La guerra de los obispos

Cay¨® Aznar por el indignado voto popular ante las haza?as b¨¦licas y ¨¦ticas de su partido, y el Gobierno dem¨®crata del presidente Zapatero se puso enseguida a reparar sus da?os, retirando tropas y restableciendo principios constitucionales vulnerados o ignorados. A los marramiaus del PP en la oposici¨®n se ha sumado ahora la Conferencia Episcopal, dando pie al se?or Rajoy para llamar necio al presidente del Gobierno por enfrentarse no s¨®lo a un Bush vencedor y a unos jueces al servicio demostrado del PP, sino a la misma Iglesia, la cual, Acebes dixit, "tiene motivos para sentirse agredida" al atacar el Ejecutivo socialista "principios, valores y convicciones de una gran mayor¨ªa de espa?oles". El arzobispo Sebasti¨¢n, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, se queja de que quienes propugnan una sociedad laica "sin ninguna referencia religiosa ni moral" vean a "la Iglesia y a los cat¨®licos como un peligro para una sociedad verdaderamente democr¨¢tica". Y, claro est¨¢, ante un "laicismo anticlerical" tan agresivo, los obispos, por primera vez desde la Rep¨²blica y la guerra incivil de hace 70 a?os, reparten millones de folletos contra la eutanasia; promueven firmas contra la reforma educativa; convocan a manifestaciones callejeras contra la despenalizaci¨®n del aborto, el divorcio r¨¢pido, el matrimonio homosexual, la investigaci¨®n de c¨¦lulas madre con fines terap¨¦uticos, la eutanasia y... a favor de una mayor financiaci¨®n por parte del Estado.

Esta guerra preventiva o defensiva de los obispos pone de relieve una vez m¨¢s la grave confusi¨®n que nos imponen entre sus decisiones la Iglesia como tal y los cat¨®licos de este pa¨ªs, confusi¨®n paralela a la tradicional identificaci¨®n de sus opiniones con la doctrina cristiana y ¨¦sta, a su vez, con la dogm¨¢tica moral de pretendido origen divino. Sin embargo, es evidente que la Conferencia Episcopal no es ni mucho menos la comunidad de creyentes en Cristo ni todos ellos est¨¢n en contra de los proyectos gubernamentales, como demuestran, no ya las encuestas de opini¨®n, sino los altos porcentajes de votos que los socialistas reciben de gente cristiana desde hace tiempo por creer precisamente m¨¢s evang¨¦lico promover, como manda la Constituci¨®n, la libertad y el desarrollo de la persona humana sin discriminaciones ni privilegios que oponerse a ello usando el nombre de Dios no s¨®lo en vano, sino en blasfemia. Los ciudadanos, cat¨®licos o no, que apoyan proyectos en ese sentido no atacan a la Iglesia ni a los cat¨®licos como totalidad, abusivamente identificada con la opini¨®n de unos jerarcas. Es imperdonable acusarlos de pretender crear una sociedad laica, que, por serlo, no tendr¨ªa referencia religiosa o moral alguna, como si no cupiera otra moral o religi¨®n que la prescrita, seg¨²n la peculiar y, a mi juicio, her¨¦tica interpretaci¨®n de los obispos. La actual Conferencia Episcopal, heredera del nacionalcatolicismo preconciliar, ve el cumplimiento por el Gobierno de ciertos derechos de los ciudadanos como un acto anticat¨®lico, al igual que el PP heredero del franquismo tacha de antiespa?ol a quien se le opone. La Conferencia Episcopal se vincula de ese modo, con la excusa de su deber pastoral, a la pol¨ªtica de los grupos m¨¢s conservadores y reaccionarios que en Espa?a y en Estados Unidos esgrimen al Dios cristiano para sus cruzadas particulares, su manipulaci¨®n de las conciencias y sus negocios terrenales.

Ahora bien, la realidad es que no todos los obispos se alinean con esta pol¨ªtica de la Conferencia Episcopal ni es apoyada o seguida por gran parte de p¨¢rrocos, te¨®logos y religiosos, am¨¦n de organizaciones del laicado vinculadas a tareas sociales y humanitarias. Por ejemplo, las di¨®cesis catalanas y vascas ignoran las firmas contra la reforma educativa. En lo que afecta a la financiaci¨®n de la Iglesia, un reciente documento de 35 te¨®logos ha recordado el deber de pobreza y de renuncia a privilegios que impone, en un sentido general que afecta tambi¨¦n a las cuestiones econ¨®micas, la constituci¨®n pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II: "La Iglesia no pone su esperanza en privilegios ofrecidos por la autoridad civil; m¨¢s a¨²n, renunciar¨¢ al ejercicio de algunos derechos leg¨ªtimamente adquiridos si le consta que su uso pone en duda la autenticidad de su testimonio o que las nuevas condiciones de la vida le exigen otra ordenaci¨®n".

Para que tuviera raz¨®n el se?or arzobispo que niega que los cat¨®licos sean un peligro para la verdadera sociedad democr¨¢tica, tendr¨ªa que distinguir entre los que la construyen con reformas como las criticadas por ¨¦l y los que efectivamente la impiden, es decir, aquellos miembros de la Iglesia cat¨®lica que, desde su jerarqu¨ªa o desde el Gobierno y ahora en la oposici¨®n (algunos, de notoria filiaci¨®n religiosa), confunden de forma totalitaria, integrista y contraria a la pluralidad y libertad de las personas sus ideas e intereses con los de Dios o la patria. Son los mismos que lanzan a las llamas del infierno a quienes, ya sean creyentes, agn¨®sticos o ateos, denuncian esa confusi¨®n y lo anticat¨®lico de su actitud por civismo y con m¨¢s esp¨ªritu cristiano que los nuevos fariseos. Son los mismos que ahora combaten unas reformas que se hacen con el ¨²nico prop¨®sito de hacer m¨¢s humana la vida social y combatir discriminaciones privilegiadas como la que se practica con la Iglesia cat¨®lica respecto a las restantes iglesias cristianas u otras religiones. Siguen siendo los mismos que, desoyendo a su sumo pont¨ªfice, fueron a la guerrra de Irak y, desoyendo a su conciencia, mintieron m¨¢s de tres veces. Es harto significativo que la ¨²ltima encuesta del CIS se?ale, junto a la televisi¨®n, a la Iglesia cat¨®lica como la instituci¨®n en la que menos conf¨ªan los espa?oles (el 61,5%). ?No es suficiente motivo de meditaci¨®n para quienes pretenden ser sucesores de los ap¨®stoles o "caballeros cristianos" sin miedo y sin tacha? Para los sencillos creyentes, la Iglesia cristiana universal est¨¢ en otra parte: en el d¨ªa a d¨ªa a favor del ser humano, disuelta y llena de saz¨®n como sal de la tierra.

J. A. Gonz¨¢lez Casanova es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona.