Mujer, pol¨ªtica y desarrollo

Con la elecci¨®n del Gobierno socialista se ha abierto en Espa?a una gran esperanza, alentada por las pol¨ªticas aprobadas por el nuevo Gobierno que abren posibilidades para mejorar el bienestar social y la calidad de vida de los espa?oles. Una de ellas es la pol¨ªtica de paridad de nombramientos que se refleja en que, por primera vez en la historia de Espa?a, las mujeres ocupan la mitad de puestos de responsabilidad en el Gobierno espa?ol. Esta paridad es importante, pues las mujeres representan el 51% de la poblaci¨®n espa?ola y deber¨ªan estar, por lo tanto, presentes en este o semejante porcentaje entre los representantes de la poblaci¨®n. Es un buen indicador de la salud democr¨¢tica de las instituciones representativas el que la experiencia de los gobernantes en su vida cotidiana sea lo m¨¢s semejante y pr¨®xima posible a la de los gobernados. Precisamente, la justificaci¨®n (desde el punto de vista de eficiencia democr¨¢tica) para tener un n¨²mero mayor de mujeres que representen a la poblaci¨®n es que se asume, correctamente, que ¨¦stas tendr¨¢n m¨¢s sensibilidad hacia los problemas que las mujeres experimentan en su vida cotidiana (tales como la escasez de escuelas de infancia o la falta de desarrollo de servicios de atenci¨®n domiciliaria) que los hombres. De ah¨ª que la medida de paridad sea un paso adelante en el proceso de democratizaci¨®n de las instituciones espa?olas, proceso en el cual la socialdemocracia ha sido pionera en Europa, como lo demuestra el que los pa¨ªses que tienen mayor n¨²mero de mujeres en sus gobiernos sean los pa¨ªses de tradici¨®n socialdem¨®crata (pa¨ªses en Europa donde la socialdemocracia ha gobernado durante m¨¢s tiempo, como son Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia). (Korpi, W. Gender, Class and Patterns of Inequalities in Different Types of Welfare States). La socialdemocracia espa?ola contin¨²a as¨ª la tradici¨®n socialdem¨®crata europea, identific¨¢ndose con la defensa de los derechos de la mujer, que en la pr¨¢ctica supone tambi¨¦n la defensa de los derechos de las familias.

La paridad en las instituciones representativas, sin embargo, es una condici¨®n necesaria pero no suficiente para el desarrollo de pol¨ªticas p¨²blicas sensibles a las necesidades de las mujeres. Las mujeres (como los hombres) est¨¢n divididas en clases sociales, estas categor¨ªas anal¨ªticas tan importantes para entender nuestras realidades y que sin embargo est¨¢n tan olvidadas en el discurso medi¨¢tico y pol¨ªtico del pa¨ªs. De la misma manera que deber¨ªa haber m¨¢s mujeres entre nuestros gobernantes, deber¨ªa haber m¨¢s personas procedentes de las clases populares (que constituyen la mayor¨ªa de muestra ciudadan¨ªa) entre nuestros gobernantes. El 85% de miembros de las Cortes son universitarios cuando los universitarios representan s¨®lo el 20% de la ciudadan¨ªa espa?ola. De ah¨ª que sea muy importante que haya m¨¢s gobernantes (tanto hombres como mujeres) que sean y procedan de las clases populares, a fin de mejorar la representatividad de nuestras instituciones democr¨¢ticas. Ello es particularmente importante en los partidos de izquierdas cuyas bases sociales incluyen mayoritariamente a tales sectores de la poblaci¨®n. En su ausencia, es importante que los representantes de izquierdas sean sensibles a las necesidades de tales clases populares, compartiendo sus experiencias y frustraciones cotidianas. Hasta hace poco, era un requisito de los representantes de los partidos de izquierdas escandinavos utilizar los servicios p¨²blicos que la mayor¨ªa de la ciudadan¨ªa utiliza, enviando a sus hijos a las escuelas p¨²blicas y utilizando las instituciones p¨²blicas sanitarias en caso de caer enfermos.

