La Junta da un giro a su pol¨ªtica de salud mental 20 a?os despu¨¦s de iniciar la reforma psiqui¨¢trica

20 a?os despu¨¦s de iniciar la reforma psiqui¨¢trica, con el cierre de los ocho manicomios provinciales, la Consejer¨ªa de Salud anunci¨® ayer que la Administraci¨®n p¨²blica introducir¨¢ "mecanismos correctores" para abordar la atenci¨®n de los enfermos mentales y sus familias. La consejera de Salud, Mar¨ªa Jes¨²s Montero, neg¨® que estas nuevas medidas impliquen un reconocimiento de la que la reforma psqui¨¢trica en Andaluc¨ªa ha fracasado. Seg¨²n datos de la Junta, se estima que los transtornos mentales pueden afectar a un 25% de la poblaci¨®n general.

El Consejo de Gobierno aprob¨® ayer una declaraci¨®n institucional para designar 2005 A?o Andaluz de la Salud Mental, un hecho que la Junta aprovechar¨¢ para aprobar un decreto para dar un impulso a los programas, medios e infraestructuras de los equipos para adecuar los programas de atenci¨®n en este campo a las necesidades de los pacientes y sus familiares.

La reforma psiqui¨¢trica en Andaluc¨ªa, desde que en 1984 se decidi¨® cerrar los manicomios, supuso un avance importante en su momento, seg¨²n admiten los profesionales y la Federaci¨®n Andaluza para la Integraci¨®n Social del Enfermo Mental (Faisem), pero "no ha podido alcanzar el objetivo pretendido de sustituir, progresivamente, esa red de macrocentros de internamientos por otra alternativa de peque?os centros y servicios diferenciados y situados en la comundidad", afirmaba el informe elaborado por el Defensor del Pueblo Andalz, Jos¨¦ Chamizo, en 2001.

Chamizo daba un fuerte toque de atenci¨®n y denunciaba las situaciones de "desasistencia cuyas consecuencias han reca¨ªdo sobre los propios enfermos".

La consejera de Salud afirm¨® ayer en conferencia de prensa que el objetivo del nuevo impulso al tratamiento de los enfermos mentales tiene como objetivo compatibilizar la vida laboral y familiar, ya que "las administraciones tienen la obligaci¨®n de promover mecanismos correctores" para hacer compatibles estos derechos. Montero neg¨® que este nuevo impulso se deba a un "fracaso" de la reforma psiqui¨¢trica, aunque reconoci¨® que queda "camino por recorrer".

Inform¨® de que en 2005 se aprobar¨¢ el decreto de Ordenaci¨®n de los Servicios de Salud Mental, que permitir¨¢ integrar todos los dispositivos de la red de salud mental en el ¨¢mbito de la asistencia especializada, para dimensionar de una "forma m¨¢s adecuada" la prestaci¨®n de los servicios.

Los Presupuestos de la Junta para 2005 anunci¨® que en 2005 se invertir¨¢n 7,4 millones de euros en salud Mental, que permitir¨¢n la creaci¨®n de tres nuevas unidades de hospitalizaci¨®n para enfermos agudos en el Carlos Haya de M¨¢laga; el hospital comarcal de Cabra (C¨®rdoba) y el antiguo Hospital Militar de Sevilla.

La plantilla de salud mental aumentar¨¢ en 174 plazas sobre la dotaci¨®n actual y habr¨¢ adem¨¢s nuevos servicios de hospitales de d¨ªa en Motril (Granada), Torrec¨¢rdenas (Almer¨ªa); V¨¦lez-M¨¢laga; Reina Sof¨ªa (C¨®rdoba) y Hu¨¦rcal-Overa (Almer¨ªa), mientras que se dispondr¨¢ de 100 nuevas plazas en las unidades de respiro familiar.

El Consejo de Gobierno adopt¨®, entre otros, los siguientes acuerdos:

- Eads-Casa. Concesi¨®n de una subvenci¨®n de 61,98 millones de euros a EADS-CASA -la mayor ayuda concedida hasta hora por la Junta-, para respaldar la construcci¨®n de sus nuevas instalaciones en Sevilla destinadas al montaje final del avi¨®n de transporte militar A-400M. La subvenci¨®n acordada incluye entre sus condiciones el compromiso de que la empresa mantenga al menos 1.420 puestos de trabajo en la provincia de Sevilla hasta 2009, dos a?os despu¨¦s de la finalizaci¨®n del contrato de fabricaci¨®n del A-400M.

- Deuda p¨²blica. Autorizaci¨®n para la emisi¨®n de deuda p¨²blica anotada por un importe total de 225 millones euros.

- Educaci¨®n. El Consejo de Gobierno dio luz verde al anteproyecto de ley de creaci¨®n del Ente P¨²blico Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que se encargar¨¢ de gestionar y agilizar los proyectos de construcci¨®n y mejora de centros docentes sin necesidad de que los ayuntamientos y las diputaciones, adelanten la financiaci¨®n, como ocurre en la actualidad.