El 20% de v¨ªctimas de malos tratos piden que se suspenda la pena a los condenados por sus denuncias

Los juzgados de Lo Penal 5 y 13 de Valencia tienen como misi¨®n exclusiva la ejecuci¨®n de las sentencias. En ellos, Jos¨¦ Francisco Ceres Montes y Nieves Molina, llevan a la pr¨¢ctica los fallos de 60 tribunales unipersonales de la provincia de Valencia. Entraron en vigor como f¨®rmula para agilizar el cumplimiento de las penas pero no ha sido ese precisamente el efecto. En lo que va de a?o, acumulan sin ejecutar 6.100 fallos judiciales.

Dan prioridad a los casos urgentes, los que se refieren a violencia dom¨¦stica y las causas con preso. El resto duerme un cierto letargo en los pasillos que rodean ambos despachos. Los juicios r¨¢pidos les han complicado la vida. No todos los fallos llegan con la misma documentaci¨®n. Aceleran las conformidades con actas autocopiativas que d¨ªas despu¨¦s refrendar¨¢ una sentencia, pero pretenden que acusado y v¨ªctima se vayan con todo claro despu¨¦s de la celebraci¨®n de una vista.

Los juzgados de ejecutorias de Valencia acumulan 6.100 fallos pendientes

Tienen un especial pulso de lo que pasa y por ello han percibido algunas realidades complejas que les llaman la atenci¨®n. Por ejemplo, que el 40% de las causas de violencia dom¨¦stica vienen de instrucci¨®n con la suspensi¨®n de condena hecha porque se ha llegado a una conformidad, que un 20% de las v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica pide que no cumplan la sentencia los condenados. "En estos casos, el porcentaje entre mujeres extranjeras y espa?olas est¨¢ muy igualado. Vienen, te dicen que se han arreglado, que como el juicio fue r¨¢pido se hizo todo con los ¨¢nimos en caliente y no tuvieron tiempo de serenarse y valorar lo ocurrido, te piden que no ejecutes la sentencia. Yo me mantengo firme en lo que recoge el fallo, pero la realidad que pueda esconderse ah¨ª no la sabemos", dice Ceres Montes. "Yo act¨²o de la misma forma", a?ade Molina, "porque entiendo que el juez que ha dictado sentencia ha tenido una mediaci¨®n, ha visto los afectados, tiene m¨¢s datos".

Otro de los escollos es el referido a las penas que consisten en trabajos para la comunidad, que la norma recomienda est¨¦n lo m¨¢s relacionados posible con el tipo delito cometido, cuyo reparto depende de los Servicios Sociales Penitenciarios en funci¨®n de los convenios con los ayuntamientos y que en breve estar¨¢ bajo el control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. La mayor¨ªa de las personas a las que se condena a cumplir una pena a trav¨¦s de trabajos a la comunidad son extranjeros, y se produce la paradoja de que "como son ciudadanos en situaci¨®n irregular, para cumplir esa pena tienen que tener un n¨²mero de identificaci¨®n de la seguridad social, que no se les da, por tanto, en muchos casos, no se cumplen, porque adem¨¢s esa pena no se puede sustituir por otra". Ambos coinciden en que les toca una de las partes m¨¢s sensible del proceso judicial. Y su imposibilidad de atender la demanda la han trasladado hace escasos d¨ªas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en una comisi¨®n espec¨ªfica

Los dos juzgados de ejecutorias de Valencia son, junto con los de Mallorca, lo que peor funcionan de Espa?a. "Los dem¨¢s no est¨¢n mucho mejor, lo que pasa es que muchos de ellos llevan m¨¢s tiempo funcionando y cuando llegaron los juicios r¨¢pidos ya hab¨ªan enfrentado la pendencia acumulada", precisa Ceres Montes.