El sector conservador del Poder Judicial estudia plantear un conflicto constitucional

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprob¨® ayer por 11 votos a favor, 8 en contra y una abstenci¨®n el informe contrario al anteproyecto gubernamental que exige que los magistrados de la c¨²pula judicial se designen por al menos 13 de los 21 miembros del Consejo. La mayor¨ªa conservadora lleg¨® a barajar internamente la presentaci¨®n de un conflicto constitucional contra el Parlamento cuando la ley sea publicada. La minor¨ªa aval¨® la reforma en un voto particular en el que recuerda a los conservadores que no se opusieron a las modificaciones del PP.

Votaron a favor del informe elaborado por el vocal conservador Javier Laorden los 10 vocales propuestos por el PP y el presidente, Francisco Hernando. En contra se pronunciaron los seis consejeros propuestos por el PSOE y los dos propuestos respectivamente por IU y CiU. Se abstuvo Agust¨ªn Azparren, vocal designado por consenso entre el PP y el PSOE.

Al t¨¦rmino del Pleno del Consejo, su portavoz, Enrique L¨®pez, vocal propuesto por el PP, manifest¨® que "se ha barajado la posibilidad de entablar un conflicto entre ¨®rganos constitucionales". L¨®pez reconoci¨® que se trataba s¨®lo de una posibilidad, pero que habr¨ªa que aguardar a que la ley estuviera en vigor. Luis Aguiar, propuesto por el PSOE, asegur¨® que el Pleno no se ocup¨® de esa hip¨®tesis y que s¨®lo la hab¨ªa o¨ªdo en ese momento. L¨®pez precis¨® a preguntas de este peri¨®dico que se hab¨ªa barajado internamente entre los vocales propuestos por el PP, pero que a¨²n quedaba mucho tiempo para estudiarlo.

El portavoz indic¨® que, en su caso, ser¨ªa del CGPJ contra el Parlamento como el entablado en 1985 a ra¨ªz de que el Gobierno socialista introdujese en la ley org¨¢nica del Poder Judicial la elecci¨®n parlamentaria de los 12 vocales del Consejo que hasta entonces eleg¨ªan los propios jueces. El Tribunal Constitucional fall¨® a favor de la constitucionalidad de la ley.

El informe auspiciado por la mayor¨ªa conservadora del CGPJ estima que la exigencia de mayor¨ªa cualificada es adecuada para la composici¨®n de determinados ¨®rganos constitucionales, como expresi¨®n del pluralismo social. Sin embargo, a¨²n cuando reconoce "la amplia potestad de configuraci¨®n normativa que la Constituci¨®n reconoce al Poder Legislativo en la regulaci¨®n de las funciones de gobierno del CGPJ", el informe argumenta que, una vez constituido el Consejo, "carece de sentido que la formaci¨®n de la voluntad del ¨®rgano (...) se someta (...) a un r¨¦gimen de mayor¨ªas cualificadas para el desempe?o de sus atribuciones ordinarias, concernientes a la pol¨ªtica de nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial".

La mayor¨ªa conservadora advierte que un "consenso obligatorio o forzado" puede desencadenar "severas disfunciones en el ejercicio de las potestades propias del Pleno" e incluso favorecer "la formaci¨®n de minor¨ªas de bloqueo que, de optar por una proyecci¨®n sectaria o irreductible de sus posiciones, puede llegar a perturbar gravemente el desenvolvimiento normal del ¨®rgano".

El informe niega que la reforma legislativa favorezca la independencia judicial y acusa a la iniciativa gubernamental de arrojar "la sombra de la duda" sobre el CGPJ, por lo que "es un ¨®rgano herido de muerte".

La mayor¨ªa del CGPJ niega capacidad al poder legislativo para esta reforma, por considerar que se tratar¨ªa de una "intempestiva intromisi¨®n en el ¨¢mbito de ejercicio ordinario de las funciones del actual Consejo, al modificar de manera sobrevenida (...) el sistema de toma de decisiones, con alteraci¨®n del equilibrio de fuerzas que el mismo Poder Legislativo hab¨ªa establecido".

En igual l¨ªnea, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, inform¨® ayer que, con toda probabilidad, su grupo presentar¨¢ recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del sistema de elecci¨®n de algunos magistrados por parte del CGPJ.

En cambio, el voto particular elaborado por Luis Aguiar, uno de los vocales propuestos por el PSOE, critica la argumentaci¨®n jur¨ªdica "extraordinarimente d¨¦bil" del informe, que concluye, dice, con "una vaga imputaci¨®n de inconstitucionalidad", para la que recuerda que no es de su competencia.

La minor¨ªa invoca la amplia potestad que la Constituci¨®n otorga al legislador en relaci¨®n con las funciones del Consejo, como reconoce la propia mayor¨ªa, y recuerda a los conservadores que cuando en 2003 el PP modific¨® el n¨²mero de vocales necesarios para constituir el Pleno o el sistema de nombramiento de los presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional no efectuaron "imputaciones de inconstitucionalidad respecto a dicha reforma".