El S¨ªndic revela que el Consell desoye cinco de sus 13 recomendaciones sobre la reforma de la LRAU
Blasco replica que el nuevo texto de la ley "se inspira" en las indicaciones de la instituci¨®n
El S¨ªndic de Greuges, Bernardo del Rosal, entreg¨® ayer en las Cortes una comunicaci¨®n especial sobre la actividad urban¨ªstica en la Comunidad Valenciana en la que revela que el Consell ha rechazado cinco de las 13 recomendaciones que la instituci¨®n defensora de los ciudadanos le hizo de cara a la reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU). Del Rosal, que intervino en la comisi¨®n de Peticiones de la C¨¢mara para dar cuenta de la memoria correspondiente al a?o 2003 y del informe especial sobre la contaminaci¨®n ac¨²stica y el fen¨®meno del botell¨®n, se?al¨® que la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ampara a una valenciana es un "espaldarazo".
Del Rosal dice que la aplicaci¨®n de la ley urban¨ªstica ha causado "alarma social"
La comunicaci¨®n especial sobre la actividad urban¨ªstica en la Comunidad Valenciana -elaborada de oficio por el S¨ªndic a partir de las 2.374 quejas recibidas en los ¨²ltimos ocho a?os sobre este tema y que Bernardo del Rosal entreg¨® ayer en las Cortes- reclama a las Administraciones p¨²blicas mayor control de los procesos urban¨ªsticos, as¨ª como que se incentive m¨¢s la participaci¨®n de los propietarios en los planes urban¨ªsticos y se controlen m¨¢s los costes de urbanizaci¨®n. Y se?ala que se ha detectado "cierta dejaci¨®n" en la supervisi¨®n de la actuaci¨®n del agente urbanizador.
La Sindicatura de Greuges remiti¨® el pasado mes de marzo a la Consejer¨ªa de Territorio y Vivienda un total de 13 recomendaciones para que fueran tenidas en cuenta en el proceso de elaboraci¨®n del proyecto de ley de reforma de la LRAU, una norma con 10 a?os de vigencia cuya aplicaci¨®n ha revelado "carencias, deficiencias e interpretaciones no deseadas" e incluso ha provocado "alarma social". En mayo, el departamento que dirige Rafael Blasco remiti¨® al S¨ªndic un borrador del anteproyecto de la Ley Urban¨ªstica Valenciana, que ha de sustituir a la LRAU, y un documento en el que contestaba a las indicaciones de la instituci¨®n. A partir de toda esa documentaci¨®n, el S¨ªndic elabor¨® un informe con 13 recomendaciones, que remiti¨® en junio a la consejer¨ªa y que ayer present¨® en las Cortes. El S¨ªndic indica al final del escrito que al no haber recibido ninguna comunicaci¨®n oficial en el sentido de que se haya incorporado alguna m¨¢s de sus recomendaciones al anteproyecto de ley, ha de concluir "que de las 13 recomendaciones emitidas, ocho han sido aceptadas, cuatro totalmente y cuatro de forma parcial, y las cinco restantes no han sido aceptadas".
Pese a ello, Blasco contest¨® ayer que la nueva ley "se inspira en las recomendaciones del S¨ªndic" y afirm¨®: "Se han incorporado todas las recomendaciones hasta donde llegan nuestras competencias".
El S¨ªndic pide que "se extreme el control sobre las valoraciones que presentan los urbanizadores, al objeto de reflejar, con la mayor exactitud posible, el valor real que el mercado asigna a cada tipo de suelo y a las construcciones existentes en el mismo". La consejer¨ªa rechaza esta recomendaci¨®n porque las valoraciones expropiatorias se rigen por la legislaci¨®n b¨¢sica del Estado, pero el S¨ªndic de Greuges considera que la ley deber¨ªa hacer menci¨®n expresa del objetivo que apunta. Otra recomendaci¨®n rechazada indicaba que "el Ayuntamiento, al aprobar las cuotas de urbanizaci¨®n, pueda, atendiendo a las especiales circunstancias econ¨®micas del propietario, acordar el aplazamiento del pago hasta la conclusi¨®n de las obras de urbanizaci¨®n". El departamento de Blasco la rechaza porque es la ley de Haciendas Locales, de ¨¢mbito estatal, la que regula el r¨¦gimen y procedimiento de fijaci¨®n de cuotas y porque, en su opini¨®n, "no parece proporcionado que quien vaya a recibir las plusval¨ªas no haga efectivos sus deberes hasta el final del proceso". La instituci¨®n se?ala que "con todos los respetos, no puede compartir esta explicaci¨®n", y considera, por el contrario, que esta competencia no es exclusiva del Estado.
Tampoco ha aceptado la consejer¨ªa la recomendaci¨®n de "reflexionar acerca de la conveniencia de mantener el privilegio reconocido al urbanizador para exigir a los propietarios el pago anticipado de las inversiones previstas". La cuarta recomendaci¨®n rechazada es la que propone reconocer a los propietarios el derecho a subrogarse en la condici¨®n de urbanizador-adjudicatario del PAI [Programa de Actuaci¨®n Integrada], asumiendo ¨ªntegramente su posici¨®n jur¨ªdica y con car¨¢cter preferente respecto a quien formul¨® la alternativa t¨¦cnica original que sirva de base para la aprobaci¨®n del PAI".
Finalmente, el Consell rechaza igualmente la petici¨®n de "sustituir el aviso por una notificaci¨®n administrativa que acredite el conocimiento por parte de los titulares catastrales afectados de la programaci¨®n prevista, en aras de evitar su indefensi¨®n".
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