Efem¨¦ride penitenciaria
El 26 de septiembre se cumplieron los 25 a?os de la Ley General Penitenciaria, primera ley org¨¢nica de la democracia, y la ¨²nica aprobada por unanimidad en tan largo periodo legislativo.
La ley desarrollaba el mandato que el art¨ªculo 25 de la Constituci¨®n daba a las instituciones penitenciarias, y ¨¦stas asum¨ªan "como fin primordial la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social de las sentencias y medidas penales privativas de libertad". "Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda a internos y liberados".
Tan buenos inicios no han propiciado id¨¦nticos finales, la instituci¨®n ha estado al albur de los pol¨ªticos designados para dirigirla, ha sufrido un desarrollo reglamentario muy desigual en 1981 y 1996, hemos soportado a duras penas, y valga la redundancia, las reformas del C¨®digo Penal, y de 45.198 internos a finalizar el a?o1995 hemos pasado a 58.270 en 2004, sin que los recursos presupuestarios hayan crecido al mismo ritmo.
Los Gobiernos auton¨®micos, creados para acercar la Administraci¨®n al ciudadano, no han querido asumir, excepto Catalu?a, la competencia administrativa en la ejecuci¨®n de penas.
Nos han adscrito desde el Ministerio de Justicia, administraci¨®n que hist¨®ricamente nos ha acogido, al de Interior, para convertirnos en una herramienta policial, que adem¨¢s resulta poco eficaz.
Las c¨¢rceles espa?olas siguen siendo las sentinas de una sociedad poco habituada a reconocer sus propias miserias e intentar superarlas con justicia y equidad.
Supongo que la efem¨¦ride se celebrar¨ªa con el boato y la representaci¨®n que la ocasi¨®n merece, pero no podr¨¢ ocultar la realidad de un servicio p¨²blico, el penitenciario, que no da votos en las elecciones y por lo tanto no ha tenido en estos 25 a?os la atenci¨®n administrativa que merec¨ªa.
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