Abogados de Orihuela estudian recusar a los jueces por el caso del aparcamiento

Un grupo de abogados, encabezados por el letrado Aitor Canales, estudia la recusaci¨®n de los jueces de Orihuela en aquellas causas en las que est¨¦ implicado, como querellado o querellante, el Partido Popular, formaci¨®n que gobierna con mayor¨ªa absoluta el Ayuntamiento. La decisi¨®n de los letrados se produce tras conocerse la iniciativa del Consistorio oriolano de costear ocho plazas en un aparcamiento privado para uso exclusivo de los juzgados de ese partido judicial. El Ayuntamiento, mediante decretos de la alcald¨ªa, paga desde abril de 2002 las ocho plazas en el aparcamiento privado Entrepuentes, en el centro de la ciudad, a unos 200 metros de los juzgados. Desde esa fecha, el servicio ha supuesto un desembolso de unos 40.000 euros a las arcas municipales.

Los letrados aseguran que se vulnera el principio constitucional de la imparcialidad

"Hay que ser prudentes, aunque la cuesti¨®n recogida en la prensa es grave porque relaciona de manera directa a la Administraci¨®n ejecutiva con la judicial", afirma Canales. "Todas las causas del partido judicial en las que el PP est¨¦ implicado como querellado o querellante pueden ser objeto de recusaci¨®n, porque la Constituci¨®n consagra el principio jur¨ªdico de la imparcialidad, e incompatibilidad de funcionarios, jueces y fiscales". El letrado considera que ese principio constitucional, y en concreto el art¨ªculo 103, se vulnera con la iniciativa del PP de Orihuela de abonar el aparcamiento a los magistrados sin tener obligaci¨®n legal de asumir el mantenimiento de ese servicio.

Este colectivo de abogados se plantea como prioridad la recusaci¨®n de un magistrado, el titular del juzgado n¨²mero 4 de Orihuela, que instruye la denuncia por la supuesta construcci¨®n ilegal de un campo de golf en los Altos de Algorfa. "En ese caso, adem¨¢s de derechos particulares, tambi¨¦n se afectan derechos p¨²blicos, como los recursos h¨ªdricos y la ordenaci¨®n del territorio", argumenta el letrado. La recusaci¨®n puede tener cabida legal porque los juzgados de Orihuela tienen la competencia judicial sobre los municipios vecinos de Algorfa, Almorad¨ª -donde su ubica el campo de golf- y sobre el resto de ayuntamientos de la Vega Baja.

El proyecto del campo de golf de los Altos de Algorfa lo promueve el constructor Antonio Pedrera. Este empresario es socio del tambi¨¦n promotor Domingo Alcocer, propietario del aparcamiento Entrepuentes. Ambos coinciden en el consejo de administraci¨®n de la televisi¨®n local, Canal 34, pr¨®xima a las tesis del Partido Popular. Aparte del constructor, en las diligencias est¨¢n imputados el alcalde de Algorfa, Antonio Lorenzo, del PP, y el abogado y urbanista Rafael Mart¨ªnez Campillo.

La iniciativa de pagar el aparcamiento de los jueces de Orihuela que el alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, justifica en "motivos de seguridad", tambi¨¦n ha sido cuestionada por el Grupo Socialista municipal. Su portavoz, Francisco Garc¨ªa Ortu?o, considera que los magistrados deber¨ªan de haberse abstenido en las casos en los que est¨¦ implicado el PP. El PSPV ha traslado el asunto a la Fiscal¨ªa General del Estado.