C¨¢maras

En el ¨²ltimo congreso del PSPV, celebrado en Castell¨®n, se ha replanteado la naturaleza de las C¨¢maras de Comercio. Parece que son como la "bicha de Balazote", que emerge ante la carencia de ideas. La pol¨¦mica que ahora se trata de reverdecer es antigua, carece de sentido y tiene muy escasas posibilidades de prosperar.

Las C¨¢maras de Comercio son corporaciones de derecho p¨²blico y fueron refrendadas mediante la Ley de 1993 -en pleno mandato de Felipe Gonz¨¢lez- que sustituy¨® a la m¨¢s que obsoleta de 1911, pero lleg¨® demasiado tarde, cuando ya hab¨ªa prendido la llama de la rebeli¨®n contra estas instituciones en toda Espa?a, liderada desde CEOE por Jos¨¦ Mar¨ªa Cuevas.

Resulta curiosa la coincidencia de esta tesis contraria a la pertenencia necesaria de las empresas a las C¨¢maras, con las posiciones del incombustible presidente de CEOE, cuyos or¨ªgenes arrancan de ¨¦pocas preconstitucionales.

Si la pertenencia de las empresas a las C¨¢maras de Comercio es obligada, tambi¨¦n se impone el pago de cuotas. Esta decisi¨®n equipara el pago a un tributo m¨¢s, que las empresas han de satisfacer para respaldar su pertenencia a las c¨¢maras y, por tanto, para poder demandar de estas entidades los servicios que pueden y deben exigir de ellas. No se ha de olvidar, por parte de los responsables socialistas, que las C¨¢maras son instituciones eminentemente empresariales. ?A qu¨¦ viene ahora meterse en este berenjenal cargado de contradicciones del que va a resultar casi imposible salir airoso?

Alguien debiera haberse enterado de que esta disputa ya se zanj¨® definitivamente con la sentencia del Tribunal Constitucional, en abril de 1966, cuyo dilatado proceso de informaci¨®n, deliberaci¨®n y fallo ocasion¨® irreparables perjuicios a las C¨¢maras. De acuerdo con aquella sentencia, las empresas han de pertenecer y pagar necesariamente a su C¨¢mara de Comercio. No tiene sentido replantearse de nuevo una cuesti¨®n que no admite vuelta atr¨¢s en el ordenamiento constitucional vigente.

Lo que s¨ª se puede revisar y actualizar es el funcionamiento y la financiaci¨®n de las C¨¢maras, su sistema electoral, la parte legislativa y reglamentaria que compete a la administraci¨®n que, en caso de la Comunidad Valenciana, tiene todas las competencias transferidas a la Generalitat.

No tiene sentido que el debate se centre en la naturaleza de las c¨¢maras, sino en una decidida gesti¨®n del cambio que necesariamente se habr¨¢ de llevar a cabo en ellas para actualizar su papel en la sociedad de hoy, con el fin de que sean ¨²tiles a las empresas y beneficiosas para los intereses generales de la econom¨ªa.

Lo malo no son las c¨¢maras ni su naturaleza, sino la mediatizaci¨®n pol¨ªtica ejercida por los gobiernos que pretenden a menudo intervenir en su funcionamiento, desde el desconocimiento de sus posibilidades, sin tener en cuenta las opiniones de los expertos y totalmente ajenos a la problem¨¢tica y a las necesidades reales de las empresas.

No se puede afrontar el futuro de unas instituciones centenarias con frivolidad y sin haber sopesado las consecuencias de unas propuestas que, en vez de proteger a la mayor¨ªa de las empresas, las abandonan ante la avidez de quienes desean monopolizar la representaci¨®n del colectivo empresarial, por unos procedimientos de escasa credibilidad democr¨¢tica.

Esta guerra ya ha dejado muchos muertos y heridos. Cada episodio tiene unas connotaciones, pero fatalmente reaparece ese compa?ero de viaje nefasto que es la ignorancia. La sociedad necesita entidades intermedias prestigiosas y consolidadas que la protejan ante los desaprensivos que quieren acaparar poder a cualquier precio. Los principios, la ¨¦tica y la historia todav¨ªa son referentes para salvaguardar nuestra integridad. Si se quiere que los intereses de las empresas puedan ser atendidos con visi¨®n de conjunto y sin partidismos, las C¨¢maras son el ¨²nico instrumento para conseguirlo desde su independencia.