Amenazas para la libertad de prensa

?Debe un periodista revelar su fuente confidencial? ?Puede un juez obligar a un reportero a revelar el origen de una informaci¨®n? La tensi¨®n entre los periodistas que protegen sus fuentes y los jueces que quieren que colaboren en las investigaciones no es nueva, y hay doctrina del Tribunal Supremo de EE UU sobre la Primera Enmienda de la Constituci¨®n, que garantiza la libertad de prensa y el secreto profesional. Pero el debate se ha intensificado en la ¨²ltima semana porque un juez federal de Washington, Thomas F. Hogan, ha condenado por desacato a un periodista, Matthew Cooper. Varios periodistas m¨¢s han sido citados a declarar. Este caso es m¨¢s complicado de lo habitual, porque no est¨¢ claro que al Gobierno le interese que se revelen las fuentes.

Hogan es el juez del que depende la investigaci¨®n sobre las filtraciones del caso Wilson / Plame. Antes de la guerra de Irak, en 2002, el embajador Joseph Wilson recibi¨® el encargo de la CIA de averiguar si era cierto que N¨ªger hab¨ªa vendido uranio a Irak. Wilson fue al pa¨ªs africano y lleg¨® a la conclusi¨®n de que se trataba de una pista falsa. Pero la Administraci¨®n no tuvo en cuenta el informe, y Bush dijo, en su discurso sobre el estado de la Uni¨®n de enero del 2003: "El Gobierno brit¨¢nico ha sabido que Sadam Husein recientemente intent¨® hacerse con cantidades significativas de uranio en ?frica".

En julio del pasado a?o, el diplom¨¢tico escribi¨® un art¨ªculo en The New York Times contando su punto de vista. Ocho d¨ªas despu¨¦s, un columnista public¨® que dos altos funcionarios de la Casa Blanca hab¨ªan filtrado a varios periodistas que la mujer de Wilson, Valerie Plame, le hab¨ªa conseguido el encargo de N¨ªger porque era una agente encubierta de la CIA. El esc¨¢ndalo pol¨ªtico fue doble: primero, por la represalia contra Wilson; segundo, porque revelar la identidad de un agente de un servicio de espionaje es un delito federal. El Gobierno se vio obligado a designar a un investigador especial, Patrick Fitgerald, para saber qui¨¦n hab¨ªa cometido el delito. Aunque un informe del Comit¨¦ de Inteligencia del Senado de hace un mes cuestiona buena parte del relato de Wilson sobre el uranio y N¨ªger, y abre la sospecha de que, efectivamente, su mujer le recomend¨® para la misi¨®n, la investigaci¨®n sobre la filtraci¨®n sigue adelante.

Cinco periodistas han sido llamados a declarar en esta investigaci¨®n. De los dos primeros, uno, Tim Russert, el prestigioso entrevistador de la NBC, respondi¨® las preguntas porque, seg¨²n dijo despu¨¦s, en ninguna se le hab¨ªa pedido revelar informaci¨®n confidencial. Otro, el reportero de la revista Time Matthew Cooper, se neg¨® a declarar. El juez entiende que el periodista incurre en desacato y le ha condenado a ir a la c¨¢rcel y pagar una multa diaria de 1.000 d¨®lares mientras persista en su actitud. La condena ha sido suspendida porque los abogados de Time y del propio Cooper han recurrido.

Otra periodista, Judith Miller, de The New York Times, recibi¨® el jueves una citaci¨®n para declarar. El editor, Arthur Sulzberger, se?al¨® que el diario va a intentar anularla y lament¨® que se tratara de obligar a la periodista a revelar sus fuentes confidenciales: "Los periodistas no deber¨ªan correr el riesgo de ir a la c¨¢rcel por dedicarse a informar. Estos procedimientos hacen menos probable que las fuentes hablen sinceramente a los reporteros y, en ¨²ltima instancia, el que sufre es el p¨²blico". Por su parte, la directora del Comit¨¦ de Defensa de los Periodistas, Ann Cooper, cree que "la perspectiva de que un periodista estadounidense sea encarcelado es muy inquietante".

Adem¨¢s, la pr¨®xima semana se determinar¨¢ si cinco periodistas incurren en desacato. En este caso, un antiguo cient¨ªfico del laboratorio de Los ?lamos, Wen Ho Lee, quiere que estos periodistas revelen sus fuentes porque se ha querellado contra el Departamento de Energ¨ªa y el FBI para saber qu¨¦ funcionarios del Gobierno le acusaron injustamente de espionaje.

Los periodistas siempre repiten que el derecho de proteger la identidad de las fuentes es una de las condiciones necesarias para que se pueda hablar de prensa libre. Los jueces y fiscales tambi¨¦n insisten en su argumento: cuando se trata de una investigaci¨®n criminal, el periodista no puede estar al margen de lo que se hace para averiguar la verdad. Los periodistas estadounidenses creen que la Primera Enmienda de la Constituci¨®n ampara su derecho a proteger la identidad de sus fuentes. Pero, en 1972, el Tribunal Supremo fall¨® que los periodistas, como el resto de los ciudadanos, "tienen la obligaci¨®n de proporcionar informaci¨®n relevante en las investigaciones criminales".

En ese fallo, uno de los magistrados, Lewis Powell, expres¨® sin embargo su preocupaci¨®n ante la posibilidad de que se utilizara a los medios "como brazo investigador de la Administraci¨®n" y dej¨® abierta la posibilidad de que hubiera excepciones a la decisi¨®n del alto tribunal. Eso es lo que ha permitido que no se presione en exceso a los periodistas y que en 30 Estados se hayan aprobado leyes que no les obligan a revelar sus fuentes. Pero los jueces estadounidenses, advierten las organizaciones profesionales de prensa, tienden a ser cada vez m¨¢s inflexibles y no reconocer a los periodistas "ning¨²n privilegio que les exima de prestar testimonio", como ha escrito espec¨ªficamente el juez Hogan en el caso Cooper, que, muy probablemente, acabar¨¢ ante el Supremo.