El Estado y la restituci¨®n, hoy

El pasado septiembre, en su d¨¦cimo d¨ªa para ser exactos, el Consejo de Ministros aprob¨® un Real Decreto por el que constitu¨ªa una comisi¨®n interministerial con la misi¨®n de "regular las medidas que resulten precisas para lograr la completa rehabilitaci¨®n moral y jur¨ªdica de los afectados por la represi¨®n franquista". La decisi¨®n del Gobierno indica que tras largos a?os de inhibici¨®n, de ausencia del Estado en la materia, algo comienza a moverse, y aunque s¨®lo sea por eso la noticia resulta alentadora.

Sin embargo, la finalidad de la comisi¨®n, en su bondad reparadora, sugiere tambi¨¦n un futuro inquietante seg¨²n se mire y se lea.

Inquietante porque la rehabilitaci¨®n (restablecer a la persona al estado anterior al da?o sufrido) no es posible. S¨®lo es posible jur¨ªdicamente, y si la tendencia es revisar los sumarios y sentencias de los consejos de guerra celebrados durante el franquismo, como ha reclamado hace pocos d¨ªas un diputado del Partit dels Socialistes (PSC) al Congreso, el resultado ser¨¢ tan absurdo como da?ino, pues la simple revisi¨®n de un sumario o una sentencia supone reconocer la legalidad de la sublevaci¨®n militar y sus tribunales, y purgar expedientes u otros documentos del vocabulario humillante y agresivo propio del franquismo, no har¨ªa m¨¢s que borrar de la historia pruebas necesarias para transmitir la realidad de la dictadura, el trato que dio a su oponentes y de qu¨¦ modo su bajura moral construy¨® la imagen del enemigo. Parece que ese diputado no tuvo en cuenta la proposici¨®n no de ley que su propio grupo present¨® y aprob¨® en el Parlament de Catalunya, junto a Iniciativa Verds (ICV) y Esquerra Republicana (ERC): "Instar al Gobierno de la Generalitat a trasladar al Gobierno del Estado la necesidad de que se adopten las medidas necesarias encaminadas a decretar la nulidad de todos los juicios y subsiguientes sentencias dictadas al amparo de la Instrucci¨®n de la Causa General y del Tribunal de Honor y jurisdicciones antimas¨®nicas y anticomunistas, y se declare ileg¨ªtimo el car¨¢cter de aquellos Tribunales y de las normas en que se amparaban" (BOPC 3-5-2004).

Ya veremos qu¨¦ suceder¨¢, pero el momento es crucial puesto que va a decidirse si comienza por fin una gesti¨®n de la memoria democr¨¢tica en este pa¨ªs, al igual que en otros de la Uni¨®n Europea azotados por el fascismo, o si por el contrario proseguiremos como en los ¨²ltimos 27 a?os.

Disponemos de un Ejecutivo que, por primera vez desde 1977, ha detenido su mirada sobre los a?os de la dictadura y las muescas dejadas en las gentes que decidieron no consentir y oponerse a ella "por defender unos valores que hoy disfrutamos como sociedad democr¨¢tica", seg¨²n palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega. Bien, a partir de ah¨ª el Ejecutivo tiene dos opciones.

La primera consiste en circunscribir la acci¨®n gubernamental a la piedad, conmiseraci¨®n, promover actos de reconocimiento y esparcir dinero y aliento a iniciativas privadas variadas. Esa ha sido, por ejemplo, la tendencia que siguieron los distintos gobiernos de Converg¨¨ncia i Uni¨® (CiU); tuvo sus cosas buenas, por supuesto. Pero cre¨® marasmo, dispersi¨®n y niebla sobre lo ¨²nico que resulta hist¨®ricamente relevante: el reconocimiento de los valores ¨¦ticos y pol¨ªticos del antifranquismo, pues al fin y al cabo eso es lo ¨²nico que quedar¨¢ cuando haya desaparecido el ¨²ltimo resistente, se haya celebrado el ¨²ltimo homenaje y sacado el ¨²ltimo hueso de la ¨²ltima fosa. Eso es lo realmente universal de su pasado y a lo que el Estado democr¨¢tico debe ofrecer un futuro.

La segunda opci¨®n consiste en creerse de verdad las citadas palabras de Fern¨¢ndez de la Vega, y comenzar lo que puede ser el proyecto pol¨ªtico cultural de la izquierda en esta legislatura: convertir la memoria democr¨¢tica, la memoria del antifranquismo, en patrimonio cultural nacional. Esa parece ser que es la opci¨®n tomada en Catalu?a: comenzar la gesti¨®n de la memoria democr¨¢tica a trav¨¦s de institucionalizar los valores de la resistencia en un memorial democr¨¢tico, una instituci¨®n de la Generalitat que con su presencia y actividad conmemora el antifranquismo, y por tanto la tradici¨®n pol¨ªtica y cultural que ha cimentado nuestra democracia, la Constituci¨®n y el Estatut. Sin embargo, en los pr¨®ximos meses veremos qu¨¦ sucede exactamente, si el proyecto institucional resulta definitivamente asumido y activado por el Gobierno tripartito o si ¨¦ste aprueba tan s¨®lo una ley de reconocimiento pol¨ªtico y moral que avale el desarrollo de un programa de actividades diversas, pero sin el instrumento institucional necesario, el memorial, para hacer eficaz la ley y sus objetivos. Ya veremos.

En cualquier caso, la comisi¨®n interministerial deber¨ªa ser fiel a las palabras de la vicepresidenta primera, y ello requiere cuatro escenarios de actuaci¨®n por parte del Ejecutivo: a) Garantizar el acceso al conocimiento de lo sucedido. b) Dar apoyo econ¨®mico y log¨ªstico a las instituciones memoriales que se constituyan en las distintas comunidades aut¨®nomas y lo precisen. c) Actuar de inmediato en el ¨²nico espacio emblem¨¢tico que le es propio, el Valle de los Ca¨ªdos, y olvidarse de Montju?c, un verdadero l¨ªo. d) Decapitar el tramado legislativo franquista decretando la nulidad de los consejos de de guerra: no se trata de inventar nada nuevo; al fin y al cabo, as¨ª actu¨® el Gobierno democristiano alem¨¢n cuando aprob¨® la Ley de Derogaci¨®n de los Dict¨¢menes Jur¨ªdicos Injustos del Nacionalsocialismo.

En fin, los pr¨®ximos meses dir¨¢n si el Gobierno opta por las palabras emotivas y hermosas y se limita a ellas, o si emprende una pol¨ªtica de Estado que ponga orden a la dispersi¨®n y el desconcierto actual, que impida que ese asunto sea usado como arma arrojadiza por m¨¢s de un insensato, y que cuente al ciudadano y al mundo c¨®mo y en qu¨¦ modo los fundamentos de nuestra democracia se hallan en la ¨¦tica de quienes defendieron sus principios en tiempos sombr¨ªos.

Ricard Vinyes es historiador.