Esta sensibilidad hacia los problemas de las mujeres de las clases populares explica que los partidos socialdem¨®cratas hayan liderado las medidas encaminadas a la integraci¨®n de la mujer al mercado de trabajo mediante la universalizaci¨®n de los servicios de ayuda a las familias tales como escuelas de infancia y los servicios de atenci¨®n domiciliaria, entre otros, facilitando as¨ª no s¨®lo la igualdad de oportunidades de la mujer con el hombre, sino tambi¨¦n el crecimiento del n¨²mero de trabajadoras creando riqueza (y pagando impuestos), facilitando el establecimiento del Estado del bienestar que, en contra de lo que se nos dice con repetida y excesiva frecuencia, contin¨²a expandi¨¦ndose en aquellos pa¨ªses. Es sorprendente que todav¨ªa aparezcan art¨ªculos hablando del colapso del Estado del bienestar en Europa. En realidad, el gasto p¨²blico social por habitante en todos los pa¨ªses escandinavos (y tambi¨¦n, por cierto, en la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE-15) ha continuado aumentando durante los ¨²ltimos veinte a?os, periodo del supuesto colapso del Estado del bienestar (v¨¦ase Navarro, V. y Quiroga, A. La desconvergencia social de Espa?a con la Europa Social, en www.vnavarro.org), siendo las transferencias y servicios del Estado del bienestar enormemente populares. En realidad, la integraci¨®n de la mujer al mercado de trabajo (el 77% en Suecia, el 75% en Dinamarca, el 76% en Noruega y el 72% en Finlandia, porcentajes mucho m¨¢s altos que el 42% en Espa?a) ha sido en aquellos pa¨ªses de tradici¨®n socialdem¨®crata la causa de su riqueza y de su extenso desarrollo del Estado del bienestar. Estos pa¨ªses est¨¢n entre los que tienen mayor calidad de vida, y tambi¨¦n entre los m¨¢s exitosos econ¨®micamente.

Esta percepci¨®n de que los servicios del Estado del bienestar tales como los servicios de ayuda a las familias son una inversi¨®n en el desarrollo econ¨®mico y social en lugar de un consumo est¨¢ escasamente desarrollada en c¨ªrculos econ¨®micos y financieros del pa¨ªs, portavoces del pensamiento neoliberal. Hemos le¨ªdo en las ¨²ltimas semanas c¨®mo uno de los dirigentes de la banca espa?ola (uno de los sectores de la econom¨ªa espa?ola con mayores tasas de beneficios y que, a trav¨¦s de los para¨ªsos fiscales, ha facilitado m¨¢s la evasi¨®n de la carga tributaria del pa¨ªs) ha propuesto eliminar el Estado del bienestar en Espa?a como medida para incrementar la competitividad de la econom¨ªa espa?ola, ignorando en ambos casos que entre los pa¨ªses m¨¢s exitosos econ¨®micamente est¨¢n los pa¨ªses que tienen mayor desarrollo de su Estado del bienestar (el gasto en protecci¨®n social es 32% en Suecia, 29% en Dinamarca, 26% en Noruega y 26% en Finlandia, comparado con s¨®lo un 20% en Espa?a, uno de los pa¨ªses con menor gasto social y con menor competitividad en la UE-15). En realidad, la expansi¨®n en los servicios del Estado del bienestar no es s¨®lo justificable por su impacto en mejorar la calidad de vida de la ciudadan¨ªa (que deber¨ªa ser el objetivo ¨²ltimo de cualquier intervenci¨®n p¨²blica), sino tambi¨¦n por ser una inversi¨®n econ¨®mica tan o m¨¢s importante que la construcci¨®n del AVE Madrid-Barcelona o el cuarto cintur¨®n de Barcelona. Si en Espa?a tuvi¨¦ramos la misma tasa de participaci¨®n en el mercado de trabajo que tiene la mujer en Suecia, Espa?a tendr¨ªa seis millones m¨¢s de trabajadoras creando riqueza y pagando impuestos con los que corregir el tan escasamente desarrollado Estado del bienestar espa?ol.

