Sanidad alerta de que falta dinero para atender a los inmigrantes que Zapatero quiere regularizar
El Gobierno regional reclama al central 835 millones y prev¨¦ un d¨¦ficit anual de 50
El Gobierno regional cree que la sanidad p¨²blica est¨¢ al l¨ªmite de su capacidad financiera y teme ser incapaz de atender a los inmigrantes que "llegar¨¢n" a la regi¨®n con el proceso de regularizaci¨®n que realizar¨¢ el Gobierno central. ?ste fue el aviso que lanz¨® ayer el consejero de Sanidad, Manuel Lamela. "Alguien nos tiene que explicar c¨®mo pagaremos la asistencia a los inmigrantes", reclam¨® Lamela. ?ste alert¨® de que "Madrid ya sufre un d¨¦ficit anual de 50 millones de euros por la atenci¨®n a los no residentes" y reclama al Estado 835 millones para "garantizar" la sostenibilidad del sistema.
La Consejer¨ªa de Sanidad afirma que es "imprescindible" alcanzar un pacto de Estado entre el Gobierno central y las comunidades aut¨®nomas para asegurar la "viabilidad financiera" de la sanidad p¨²blica regional "a medio y largo plazo". "Este pacto le fue propuesto por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, al presidente del Gobierno [central, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero]. Ahora reiteramos que alcanzar este pacto cuanto antes es fundamental para el futuro de la sanidad p¨²blica", declar¨® Lamela.
Sanidad quiso lanzar un mensaje tranquilizador para los inmigrantes. "La sanidad madrile?a va a atender a todos los residentes en la regi¨®n, sea cual sea su situaci¨®n. Es su derecho, pero hay que abrir urgentemente el debate de c¨®mo va a financiarse su atenci¨®n m¨¦dica", explic¨® un portavoz.
La Consejer¨ªa de Sanidad basa sus reclamaciones en un doble an¨¢lisis. El primero se refiere al presente y al pasado recientes, en los que afirma sufrir un "importante d¨¦ficit" porque recibe menos dinero del que gasta en atender a los pacientes en los hospitales y ambulatorios. El segundo an¨¢lisis se refiere al futuro y a los inmigrantes que llegar¨ªan a la regi¨®n atra¨ªdos por "el efecto llamada que tendr¨¢ el proceso de regulaci¨®n [de extranjeros] que quiere llevar a cabo el Gobierno central", explic¨® Lamela.
El consejero de Sanidad no dispone de datos de la avalancha de inmigrantes que teme, pero s¨ª los ofreci¨® sobre el "d¨¦fict" actual de la sanidad p¨²blica: 835 millones de euros. ?ste es el dinero que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, reclam¨® a Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, presidente del Gobierno central, en la reuni¨®n que ambos mantuvieron el pasado 28 de julio en el palacio de la Moncloa. Lamela reiter¨® esta demanda en el encuentro que mantuvo con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, al d¨ªa siguiente.
Transferencias sanitarias
El Gobierno regional basa sus reclamaciones en tres motivos. El primero es el crecimiento de la poblaci¨®n regional en cerca de medio mill¨®n de personas desde que la Comunidad de Madrid asumi¨® la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica, en enero de 2002. "No es necesario renegociar las transferencias sanitarias [como reclama el secretario general del PSM, Rafael Simancas], pero s¨ª lo es actualizar los datos con los que se calcularon las necesidades financieras de la sanidad madrile?a", explic¨® Lamela.
El segundo agujero econ¨®mico est¨¢ causado por la atenci¨®n m¨¦dica a personas residentes en otras comunidades y que son atendidas en hospitales sufragados por las arcas del Gobierno regional madrile?o.
"Existe un fondo de cohesi¨®n que es el instrumento por el que las comunidades que atienden a personas de otras regiones, como es el caso de Madrid, son compensadas por estos gastos", explic¨® Lamela. "Este fondo es muy insuficiente. Madrid se gasta cada a?o 80 millones de euros en atender a los desplazados, pero s¨®lo recibe 30 millones por este concepto. Es decir, cada a?o acumulamos un d¨¦ficit que supera los 50 millones", a?adi¨® Lamela.
