El Gobierno de Maragall anula dos duopolios que CiU prorrog¨® hasta 2014

El consejero de Industria de la Generalitat de Catalu?a, el socialista Josep Maria Ra?¨¦, inform¨® ayer al Gobierno catal¨¢n de su decisi¨®n de anular las pr¨®rrogas de dos duopolios decretadas por el Gobierno de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU) justo antes de abandonar el poder. Dos meses antes de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, el Gobierno nacionalista ampli¨® hasta 2014 las concesiones para la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV) y la inspecci¨®n y control industrial (EIC), que no venc¨ªan hasta 2006. La facturaci¨®n conjunta de ambos servicios fue en 2003 de 67,2 millones de euros, seg¨²n datos de la Generalitat.

Ante las "dudas jur¨ªdicas" sobre la pr¨®rroga se?aladas ayer por Ra?¨¦, el portavoz del Gobierno catal¨¢n, Joaquim Nadal, subray¨® que la medida era necesaria en aras de la transparencia: "Queremos la m¨¢xima transparencia para evitar cualquier sombra de duda".

En septiembre de 2003, cuando se prorrogaron ambos duopolios, el Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) explicaron la decisi¨®n por el deseo de CiU de "blindar" a determinadas empresas ante su eventual derrota electoral. El portavoz parlamentario de ICV, Joan Boada, que hab¨ªa acudido a los tribunales para impedir la pr¨®rroga, insist¨ªa ayer en que la decisi¨®n del Gobierno de izquierdas supone un rev¨¦s "al amiguismo entre CiU y determinados poderes econ¨®micos".

Recursos de los afectados

Las concesiones sobre ITV se las reparten Applus+ (del grupo Agbar) y RVSA, mientras que las empresas concesionarias de inspecci¨®n industrial son ICICT y ECA. Las empresas afectadas estudian ahora la posibilidad de acudir a los tribunales. Applus+ anunci¨® ayer que emprender¨¢ acciones legales y RVSA se limit¨® a considerar que la decisi¨®n "es injusta y crea inseguridad jur¨ªdica". Ambas firmas aseguraron haber comprometido inversiones como consecuencia de la pr¨®rroga, aunque eludieron detallarlas.

La decisi¨®n del Gobierno catal¨¢n anula la pr¨®rroga, pero mantiene las respectivas concesiones hasta 2006. Ra?¨¦, que esgrimi¨® tres informes jur¨ªdicos para justificar la anulaci¨®n de la pr¨®rroga, rechaz¨® la posibilidad de indemnizar a las cuatro empresas afectadas, pero se mostr¨® abierto a recalcular el canon acordado tras la pr¨®rroga para 2004.

El Gobierno catal¨¢n subray¨® que las cuatro empresas estaban realizando bien su trabajo y se comprometi¨® a abrir un debate sobre el modelo que guiar¨¢ la prestaci¨®n de ambos servicios a partir de 2006, pero apunt¨® ya cuatro criterios: m¨¢xima calidad para garantizar la seguridad, "control efectivo" por parte de la Generalitat -sin descartar el r¨¦gimen de autorizaci¨®n ni las empresas con participaci¨®n p¨²blica-, implantaci¨®n que cubra todas las comarcas de Catalu?a y "precios ajustados".

Antoni Fern¨¢ndez Teixid¨®, el consejero de CiU que firm¨® la pr¨®rroga, defendi¨® su decisi¨®n para "proteger el modelo de concesi¨®n" y subray¨® el rigor jur¨ªdico de la misma.