El TVCP denuncia irregularidades en la gesti¨®n del Centro Superior de M¨²sica

Musikene, el Centro Superior de M¨²sica puesto en marcha por el Gobierno en 2001, incumpli¨® la legalidad en actuaciones que ata?en tanto a la contrataci¨®n de su personal, como a la adquisici¨®n de bienes y servicios. Tambi¨¦n infringi¨® la normativa aplicable a las fundaciones, retribuy¨® inadecuadamente en especies a empleados y no aplic¨® las retenciones fiscales establecidas, seg¨²n el informe emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas P¨²blicas (TVCP) sobre la gesti¨®n de la Fundaci¨®n privada responsable de su creaci¨®n y gesti¨®n a partir de noviembre de 2001.

Adem¨¢s, el centro funcion¨® un a?o entero sin autorizaci¨®n de apertura. Los votos particulares de tres consejeros del Tribunal de Cuentas elevan la responsabilidad al Gobierno, al que acusan de "fraude de ley" y conculcaci¨®n "generalizada" de la legalidad por constituir el centro como fundaci¨®n privada, cuando es notorio al car¨¢cter p¨²blico de la misma, a cuyo frente est¨¢ la propia consejera de Educaci¨®n.

Los incumplimientos de la legalidad de Musikene, que funciona provisionalmente en el palacio Miramar de San Sebasti¨¢n mientras se construye su sede definitiva en la capital donostiarra, ata?en tanto a la contrataci¨®n de su personal, como a la adquisici¨®n de bienes y servicios para su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas se muestra dividido de nuevo, como ocurri¨® con el informe sobre el Ayuntamiento de Urnieta enviado al Parlamento el pasado viernes. El documento contiene dos votos particulares que endurecen a¨²n m¨¢s el diagn¨®stico y consideran, incluso, que fue el propio Gobierno quien infringi¨® directamente la ley. Primero, al utilizar la forma jur¨ªdica de una fundaci¨®n para crear el Centro Superior de M¨²sica y al ser reconocido como centro privado por el Departamento de Educaci¨®n, cuando 11 de los 17 integrantes de su patronato prestan servicios en la Administraci¨®n educativa y dicho ¨®rgano est¨¢ presidido por la propia consejera de Educaci¨®n. Ello conculcar¨ªa la Ley Org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n, que prohibe ser titulares de centros privados de ense?anza a "las personas jur¨ªdicas en las que desempe?en cargos rectores personas f¨ªsicas que presten servicios en la administraci¨®n educativa".

Este voto particular, suscrito por los consejeros Rafael Iturriaga y Bego?a L¨®pez Errasti, designados a propuesta del PSE-EE, concluye que el informe deber¨ªa haber concluido que "el Gobierno vasco ha incumplido de modo generalizado la vigente legislaci¨®n aplicable al proceso de creaci¨®n del Centro Superior de M¨²sica del Pa¨ªs Vasco [se cita, en concreto, la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del Pa¨ªs Vasco y la referida Ley org¨¢nica del Derecho a la Educaci¨®n]". La Fundaci¨®n privada creada al efecto habr¨ªa infringido tambi¨¦n, "con car¨¢cter general, la normativa legal que regula su actividad".

El otro voto particular, suscrito por el consejero Gonzalo Vera-Fajardo (PP), a?ade que al usar la figura de la fundaci¨®n privada, en aras a una pretendida mayor eficacia, lo que el Gobierno hace en realidad es eludir "los controles e intervenciones que impone la legislaci¨®n administrativa". Este consejero estima que la Administraci¨®n ya est¨¢ dotada de los medios e instrumentos para desarrollar con eficacia sus competencias, "sin necesidad de apropiarse de una instituci¨®n jur¨ªdica t¨ªpica y propia de la sociedad civil", y concluye que el Ejecutivo incurri¨® en "fraude de ley".

Premuras

En sus alegaciones al informe, el Gobierno asegura que en el contexto en el que la fundaci¨®n tuvo que afrontar la puesta en marcha del centro era "del todo punto inasumible" elegir al personal mediante un proceso selectivo p¨²blico y abierto, en el que se tuvieran en cuenta los principios de igualdad, m¨¦rito y capacidad. El contexto al que apela el Gobierno se refiere a que dos meses antes de comenzar el curso (en noviembre de 2001), Musikene s¨®lo contaba con un coordinador y un director gerente. El hecho de eludir el concurso no significa, seg¨²n el Gobierno, que las personas que han ocupado las plazas "no respondan objetivamente al perfil adecuado a los puestos a cubrir". Sobre el proceso de adquisici¨®n de mobiliario y otros bienes, el Ejecutivo alega tambi¨¦n la premura de tiempo, con el curso a punto de empezar, para saltarse el principio de publicidad. "Se invit¨® a que las empresas m¨¢s representativas presupuestaran los bienes requieridos", se?ala.