Redes p¨²blicas, la rebeli¨®n de los municipios

"Por primera vez estamos donde tenemos que estar y cuando tenemos que estar. Vivimos en un pa¨ªs que se salt¨® el siglo XVIII, que lleg¨® muy tarde al siglo XIX y que en el siglo XX le llovieron por todos lados. (...) ?ste es el nuevo urbanismo, ¨¦stas son las nuevas ciudades. Ah¨ª est¨¢ el futuro de la democracia... Nos pasamos mucho tiempo reconstruyendo la vida social. En los a?os noventa nos dedicamos a organizar los servicios p¨²blicos. A partir de ahora toca hacer sociedad del conocimiento. ?sa es la ¨²nica forma. Ya no valen los planes de ordenaci¨®n territoriales, sino los planes de ordenaci¨®n comunicacional". Antonio Rojo, concejal del Ayuntamiento de Atarfe. Con la total privatizaci¨®n de Telef¨®nica en el a?o 1997, el Gobierno espa?ol vendi¨® a dos millones de accionistas las infraestructuras de telecomunicaciones p¨²blicas del Estado desarrolladas con la contribuci¨®n de tres generaciones de espa?oles. Era el pistoletazo de salida para la malograda liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones, cuyos m¨¢ximos logros se pueden sintetizar en la reventa de los productos de la privatizada Telef¨®nica en funci¨®n de porcentajes que pagamos los ciudadanos y el cambio del concepto "derechos de los ciudadanos" por el de "prestaci¨®n de servicios a usuarios".

La CMT considera competencia desleal los proyectos de telecomunicaciones de estos ayuntamientos

Ayuntamientos como los de Atarfe y Barcelona ofrecen a los ciudadanos derechos que para el mercado no existen

Las infraestructuras de telecomunicaciones fijas quedan en poder de una sola compa?¨ªa rodeada de entidades privadas con escasa vocaci¨®n inversora, m¨¢s pendientes de sus cuentas de resultados que del inter¨¦s general, y cuya actividad mercantil es regulada a medida de sus necesidades empresariales por la Comisi¨®n del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). As¨ª las cosas, ante la ausencia de criterios pol¨ªticos gubernamentales a favor del inter¨¦s general, quedan al albur del mercado los derechos ciudadanos de asequibilidad, accesibilidad, universalizaci¨®n del acceso y calidad de las telecomunicaciones en plena carrera por la integraci¨®n ciudadana en la sociedad de la informaci¨®n. Es en el ¨¢mbito municipal donde se enciende la luz de alarma. Ayuntamientos como el de Atarfe, en Granada; Ponteareas,en Pontevedra, y Barcelona se embarcan en ofrecer a sus administrados los derechos que para el mercado no existen y el Estado les niega.

Estas iniciativas, que tendr¨ªan que ser observadas como el inicio de un debate necesario, son tratadas por el organismo regulador con la interpretaci¨®n menos social posible del c¨®digo legislativo y ora los multa a raz¨®n de un euro por habitante, como en los casos de Atarfe y Ponteareas, ora amenaza con la multa como en el caso de Barcelona, ?Motivos?

Fundamentalmente, la CMT considera que los proyectos en materia de telecomunicaciones de estos ayuntamientos suponen competencia desleal a las operadoras telef¨®nicas.

Es preciso constatar que en esta era global, de liberalizaci¨®n y mercado a ultranza, la frontera entre la esfera privada y p¨²blica se ha convertido en una "delgada l¨ªnea roja" que tolera una permeabilidad entre ambos c¨ªrculos peligrosa para los intereses generales.

A lo largo de esa l¨ªnea, cada vez m¨¢s borrosa, cruzar de un lado al otro es una pr¨¢ctica que se realiza con m¨¢s frecuencia de la deseable y puede generar una confusi¨®n de intereses que, cuando se produce y aflora p¨²blicamente, nos escandaliza, como ocurre en la actualidad. Parece como si se pretendiese tener una coartada, la que facilita el ¨®rgano regulador con sus razonamientos para adoptar decisiones que corresponde al ¨®rgano pol¨ªtico adoptar, o bien pudiera pensarse que el ¨®rgano regulador est¨¢ para tomar determinadas decisiones en funci¨®n de un inter¨¦s pol¨ªtico, mientras el aparato del Estado, aparentemente, carece de responsabilidades. En definitiva, el Gobierno no puede abstenerse cuando los derechos de los ciudadanos son comparados a simples servicios empresariales, al menos este Gobierno no.

V¨ªctor Domingo es presidente de la Asociaci¨®n de Internautas.