Retos judiciales
La pol¨ªtica judicial del Gobierno se hizo presente ayer en la solemne apertura de los tribunales a trav¨¦s de una iniciativa parlamentaria presentada conjuntamente por PSOE, ERC e IU, que pretende que los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia respondan a una mayor¨ªa cualificada de vocales del Consejo del Poder Judicial -13 de 21-, que supere la l¨ªnea divisoria entre vocales afines al PP o al PSOE.
La iniciativa responde a un antecedente muy concreto: el virtual copo, en julio pasado, por los candidatos del sector conservador de las plazas vacantes en diversos tribunales de justicia. Pero tiene una l¨®gica institucional intachable: que los nombramientos estrictamente judiciales respondan a la composici¨®n plural del Consejo -no s¨®lo a la mayor¨ªa aritm¨¦tica- y tengan en cuenta, por tanto, el equilibrio entre mayor¨ªas y minor¨ªas en la proporcionalidad adecuada.
Al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Francisco Jos¨¦ Hernando, le inquieta m¨¢s bien que una eventual reforma del recurso de casaci¨®n, vinculada a un mayor protagonismo de los Tribunales Superiores de Justicia como segunda instancia penal e incluso casacional en sus respectivas autonom¨ªas, cuestione "la posici¨®n de unicidad y superioridad efectiva" en el Estado del tribunal que preside. Tambi¨¦n al nuevo fiscal del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, le preocupa que la anunciada reforma del proceso penal, que atribuir¨ªa al ministerio fiscal las tareas de investigaci¨®n del delito, se ponga en marcha sin una previa "reorganizaci¨®n y modernizaci¨®n" de la instituci¨®n que dirige.
En el caso de Hernando su inquietud es exagerada. El Supremo viene asumiendo tareas de las que puede desprenderse y los Tribunales Superiores de Justicia pueden asumir otras sin que la organizaci¨®n judicial del Estado desborde el marco constitucional. M¨¢s sentido tiene la desaz¨®n del fiscal del Estado sobre la reforma del proceso penal. Los Gobiernos suelen acometer sus reformas legales sin una previa asignaci¨®n de recursos, presupuestarios o de otro tipo. No s¨®lo la eventual reforma del proceso penal; el resto de reformas en el ¨¢mbito de la justicia deber¨ªan contemplar los medios necesarios para llevarlas a efecto. Se trata de que no se queden en meros gestos propagand¨ªsticos y que sirvan realmente a la mejora de la justicia.
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