Las diputaciones hoy

Desde su nacimiento en el seno del pensamiento racionalista e ilustrado de principios del siglo XIX hasta su madurez democr¨¢tica actual, la provincia ha recorrido su camino atesorando un importante acervo del mundo local. Enraizada con fuerza en el inconsciente colectivo del pueblo espa?ol, ha llegado a ser para buena parte de ¨¦ste, un arquetipo de la organizaci¨®n del Estado. La Constituci¨®n de 1978 le reconoce la condici¨®n de entidad local con autonom¨ªa para la gesti¨®n de sus respectivos intereses, encomendando su gobierno a las diputaciones provinciales.

Durante los 25 a?os de gobiernos locales democr¨¢ticos se ha suscitado, en ocasiones, una cierta idea de crisis de la provincia como ente local, originada por su confluencia en un mismo territorio con las comunidades aut¨®nomas, sin embargo, considero que la provincia como ente local y la diputaci¨®n provincial como gobierno de ¨¦sta, desempe?an un papel insustituible en la vertebraci¨®n del Estado, no s¨®lo compatible con las comunidades aut¨®nomas sino imprescindible en la relaci¨®n de ¨¦stas con los municipios.

Argumentar¨¦ esta tesis en torno a dos ideas que definen el papel de las diputaciones hoy, la primera es su naturaleza indisociable a la de los municipios, la segunda, su singularidad institucional.

Las diputaciones provinciales no son una administraci¨®n m¨¢s en el entramado organizativo del Estado, ni son un ente intermedio entre ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas, no son sino los propios ayuntamientos fortalecidos por su capacidad de trabajar conjuntamente. Con ello quiero decir que las diputaciones no son un superior jer¨¢rquico a los ayuntamientos, ni deben pretender ser un ayuntamiento de ayuntamientos, sino una forma de organizarse ¨¦stos para trabajar con econom¨ªas de escala, de tal forma que las diputaciones formen parte de la misma malla horizontal en la que se insertan los ayuntamientos. Esta identidad entre ayuntamientos y diputaci¨®n se manifiesta en el hecho de que las diputaciones no posean competencias propias, sus competencias son funcionales respecto a las de los ayuntamientos y no tienen otro objeto que la de garantizar la prestaci¨®n eficiente, en todos los municipios e independientemente de su poblaci¨®n, de unos servicios p¨²blicos de calidad.

La singularidad institucional de las diputaciones la constituye su personal, el cual aporta aut¨¦ntico valor a?adido a las actuaciones municipales. Por ello, las diputaciones provinciales traicionan su aut¨¦ntica singularidad institucional si se dedican a subvencionar ayuntamientos, ese papel se lo asigna la Constituci¨®n al Estado y a las comunidades aut¨®nomas, a las Diputaciones, por contra, les corresponde la cooperaci¨®n con los ayuntamientos, desarrollando con ellos pol¨ªticas p¨²blicas conjuntas, para lo que dispone del valioso instrumento de su personal.

Definidas as¨ª, las diputaciones ser¨¢n la clave del arco que sostenga el denominado Pacto Local. No conviene olvidar que llevamos m¨¢s de 15 a?os hablando del mismo, sin que en estos tres lustros se haya observado un avance significativo, ello es debido a que las comunidades aut¨®nomas son reacias a desprenderse de competencias y recursos econ¨®micos porque desconf¨ªan de la capacidad de los ayuntamientos para gestionarlos, mientras que los ayuntamientos se lamentan de la insuficiencia financiera de sus haciendas y por tener que prestar servicios no reconocidos legalmente y por lo tanto carentes de financiaci¨®n. A mi juicio el problema radica en que no es posible una interlocuci¨®n directa de las comunidades aut¨®nomas con los m¨¢s de ocho mil municipios existentes en Espa?a, ni es posible hablar de transferencias de competencias a la mayor parte de ellos, pues su poca poblaci¨®n les impide prestar incluso algunos de los servicios esenciales, pero por otro lado es irrenunciable el corolario del principio de igualdad, que exige que todos los ciudadanos, independientemente del n¨²mero de habitantes del municipio donde residan, tengan acceso a los mismos servicios p¨²blicos.

Este c¨ªrculo vicioso s¨®lo pueden romperlo las diputaciones provinciales, frente al reto de la atomizaci¨®n municipal s¨®lo cabe la supramunicipalidad. Por medio de las diputaciones, las comunidades aut¨®nomas estar¨¢n en condiciones de concertar pol¨ªticas con los gobiernos locales sin riesgos de asimetr¨ªa, en r¨¦gimen de paridad institucional, en la mejor l¨ªnea de relaciones entre niveles de gobierno aut¨®nomos que deben cooperar desde la lealtad institucional.

La Diputaci¨®n de Granada, a trav¨¦s del proyecto Granada en Red, pretende hacer realidad este nuevo concepto de diputaci¨®n, las subvenciones como t¨¦cnica de fomento o financiaci¨®n han desaparecido para dar paso a la concertaci¨®n, proceso mediante el cual la instituci¨®n provincial y los entes locales de la provincia acuerdan, en pie de igualdad, las pol¨ªticas a desarrollar conjuntamente; aunque haya traspaso de fondos, ¨¦stos no tienen por objeto financiar las arcas municipales sino poner en funcionamiento proyectos pol¨ªticos de los ayuntamientos consensuados con la diputaci¨®n.

Las diputaciones provinciales deben afrontar el futuro con una nueva perspectiva, deben dejar patente su cometido cooperativo, no competitivo con otras administraciones, y resaltar su papel en el proceso dial¨¦ctico entre el inter¨¦s local y el provincial, del cual se obtendr¨¢, como s¨ªntesis superadora, la satisfacci¨®n del inter¨¦s general. En ese empe?o estamos.

Antonio Mart¨ªnez Caler (PSOE) es presidente de la Diputaci¨®n de Granada.