El Gobierno andaluz tendr¨¢ que indemnizar por la retirada del orujo

El Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA) ha desestimado el recurso de la Junta andaluza contra la sentencia que la condena a indemnizar a la firma Torres Ribelles con 32.428 euros por la confiscaci¨®n de aceite de orujo en julio de 2001. De este modo, el TSJA confirma el primer fallo a favor del sector, que consider¨® "desproporcionada" la orden con la que Celia Villalobos (PP), entonces ministra de Sanidad, declar¨® una alerta alimentaria por la presencia de sustancias t¨®xicas en el aceite.

Un juzgado de Sevilla consider¨®, en mayo de 2003, que la incautaci¨®n de aceite de orujo realizada por la Junta a la empresa Torres Ribelles fue "ilegal" por no haber razonado la "existencia de un riesgo inminente y extraordinario". Seg¨²n el juez, ese riesgo no se justific¨® ni en la actuaci¨®n de la Junta ni en la alarma sanitaria que declar¨® en julio de 2001 el Ministerio de Sanidad.

Tras la sentencia del a?o pasado, la Junta dijo mostrarse de acuerdo con el fondo de la sentencia, pero anunci¨® que recurrir¨ªa al TSJA ya que "se limit¨® a cumplir una orden" del ministerio. Ayer, la Federaci¨®n Espa?ola de Industrias de Alimentaci¨®n y Bebidas inform¨® de que el tribunal ha decidido rechazar ese recurso.

El contenido de benzopireno en el aceite de orujo (una sustancia que puede ser t¨®xica si se ingiere de forma prolongada y en ciertas cantidades) llev¨® en julio de 2001 a la ministra Villalobos a declarar una alarma sanitaria. Sin embargo, entonces no hab¨ªa norma que fijara los l¨ªmites de esta sustancia, el nivel era similar al de a?os anteriores y hab¨ªa negociaciones entre el sector y el Ministerio de Agricultura para cambiar el proceso de elaboraci¨®n.

La alarma sanitaria supuso un golpe para el sector, formado por medio centenar de empresas cuyas ventas se han reducido a la mitad. Hay al menos una decena m¨¢s de reclamaciones judiciales por las incautaciones.