiones de "notorio arraigo" piden terminar con esa discriminaci¨®n, pero discrepan sobre los mecanismos. ?stos son algunos de sus argumentos.
- Protestantes. La federaci¨®n de iglesias protestantes espa?olas -2.200 congregaciones y 1.200.000 fieles, muchos extranjeros residentes- propone un acuerdo en el que, subrayando el principio de no injerencia del Estado en asuntos de las iglesias, advierte de que no se trata de un convenio para el sostenimiento de iglesias -la evang¨¦lica se autofinancia, a veces con "ayuda indirecta" que llega desde el extranjero-, sino de un convenio de colaboraci¨®n econ¨®mica destinado a auxiliar a FEREDE y sus iglesias en conceptos relacionados con su notorio arraigo (funciones sociales, asistencia religiosa en centros p¨²blicos, construcci¨®n de lugares de culto, centros culturales, etc¨¦tera). Se subraya en el informe que no son financiables el culto, el sostenimiento de pastores y ministros de culto, ni las actividades ordinarias de las iglesias.
- Jud¨ªos. El informe entregado al Gobierno socialista por Jacobo Israel Garz¨®n, presidente de la Federaci¨®n de Comunidades Israelitas de Espa?a, empieza subrayando los "aspectos discriminatorios" del Estado y de los organismos p¨²blicos hacia las comunidades jud¨ªas "en el pasado y en nuestros d¨ªas", al igual que hacia otras minor¨ªas religiosas, "que conculcan las normas constitucionales y legales y el buen gobierno de un pa¨ªs que se define como religiosamente neutral".
Entre las discriminaciones, las comunidades jud¨ªas se?alan la asignaci¨®n presupuestaria que "se concede ¨²nicamente a la Iglesia cat¨®lica, neg¨¢ndose a la religi¨®n jud¨ªa con la excusa de que es una situaci¨®n transitoria". "Esta transitoriedad se ha visto prorrogada durante m¨¢s de veinte a?os", se?alan. Los jud¨ªos lamentan que tampoco "reciben nada" del impuesto sobre la renta -la Iglesia cat¨®lica percibe un 0,5239% del IRPF de los contribuyentes que as¨ª lo decidan, adem¨¢s de lo adjudicado a sus instituciones de la parte alternativa en ese impuesto para fines sociales-. La comunidad jud¨ªa no quiere que sus fieles pongan la equis en la declaraci¨®n del IRPF, sino que el Estado le entregue una partida de lo dedicado a fines sociales. Solicita, adem¨¢s, que los bienes destinados al culto est¨¦n exentos de IVA. Tambi¨¦n se quejan de discriminaci¨®n real en varios ayuntamientos para obtener suelo p¨²blico tanto para lugares de culto, instituciones educativas o cementerios. El rosario de "discriminaciones de derechos" e, incluso, los reproches por la pasividad del Estado "ante el antisemitismo" ocupan varias p¨¢ginas, con un apartado especial al "quebranto de la aconfesionalidad constitucional".
En Espa?a hay unos 40.000 jud¨ªos y 30 sinagogas (algunas con capacidad para 800 personas).
- Musulmanes. El borrador de convenio econ¨®mico presentado por los dirigentes de la Comisi¨®n Isl¨¢mica, Mansur Escudero Bedate y Riay Tatary Bakry,
reclama al Estado "un porcentaje del rendimiento de la imposici¨®n sobre la renta o el patrimonio neto u otra de car¨¢cter personal, por el procedimiento t¨¦cnicamente m¨¢s adecuado". "En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignar¨¢ en sus Presupuestos Generales la adecuada dotaci¨®n a la Comisi¨®n Isl¨¢mica, con car¨¢cter global y ¨²nico, que ser¨¢ actualizada anualmente", se a?ade.
Los dirigentes musulmanes reclaman tambi¨¦n que no est¨¦n sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el IVA las cantidades anteriores, y tampoco la difusi¨®n "de los mensajes, jutbas, traducciones o libros de las entidades religiosas isl¨¢micas, utilizadas para dar a conocer el islam, sus ritos y sus actividades religiosas", ni las actividades de ense?anza en instituciones isl¨¢micas, la adquisici¨®n de objetos de culto o las transmisiones, construcciones y arrendamientos de sus mezquitas, locales o viviendas. Tambi¨¦n piden la "exenci¨®n total y permanente de los impuestos sobre el patrimonio".
El fracaso del impuesto religioso
"Ten¨ªamos un problema y lo multiplicamos por tres". As¨ª lo resum¨ªa ayer el catedr¨¢tico de Derecho Eclesi¨¢stico del Estado y ex director general de Asuntos Religiosos entre 1991 y 1993, Dionisio Llamazares. ?l fue quien negoci¨® entonces los acuerdos que ahora se quieren reformar o completar.
La tesis de Llamazares es que los acuerdos de 1992 no extend¨ªan a estas religiones el modelo de financiaci¨®n p¨²blica de las actividades religiosas de la Iglesia cat¨®lica, mediante el IRPF, generosos para¨ªsos fiscales o pago de profesores. "Entonces se rechazaron esas pretensiones por inconstitucionales. Contradicen el principio de laicidad del art¨ªculo 16.3 de la Constituci¨®n ["Ninguna confesi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal"] o el de igualdad tributaria del art¨ªculo 31 [no todos contribuyen lo mismo al gasto p¨²blico].
La Iglesia cat¨®lica negoci¨® en 1987 con el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez un r¨¦gimen transitorio de financiaci¨®n directa mediante el IRPF [los fieles de esa religi¨®n le adjudicar¨ªan voluntariamente una parte de ese impuesto, algo m¨¢s del 0,52%]. Los obispos aceptaban, a cambio, un periodo transitorio de tres a?os para llegar a la autofinanciaci¨®n, sin descartar el Gobierno mecanismos de desgravaci¨®n para las donaciones, entre otras medidas. Pues bien, transcurridos 17 a?os, aquel r¨¦gimen transitorio persiste -el llamado impuesto religioso-, las cantidades destinadas a la Iglesia cat¨®lica por sus fieles descienden cada a?o -apenas 78 millones de euros anuales-, y el Estado se ve obligado a complementar esas cantidades con decenas de millones m¨¢s a fondo perdido, adem¨¢s de cientos de millones en sueldos de profesorado de esa religi¨®n, y otras ventajas econ¨®micas.
Las dem¨¢s religiones, que en principio rechazaban tales privilegios por inconstitucionales, hartas de la discriminaci¨®n y de la confesionalidad encubierta del Estado, reivindican hoy las mismas ventajas.
La opini¨®n del experto que negoci¨® en 1992 los acuerdos de cooperaci¨®n es rotunda. "Reservados [esos privilegios econ¨®micos] a la Iglesia cat¨®lica, su transitoriedad y su funci¨®n pedag¨®gica pod¨ªan salvar la inconstitucionalidad. Hoy probablemente ni eso. La inconstitucionalidad no se salva con m¨¢s inconstitucionalidad, ni con la coartada de la no discriminaci¨®n, o con el se?uelo de que quien paga controla. Es un fracaso y una farsa: en 20 a?os de vigencia no se ha cumplido nunca. Su generalizaci¨®n o su consolidaci¨®n son un paso atr¨¢s".
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