Dineros de los partidos

Los socialistas anuncian un nuevo intento de reforma de la ley de financiaci¨®n de los partidos. El Tribunal de Cuentas denuncia cada a?o los incumplimientos de la actualmente vigente, de 1987, y pide al Parlamento que modifique la norma para regular pr¨¢cticas que se han hecho habituales pese a no estar previstas en la misma, como la financiaci¨®n paralela por parte de ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas o a trav¨¦s de los fondos recibidos por las fundaciones ligadas a los partidos. El Tribunal tambi¨¦n ha constatado la condonaci¨®n por las buenas de intereses de pr¨¦stamos bancarios a los partidos y la superaci¨®n por algunos de ellos de los topes m¨¢ximos de donaciones privadas an¨®nimas permitidos por la ley. Su reforma, pendiente desde hace una d¨¦cada, fue un compromiso de Aznar en su investidura de 2000, y figura tambi¨¦n en el programa con el que gan¨® Zapatero en marzo pasado.

Si los intentos anteriores fracasaron fue sobre todo por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre la prohibici¨®n o no de las donaciones an¨®nimas, por una parte, y de las realizadas directamente por empresas mercantiles, por otra. Sobre esto ¨²ltimo, la ley de 1987 circunscribe la prohibici¨®n a las empresas que mantengan relaciones de suministro, obra o prestaci¨®n de servicios con alguna Administraci¨®n p¨²blica. La izquierda sostiene que, incluso sin existir tales relaciones, ser¨ªa inevitable que la opini¨®n p¨²blica interpretase esas donaciones como un pago a cambio de trato de favor en asuntos fiscales o de otro tipo. Sin embargo, el argumento servir¨ªa igualmente para las donaciones de particulares que sean propietarios de alg¨²n negocio. Lo esencial en ambos casos ser¨ªa, por tanto, la transparencia: que a partir de cierta cantidad, el p¨²blico pueda conocer la identidad de los donantes.

Por negarse a revelar la de quienes contribuyeron a sanear las finanzas de su partido tuvo que dimitir hace cuatro a?os como presidente honorario de la CDU el ex canciller Helmut Kohl. La ley espa?ola no proh¨ªbe las donaciones an¨®nimas, pero marca un l¨ªmite m¨¢ximo de lo que por esa v¨ªa puede recibir cada partido. Un l¨ªmite un tanto arbitrario: el 5% del total de financiaci¨®n p¨²blica a cargo del Estado, que suma actualmente 58 millones de euros. Han sido tradicionalmente los partidos nacionalistas de Catalu?a y el Pa¨ªs Vasco los que se han opuesto con m¨¢s fuerza a la prohibici¨®n de las donaciones an¨®nimas, alegando que la mayor¨ªa de los donantes exigen reserva de identidad. Entre CiU y el PNV recibieron entre 1992 y 2001 -¨²ltimo a?o auditado- m¨¢s de 36 millones de euros, el 60% de todas las donaciones privadas a los partidos, en su mayor¨ªa an¨®nimas. El PP recibi¨® en ese periodo, seg¨²n el Tribunal, 20,4 millones de euros, 10 veces m¨¢s que el PSOE.

Desde la derecha se ha criticado la desconfianza excesiva en la financiaci¨®n privada que trasluce la ley actual, que hace a los partidos demasiado dependientes del Estado. La izquierda argumenta que una financiaci¨®n primordialmente privada agravar¨ªa la desigualdad de oportunidades, dado que el capital suele tener inter¨¦s en que gobiernen los conservadores. De todas formas, en 1995 lleg¨® a existir un acuerdo entre PP y PSOE sobre la base de suprimir las donaciones an¨®nimas, pero aumentar el tope de lo que cada particular pudiera donar al a?o. El acuerdo no prosper¨® entonces por la oposici¨®n de los nacionalistas y porque la convocatoria de las elecciones hizo que los partidos pasaran a ocuparse de otros asuntos.