El PSOE apuesta por legalizar las viviendas rurales en suelo no urbanizable en La Axarqu¨ªa

La imputaci¨®n del alcalde de La Vi?uela, el socialista Juan Mill¨¢n, por permitir la construcci¨®n de viviendas en suelo no urbanizable ha reavivado el debate sobre el futuro de miles de casas rurales diseminadas en la comarca de La Axarqu¨ªa que son muy codiciadas por los inversores pero que seg¨²n la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa no pueden tener m¨¢s uso que agrario o ganadero y en ning¨²n caso residencial. El PSOE apuesta por la legalizaci¨®n de estas viviendas pues entiende que de su puesta en valor depende el desarrollo econ¨®mico de la comarca.

El secretario de Pol¨ªtica Municipal del PSOE de M¨¢laga, Luis Reina, consider¨® ayer que, al margen de lo que establezca la ley, es necesario buscar f¨®rmulas que permitan la legalizaci¨®n de las viviendas ya construidas, y argument¨®: "No podemos condenar La Axarqu¨ªa a que sea un parque tem¨¢tico de la ciudad, donde va la gente los d¨ªas de fiesta a visitar parajes y pueblos pintorescos".

De momento, el PSOE muestra su apoyo a la actuaci¨®n del alcalde de La Vi?uela, a quien la Fiscal¨ªa imputa un presunto delito contra la ordenaci¨®n del territorio, aunque condicionado a que se esclarezca el caso y que Mill¨¢n de las oportunas explicaciones sobre su actuaci¨®n. "Ni podemos amparar ilegalidades, ni tampoco dejar al alcalde en la estacada, necesitamos m¨¢s informaci¨®n para analizar detenidamente el caso", reconoci¨® ayer un dirigente socialista malague?o.

Los alcaldes de La Axarqu¨ªa quieren una modificaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa, que impide la construcci¨®n de viviendas r¨²sticas diseminadas para uso residencial, o que la comarca reciba un tratamiento especial. En La Axarqu¨ªa proliferan este tipo de construcciones que en su d¨ªa estuvieron vinculadas a la actividad agr¨ªcola. En los ¨²ltimos a?os se ha puesto de moda la adquisici¨®n de estas viviendas, bien para rehabilitarlas o de nueva construcci¨®n, para residencia, especialmente entre inversores extranjeros.

Hace un a?o, 28 alcaldes de la comarca, la mayor¨ªa de ellos socialistas, enviaron un documento a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas en el que rechazan el documento previo del plan de ordenaci¨®n subregional de la zona, seg¨²n el cual s¨®lo se podr¨¢ construir en parcelas con una superficie m¨ªnima de 25.000 metros cuadrados y nunca para uso residencial.

El PSOE de M¨¢laga terci¨® en la pol¨¦mica y, con el respaldo del PP, aprob¨® una moci¨®n en la Diputaci¨®n en la que se insta a la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas a redactar un reglamento de desarrollo de la ley que permita en algunos casos y bajo determinadas condiciones el uso residencial. El problema es que muchas de las viviendas diseminadas carecen de la infraestructura adecuada de saneamiento, luz, acceso o abastecimiento de agua.

Entretanto, la Junta mantiene la aplicaci¨®n de la Ley de Ordenaci¨®n Urban¨ªstica de Andaluc¨ªa, lo que en ocasiones ha levantado las iras de alcaldes y empresarios de la zona. Seg¨²n la Asociaci¨®n de Constructores y Promotores de M¨¢laga, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas ha decretado en los ¨²ltimos meses ¨®rdenes de paralizaci¨®n que afectan a unas 500 obras de construcci¨®n y reforma de este tipo de construcciones. El presidente de esta organizaci¨®n, Jos¨¦ Prado, ha lamentado los perjuicios econ¨®micos que estas paralizaciones pueden tener para la comarca porque se ahuyenta a los inversores.

Los constructores entienden que no debe haber freno a la rehabilitaci¨®n de cortijos o casas abandonadas o en ruina, y que, en todo caso, los propios ayuntamientos se encarguen de exigir a los compradores de las viviendas diseminadas que las doten de los equipamientos necesarios.