PP, CiU y PNV piden que las condenas no distingan entre sexos

Casi todo el arco parlamentario, con la excepci¨®n del PSOE, solicitar¨¢ la supresi¨®n del proyecto de Ley Integral contra la Violencia de G¨¦nero de delitos espec¨ªficos de maltrato en funci¨®n del sexo de los sujetos activos y pasivos, a trav¨¦s de las enmiendas parciales al texto, cuyo plazo de presentaci¨®n conclu¨ªa ayer.

Los grupos parlamentarios han planteado m¨¢s de 400 enmiendas de adici¨®n, modificaci¨®n y supresi¨®n, que abarcan desde aspectos educativos para prevenir este tipo de violencia hasta el papel de los medios de comunicaci¨®n en la difusi¨®n de los valores de igualdad entre hombres y mujeres.

El PP es el partido al que corresponde mayor n¨²mero de enmiendas, 101. Sus dos principales modificaciones piden que la ley recoja expresamente a los menores como v¨ªctimas directas de este maltrato y que se agraven las penas sin distinguir el sexo del sujeto activo o pasivo. PNV y CiU tambi¨¦n recogen en sus enmiendas que no se haga distinci¨®n de sexo a la hora de condenar al agresor, aunque con matices distintos.

Protecci¨®n a los menores. La inclusi¨®n de los menores como objetos directos de protecci¨®n, y no s¨®lo como v¨ªctimas indirectas de la violencia contra la mujer. Ana Torme, portavoz adjunta del Grupo parlamentario popular y Susana Camarero, portavoz en la Comisi¨®n Mixta de la Mujer consideraron "una de las omisiones m¨¢s flagrantes" del anteproyecto socialista no tener presente que los ni?os pueden llegar a ser v¨ªctimas inmediatas de maltrato.

Agravar las penas. El prop¨®sito de agravar las penas a todos los supuestos de violencia de g¨¦nero sin distinci¨®n de sexo. Las representantes populares calificaron el anteproyecto socialista de "sumamente gen¨¦rico", "impreciso" y "carente de medidas". Pero descartaron la enmienda a la totalidad y optaron por blindar el proyecto con un centenar de propuestas. "En la lucha contra la violencia de g¨¦nero cualquier paso que se d¨¦", afirmaron, "merece ser respaldado".

Plan de seguridad. Las representantes populares hicieron hincapi¨¦ en que en el maltrato dom¨¦stico se produce una espiral que se inicia "con amenazas leves y concluye con un asesinato". Para atajar este "crecimiento del riesgo", los populares proponen un Plan de seguridad personal coordinado por las Fuerzas y cuerpos de Seguridad. Las v¨ªctimas contar¨¢n como interlocutor con un agente de seguridad personal que evaluar¨¢ su nivel de riesgo:

Primer nivel de riesgo. En un primer nivel se pondr¨¢ a su disposici¨®n medios electr¨®nicos de seguimiento y alarma.

Riesgo elevado. Servicio de vigilancia intermitente del domicilio de la v¨ªctima y de su su lugar de trabajo.

Riesgo especial. Protecci¨®n policial permanente de la v¨ªctima, de los menores a su cargo y de sus ascendientes.

Este plan de evaluaci¨®n de riesgos de la v¨ªctima, deber¨¢ ser aprobado y elaborado en el plazo m¨¢ximo de diez d¨ªas.

- CiU. Ha presentado 55 enmiendas y, ante la pol¨¦mica tipificaci¨®n de las conductas apuesta por fijar una agravante gen¨¦rica en el C¨®digo Pena, de modo que se impongan penas m¨¢s altas cuando el agresor tenga motivos "sexistas" o persiga "el sometimiento o la dominaci¨®n".

- PNV. Ha presentado 55 enmiendas y tambi¨¦n rechaza la diferente tipificaci¨®n penal cuando el autor del delito sea un hombre y la v¨ªctima una mujer con el fin de no violar la Constituci¨®n y apuesta por una agravante gen¨¦rica relacionada con el "abuso de superioridad" o con el deseo de crear un clima de terror y someter y humillar ala persona agraviada". Tampoco est¨¢ de acuerdo este grupo con que coacciones y amenazas leves pasen a ser delitos puesto que, dice, "la elevaci¨®n de la respuesta penal no se traduce en evitaci¨®n de las conductas y lo excesivo del castigo conduce a absoluciones", y respecto a los juzgados de violencia de g¨¦nero propone que abarquen tanto los casos de las mujeres v¨ªctimas como los de sus hijos.