Medina paga a los jueces el aparcamiento pese a que Justicia dispone de plazas en el entorno

Los Juzgados de Orihuela disponen de espacio p¨²blico para aparcamiento, en concreto 600 metros cuadrados en los bajos del edificio Prop, inaugurado en 2000 y dotado con un plan de vigilancia y seguridad. Desde abril de 2002 el Ayuntamiento, gobernado por el PP, paga ocho plazas al personal del partido -jueces, fiscales y secretarios- en un aparcamiento privado. El alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, alega motivos de "seguridad" para justificar la iniciativa.

Funcionarios de los juzgados de Orihuela aseguran que los s¨®tanos del edificio Prop -instalaci¨®n dependiente de la Consejer¨ªa de Justicia, ubicada frente a la sede los juzgados- est¨¢n habilitados como ¨¢rea de aparcamiento, aunque desde 2000 cuando entr¨® en funcionamiento el centro multiservicios est¨¢ pr¨¢cticamente inutilizado. El Prop est¨¢ dotado con un plan de vigilancia y seguridad.

Pese a esta dotaci¨®n judicial,cuyas excelencias, especialmente en el apartado de seguridad, resalt¨® el consejero de Justicia, Miguel Peralta, en una reciente visita a Orihuela, el Ayuntamiento paga el servicio a los jueces en una instalaci¨®n privada, el aparcamiento Entrepuentes. Medina puso en pr¨¢ctica la medida en abril de 2002, desde entonces, mediante decretos de alcald¨ªa trimestrales, el Ayuntamiento ha abonado ya 54.000 euros a la firma que explota el aparcamiento, la constructora Doalco. El Ayuntamiento paga ocho plazas, que utilizan indistintamente los jueces, fiscales y secretarios, mediante la firma de un recibo que, m¨¢s tarde, la empresa pasa a cobro. El aparcamiento Entrepuentes es propiedad del constructor Domingo Alcocer, miembro del consejo de administraci¨®n de la televisi¨®n local Canal 34, af¨ªn al PP.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Francisco Garc¨ªa Ortu?o, considera que la existencia de esa ¨¢rea de aparcamiento en el edificio Prop hace innecesario el pago del servicio a una firma privada. "Creemos que la iniciativa es ilegal y por eso la hemos trasladado al Fiscal General del Estado", dice Ortu?o. "El edificio Prop s¨ª cuenta con un plan de vigilancia y seguridad. Por tanto, el argumento de Medina de garantizar la seguridad de los jueces es falso", a?ade. El PSPV exige al alcalde que explique la f¨®rmula de pago que, seg¨²n los socialistas, supone un sobrecoste de un 75% a las arcas municipales respecto a un abonado ordinario.