Funcionarios revelan el robo de sellos en Extranjer¨ªa en las fechas en que se consum¨® una estafa a inmigrantes

Dos funcionarios de la Oficina de Extranjer¨ªa de Alicante declararon ayer ante el tribunal que juzga una supuesta estafa a inmigrantes en la tramitaci¨®n de permisos de residencia y trabajo que, al menos en dos ocasiones, se sustrajeron los sellos con los que se daba car¨¢cter oficial a las solicitudes. Los funcionarios aseguraron que denunciaron verbalmente la sustracci¨®n del material a sus superiores. Los testigos no precisaron la fecha del robo, aunque apuntaron a octubre de 2002.

Por estos hechos han sido juzgados un falso abogado y dos funcionarios de la oficina de Extranjer¨ªa de Alicante, sita en el calle Campo de Mirra. El fiscal sostiene que el abogado cobraba a las v¨ªctimas -la mayor¨ªa mujeres extranjeras que trabajaban en clubes de alterne de la provincia- 350 euros por cada solicitud. Este acusado ofrec¨ªa luego entre 100 y 150 euros a los dos funcionarios procesados por el sellado de la documentaci¨®n, aunque el expediente estuviera incompleto.

Un falso abogado y dos empleados p¨²blicos cobraban 350 euros por solicitudes no cursadas

El director de la Oficina de Extranjer¨ªa de Alicante en el periodo que ocurrieron los hechos -entre los a?os 2001 y 2002- , Enrique Correas, que tambi¨¦n compareci¨® ante el tribunal en calidad de testigos, neg¨® el robo de los sellos. "Nunca tuve notificaci¨®n oficial de la sustracci¨®n de sello alguno de la oficina", asever¨® el m¨¢ximo responsable del negociado de extranjer¨ªa.

La denuncia de estos dos funcionarios sobre el robo de los sellos concuerda con el testimonio de algunas de las v¨ªctimas que aseguran que firmaban las solicitudes de los permisos en un taxi, en las inmediaciones del negociado de Extranjer¨ªa, y que all¨ª mismo [en el taxi] les sellaban los impresos.

Adem¨¢s, uno de los funcionarios que ayer compareci¨® ante el tribunal, la secci¨®n 3? de la Audiencia de Alicante, tambi¨¦n corrobor¨® el testimonio de una testigo anterior relativo a que uno de los encausados, el falso abogado, ofrec¨ªa a menudo d¨¢divas a los funcionarios. "En una ocasi¨®n reparti¨® jamones de pata negra", destac¨®.

Al termin¨® de la vista oral, las partes elevaron a definitivas sus conclusiones. El fiscal, no obstante, rebaj¨® por motivo de la reforma del C¨®digo Penal en un a?o la pena al supuesto abogado que, de esta forma, se enfrenta a un total de ocho a?os por los delitos de estafa y cohecho. Para los funcionarios, el ministerio p¨²blico solicita un total de ocho a?os de c¨¢rcel y cinco de inhabilitaci¨®n.

Para el representante de la acusaci¨®n p¨²blica, la vista oral que se ha celebrado a lo largo de tres jornadas, ha probado los hechos que imputa a los tres acusados. Es decir, que uno de ellos cobraba a las v¨ªctimas unos 350 euros por cada solicitud de permiso de trabajo y residencia que luego no se tramitaban y que ofrec¨ªa a los funcionarios entre 100 y 150 euros por cada expediente sellado, aunque no estuviera debidamente cumplimentado.Las defensas pidieron las absoluci¨®n.