Una fiscal de Mil¨¢n reclama ocho a?os de c¨¢rcel para Berlusconi por sobornar a jueces

La fiscal de Mil¨¢n Ilda Boccassini pidi¨® ayer ocho a?os de prisi¨®n y la inhabilitaci¨®n permanente para el ejercicio de todo cargo p¨²blico para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por el presunto soborno a jueces para que favorecieran indirectamente la venta del grupo alimenticio estatal SME a su holding Fininvest en 1985. El juicio contra Berlusconi comenz¨® el pasado mes de abril, despu¨¦s de estar paralizado diez meses por una ley de inmunidad aprobada por el Parlamento y declarada luego ilegal por el Tribunal Constitucional.

Ocho a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n permanente para ejercer cualquier cargo p¨²blico. ?sa es la s¨ªntesis de nueve horas de alegato de Ilda Bocassini, fiscal de Mil¨¢n, quien asegur¨® ayer que exist¨ªan las pruebas que demostraban que Berlusconi ten¨ªa en el libro de contabilidad de su holding Fininvest "al juez Renato Squillante y pagaba a otro juez, Filippo Verde, para que se dedicaran al servicio de varios intereses suyos".

En su petici¨®n, la fiscal Boccasini subray¨® la gravedad del delito y afirm¨® que "la corrupci¨®n de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democr¨¢tico", informa Efe.

La investigaci¨®n comenz¨® porque los fiscales milaneses sospecharon que la venta de la sociedad alimentaria hab¨ªa sido ama?ada por dos jueces del Tribunal de Roma, Filippo Verde y Renato Squillante. El supuesto caso de corrupci¨®n por parte de Berlusconi se produjo antes de la entrada en pol¨ªtica, cuando se dedicaba s¨®lo a los negocios.

El juez Squillante ya fue condenado a ocho a?os de c¨¢rcel, mientras que el entonces hombre de confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su vez condenado a cinco a?os de prisi¨®n por haber hecho de intermediario en el soborno del juez.

Berlusconi fue apartado del proceso por una ley aprobada por el Parlamento que daba la inmunidad a los cinco altos cargos del Estado durante su ejercicio. Esta ley, conocida como el laudo Schifani, fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional y el juicio contra Berlusconi se reanud¨® desde el principio y en una sala del Tribunal de Mil¨¢n diferente a la que juzg¨® a los otros acusados en noviembre del a?o pasado.

La fiscal Ilda Bocassini ha declarado que existen documentos bancarios que "testimonian la transferencia de m¨¢s de 400.000 d¨®lares de las cuentas de Fininvest a las del juez Squillante, por mediaci¨®n de Previti". Esa transferencia de dinero, seg¨²n Gaetano Pecorella, uno de los abogados de Berlusconi, "forma parte de un conjunto de pagos profesionales y no prueban la implicaci¨®n directa de Silvio Berlusconi".

"La fiscal ha hablado de operaciones bancarias efectuadas en ¨¦pocas que no conciernen a este proceso", indica el letrado de Berlusconi. "Pero hay una sola cosa de la que no ha hablado: cu¨¢les son las pruebas que mostrar¨ªan que Silvio Berlusconi ha corrompido a jueces", a?adi¨®.

El abogado Pecorella no excluye que el delito pueda preescribir y a?adi¨® que nunca hab¨ªa visto pedir el m¨¢ximo de la pena para una persona acusada de corrupci¨®n.