La tercera fuente del d¨¦ficit tiene su origen en la atenci¨®n m¨¦dica a los inmigrantes en situaci¨®n irregular que viven en la regi¨®n. Aunque todos ellos tienen derecho a conseguir su tarjeta sanitaria, muchos no la solicitan y s¨®lo acuden a urgencias cuando lo necesitan. Al no tener tarjeta sanitaria, estos pacientes no constan como poblaci¨®n residente y, por tanto, Sanidad no recibe dinero del Gobierno central por su atenci¨®n m¨¦dica.
Manuel Lamela teme que el d¨¦ficit de la sanidad madrile?a aumente con la regulaci¨®n de los inmigrantes en situaci¨®n irregular que puedan demostrar que llevan dos a?os trabajando en nuestro pa¨ªs. "Esta regularizaci¨®n puede provocar un importante aumento de la poblaci¨®n regional legal y alguien tiene que explicarnos c¨®mo vamos a pagar su atenci¨®n m¨¦dica", inquiri¨® el consejero de Sanidad.
Adem¨¢s, Lamela alert¨® del "efecto llamada" que esta regulaci¨®n puede tener, incrementando a¨²n m¨¢s la llegada de inmigrantes que no podr¨¢n regularizar su situaci¨®n al no llevar dos a?os trabajando en Espa?a. "La regularizaci¨®n propuesta por el Gobierno central es un globo sonda que, si no se hace de forma controlada, atraer¨¢ a m¨¢s inmigrantes a los que tambi¨¦n habr¨¢ que atender. Esto originar¨¢ un coste para el que ahora no tenemos presupuesto", concluy¨® Lamela.
M¨¢s diferencias por las bombas de insulina
Los 835 millones que el Gobierno regional le reclama al central no son el ¨²nico conflicto abierto entre ambos ejecutivos en estos momentos. La ampliaci¨®n de la cartera de servicios ofrecida por la sanidad p¨²blica, como la reciente administraci¨®n de bombas de insulina para diab¨¦ticos o el tratamiento de la cardiopat¨ªa isqu¨¦mica, tambi¨¦n separan a ambos ejecutivos.
El origen de las diferencias est¨¢ en qui¨¦n se hace cargo del coste de los nuevos tratamientos. Para garantizar la igualdad del sistema sanitario en toda Espa?a, las nuevas prestaciones deben ser incluidas en el cat¨¢logo del Sistema Nacional de Salud (SNS) y financiadas por el Ministerio de Sanidad, que dota de los recursos necesarios a las comunidades aut¨®nomas.
El foro habitual donde ministerio y comunidades acuerdan las nuevas prestaciones es el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que participan todos ellos.
Sin embargo, en muchas ocasiones la decisi¨®n en el Consejo Interterritorial se retrasa y algunas comunidades, como Madrid con las bombas de insulina hace un a?o, extienden tratamientos pese a no recibir por ello financiaci¨®n del Gobierno central. Madrid ha reclamado desde entonces que le reembolse este dinero.
El ministerio ofreci¨® recientemente finaciar las bombas de insulina mediante una dotaci¨®n de 10 millones de euros al Fondo de Cohesi¨®n, de los que 1,3 correspond¨ªan a Madrid. La Comunidad rechaz¨® esta soluci¨®n.
"No la pod¨ªamos aceptar por muchas razones. En primer lugar porque el Fondo de Cohesi¨®n sirve para el pago de la asistencia m¨¦dica a los desplazados y no para financiar el cat¨¢logo de nuevas prestaciones", explic¨® un portavoz de la Consejer¨ªa de Sanidad.
"?sta es una decisi¨®n que debe tomarse en el Consejo Interterritorial, incorporarse al cat¨¢logo de prestaciones del SNS y ser aprobada por real decreto. Lo que el Gobierno central quer¨ªa era aprobar la medida por una simple orden ministerial y sin los recursos econ¨®micos suficientes".
La consejer¨ªa ha enviado recientemente al ministerio su propuesta de real decreto, pero mientras ¨¦ste no se apruebe en el Consejo Interterritorial, el Gobierno regional seguir¨¢ financiando las bombas de insulina con cargo a sus arcas
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