El subdesarrollo social (principalmente acentuado en el escaso desarrollo de los servicios de ayuda a la familia) basado en la limitada participaci¨®n de la mujer en el mercado de trabajo caracteriza a los pa¨ªses de tradici¨®n cristianodem¨®crata o de tradici¨®n conservadora (de ra¨ªces cristianas), como es el caso espa?ol. La Iglesia cat¨®lica hist¨®ricamente no ha favorecido la integraci¨®n de la mujer al mercado de trabajo, considerando que su misi¨®n es la de estar en casa cuidando de la familia. Como un documento del Vaticano ha indicado, "no hay que confundir igualdad con la negaci¨®n de las diferencias entre sexos deseados por el mismo Dios, negando el rol tan especial de la mujer en el centro de la familia y de la sociedad" (The Family in the XX Century, 1984). Esta tradici¨®n alcanz¨® su expresi¨®n extrema bajo la dictadura nacionalcat¨®lica franquista que se caracteriz¨® (adem¨¢s de ser una de las m¨¢s represivas que han existido en Europa durante el siglo XX) por un gasto p¨²blico social muy bajo (el m¨¢s bajo de Europa) y por una participaci¨®n muy baja de la mujer en el mercado de trabajo. Y aunque mucho se ha hecho desde la muerte del dictador y desde el establecimiento de la democracia, Espa?a contin¨²a teniendo un enorme d¨¦ficit social (la Espa?a social est¨¢ a la cola de Europa) con un porcentaje demasiado bajo de mujeres en el mercado de trabajo. Es esperanzador que en el programa electoral del Gobierno socialista conste el compromiso (silenciado en muchos medios de informaci¨®n espa?oles, la mayor¨ªa de los cuales son de persuasi¨®n conservadora o liberal) de aumentar considerablemente el gasto p¨²blico social hasta converger con el gasto p¨²blico social per c¨¢pita de la UE-15 y aunque no se especifica el n¨²mero de legislaturas que se necesitar¨¢n para alcanzar tal convergencia, el compromiso en s¨ª implica revertir el proceso de desconvergencia de gasto p¨²blico social per c¨¢pita de Espa?a con la UE-15 que ha estado ocurriendo desde el a?o 1993. En pol¨ªticas p¨²blicas, a veces, m¨¢s importante que la velocidad de cambio, es la direcci¨®n de este cambio. En este aspecto es tambi¨¦n muy alentador que el Gobierno tripartito catal¨¢n ha presupuestado para el a?o 2005 un incremento muy sustancial del gasto p¨²blico social que permitir¨¢ mejorar el muy deficitario estado del bienestar en Catalu?a que, en contra de lo que se cree en la mayor¨ªa de Espa?a, tiene en muchos de sus componentes menos recursos por habitante que el promedio de Espa?a y mucho menos de lo que le corresponde por su nivel de desarrollo econ¨®mico (L'Estat del Benestar a Catalunya, en www.vnavarro.org).

Soy consciente de que no s¨®lo voces liberales y conservadoras sino tambi¨¦n socioliberales objetar¨¢n el incremento del gasto p¨²blico que conllevar¨ªa el mejoramiento del Estado del bienestar, incluyendo la universalizaci¨®n de los servicios de ayuda a las familias (que significar¨ªa en este ¨²ltimo caso un aumento del gasto p¨²blico de un 3% del PIB). Lo que tales voces ignoran es no s¨®lo que aquellas inversiones son necesarias para incrementar la riqueza del pa¨ªs, tal como se?al¨¦ anteriormente, sino que tales servicios son necesitados urgentemente por las familias espa?olas, y ello como consecuencia de la integraci¨®n irreversible de la mujer al mercado de trabajo. El punto de debate, por lo tanto, no es si la poblaci¨®n pagar¨¢ m¨¢s o no en estos servicios, sino si lo pagar¨¢ como impuestos (pagados por toda la ciudadan¨ªa) o lo pagar¨¢n como p¨®lizas a compa?¨ªas de seguros privadas por los usuarios. Y ah¨ª s¨ª que la experiencia internacional es contundente. En los pa¨ªses de tradici¨®n liberal, que financian tales servicios privadamente, las familias gastan m¨¢s y obtienen unos servicios menos satisfactorios que aquellos que financian tales servicios p¨²blicamente. En un estudio que realizamos un grupo de investigadores de universidades de EE UU y de Suecia pudimos ver que las familias estadounidenses se gastan un porcentaje mucho mayor de su renta familiar en servicios como sanidad, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, residencias de ancianos y otros que las familias suecas, siendo la satisfacci¨®n de los usuarios mucho mayor en Suecia que en EE UU. En este ¨²ltimo el pago es a compa?¨ªas de seguro privadas o en pago directo, mientras que en Suecia es como impuestos. Las voces socioliberales dentro del socialismo espa?ol tienen que darse cuenta de que canalizar el gasto social a trav¨¦s de las v¨ªas p¨²blicas es, en muchas ocasiones, m¨¢s eficiente y solidario que hacerlo a trav¨¦s de las v¨ªas privadas. Espero que lo hagan.

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de Pol¨ªticas P¨²blicas de la Universitat Pompeu Fabra.