La revuelta ind¨ªgena avanza en los Andes

Per¨² y Bolivia viven momentos dif¨ªciles, en los que la radicalizaci¨®n de las protestas sociales pone contra las cuerdas a dos presidentes debilitados. Alejandro Toledo ha capeado este mes una huelga general en la que la consigna m¨¢s coreada fue la dimisi¨®n del presidente. Su hom¨®logo boliviano, Carlos Mesa, ha enfrentado movilizaciones y frecuentes cortes de carreteras hasta pasar con ¨¦xito el desaf¨ªo del refer¨¦ndum sobre el gas. Est¨¢ por ver si el resultado de la consulta le consolidar¨¢ en su puesto de presidente. La violencia de los ¨²ltimos meses en el ¨¢mbito rural de los dos pa¨ªses andinos es una se?al de alarma de las masas pobres ind¨ªgenas que malviven en el abandono absoluto por parte del Estado.

Los protagonistas ya no son los guerrilleros, sino grandes masas que se levantan sin control

El trayecto desde la ciudad peruana de Puno hasta la capital boliviana, La Paz, bordea el majestuoso lago Titicaca a trav¨¦s de territorio aimara, la naci¨®n ind¨ªgena mayoritaria en el sur de Per¨², el oeste de Bolivia y el norte de Chile, que conserva sus c¨®digos, cultura y lengua. La dureza del altiplano condiciona la vida austera de comunidades desperdigadas, dedicadas al cultivo de la patata y otros tub¨¦rculos y a la cr¨ªa de llamas y alpacas. Casas de adobe de extrema modestia, animales poco relucientes y campos que exigen mucho esfuerzo conforman un paisaje por el que transitan hombres y mujeres ataviados con las vestimentas tradicionales. Parece la imagen de un mundo que vive en paz.

La percepci¨®n cambia dr¨¢sticamente a la entrada de Ilave, una localidad de 25.000 habitantes entre Puno y la frontera con Bolivia, en la cuenca del Titicaca, por la que transitan contrabando y droga en grandes cantidades. Las paredes est¨¢n repletas de pintadas contra Cirilo Robles, el alcalde que fue linchado por una turba enardecida que tom¨® la ciudad el pasado 26 de abril. El brutal asesinato se produjo despu¨¦s de 25 d¨ªas de protestas y movilizaciones contra el s¨ªndico que presagiaban un final tr¨¢gico. Robles no era un dirigente popular y, probablemente, pocos lloraron su muerte en Ilave, donde se le acusaba de mentiroso y corrupto. La ciudad estuvo m¨¢s de tres semanas paralizada y en pie de guerra, mientras desde Lima las autoridades centrales hac¨ªan o¨ªdos sordos, seg¨²n denuncian los vecinos. "Es impresionante la incomunicaci¨®n con el Gobierno. Hemos sufrido la violencia de la no escucha", lamenta la hermana Gabriela Zengarini, una dominica argentina destinada en Ilave.

Nadie orden¨® reforzar el contingente policial de 15 hombres a pesar del aumento de las movilizaciones y la agresividad de los pobladores que bajaban de las comunidades aleda?as. Tras el linchamiento, el Gobierno envi¨® un contingente que recuper¨® el control de la ciudad en un operativo casi militar. Tres meses despu¨¦s, Ilave sigue sumida en el caos, con el Ayuntamiento cerrado a cal y canto, sin ninguna autoridad y sin servicios que funcionen.

En la cultura aimara la destituci¨®n de una autoridad como el alcalde es un asunto que puede resolverse f¨¢cilmente por decisi¨®n popular. "El problema es que la legislaci¨®n peruana no considera la figura de la destituci¨®n por el pueblo. Son c¨®digos culturales que no encajan y provocan estas crisis", advierte Dante Vera, ex jefe de asesores del anterior ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, que fue obligado a dimitir por el Congreso peruano a ra¨ªz de los incidentes de Ilave. "No s¨®lo es d¨¦bil la autoridad del Estado central", a?ade Vera, "sino tambi¨¦n en los niveles m¨¢s locales. Hay, adem¨¢s, una crisis de hegemon¨ªa, liderazgo y autoridad por parte de la misma sociedad. Cuando se produce este tipo de cosas ha llegado la hora de las turbas y la hora del caos".

Lamentablemente, la localidad peruana a orillas del Titicaca va camino de convertirse en un referente en el mundo rural andino. "P¨®rtate bien o te hacemos lo de Ilave, le han amenazado a m¨¢s de un alcalde", explica Luis Jes¨²s L¨®pez, p¨¢rroco espa?ol de Juliaca, que lleva en la zona m¨¢s de 30 a?os.

Primero fue Ilave, despu¨¦s vino Ayo Ayo, en Bolivia, y la historia podr¨ªa repetirse por un efecto domin¨® en un buen n¨²mero de comunidades de la sierra peruana y del altiplano boliviano, donde la presencia del Estado apenas se deja sentir. Son territorios olvidados desde hace d¨¦cadas, de los que el Gobierno en Lima o en La Paz se acuerdan cuando se produce un levantamiento popular.

El linchamiento hace un mes de Benjam¨ªn Altamirano, alcalde de Ayo Ayo, acusado de corrupci¨®n, ha destapado un agrio debate sobre la llamada "justicia comunitaria", aplicada por los pueblos ind¨ªgenas. Junto al cad¨¢ver quemado despu¨¦s de haber sido golpeado brutalmente y torturado alguien coloc¨® un cartel con el texto: "Justicia comunitaria contra la ley, donde no hay justicia social". Como si el pueblo aimara tuviera entre sus normas de comportamiento la aplicaci¨®n de la m¨¢xima pena, incluido el linchamiento y los malos tratos. Especialistas en culturas ind¨ªgenas han subrayado que la justicia comunitaria no reconoce dentro de su sistema punitivo pena alguna que comprenda la muerte. La realidad es que en Ayo Ayo y otras localidades del altiplano boliviano como Achacachi o Warisata la ausencia del Estado llega a un punto tal que la Polic¨ªa no hace acto de presencia desde hace tiempo, lo que ha convertido aquellos territorios en tierra de nadie, donde se mueven a sus anchas los caudillos que se aprovechan de la agresividad de algunos pobladores.

El escenario de pa¨ªses que vivieron conflictos armados de larga duraci¨®n, como Per¨², ha cambiado. Los protagonistas no son m¨¢s los grupos guerrilleros, sino grandes masas que se levantan sin control, "la hora de las turbas", como la describe Dante Vera. "La delincuencia se traslada a la protesta social. En los a?os setenta la consigna era 'si no hay soluci¨®n, la protesta contin¨²a', ahora la consigna de moda es 'si no hay soluci¨®n, hacemos la cagada', o, como dicen en Puno e Ilave, 'si no hay soluci¨®n, sangre correr¨¢".