El Supremo remite a la Audiencia de Madrid el 'caso fondos reservados' para que ejecute la sentencia de Vera
El Tribunal Supremo remiti¨® ayer los 70 tomos de actuaciones sobre el caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior a la Secci¨®n Quinta de la Audiencia de Madrid que, como tribunal de instancia, es el encargado de ejecutar la sentencia que ha declarado firme la condena al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera a siete a?os de prisi¨®n por delito continuado de malversaci¨®n.
La misma sentencia condena al ex director general de la Polic¨ªa Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez Colorado a seis a?os de prisi¨®n por el mismo delito. ?ste ya ha dirigido un escrito al tribunal en el que solicita la suspensi¨®n de la ejecuci¨®n de la sentencia en tanto el Gobierno se pronuncie sobre el indulto que ha solicitado a t¨ªtulo personal. Tambi¨¦n ha dirigido un escrito al tribunal proponiendo un plan de pago de los 539.000 euros (89 millones de pesetas) que tiene que devolver.
El ex presidente Felipe Gonz¨¢lez y los ex ministros Jos¨¦ Barrionuevo y Jos¨¦ Luis Corcuera han firmado otra petici¨®n de indulto total para Vera y Rodr¨ªguez Colorado a la que se han adherido personalidades de la antigua direcci¨®n socialista.
Antes de proceder a la ejecuci¨®n de sentencia, la Audiencia de Madrid deber¨¢ valorar la cuant¨ªa de las condenas, los antecedentes de los peticionarios y si han satisfecho sus responsabilidades civiles. Los jueces tienen la facultad de dejar en suspenso la ejecuci¨®n de la pena mientras no se resuelva el indulto si consideran que, al ejecutar la pena, la finalidad de la medida de gracia pudiera resultar ilusoria.
La tramitaci¨®n de un expediente de indulto suele durar un a?o desde que se solicita. El Supremo dict¨® su sentencia el pasado 18 de octubre, pero ha tenido que esperar una veintena de d¨ªas hasta responder a una petici¨®n de aclaraci¨®n de la defensa de Vera, que fue desestimada.
El ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, afirm¨® anoche en el programa de TVE 59 segundos que "no existe ninguna predisposici¨®n favorable del Gobierno con delitos que tengan que ver con malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y enriquecimiento il¨ªcito".
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