El fallo del Supremo obliga a la Generalitat y al Gobierno a replantear la gesti¨®n del J¨²car

La sentencia del Tribunal Supremo que anula varios art¨ªculos de la orden ministerial sobre el Plan Hidrol¨®gico del J¨²car (PHJ) que regulan la distribuci¨®n del agua en pr¨¢cticamente todo el territorio valenciano obligar¨¢ a clarificar las competencias del Estado y la Comunidad Valenciana y replantear la gesti¨®n de los recursos h¨ªdricos. El Supremo dice que el Gobierno no puede regular en el PHJ los r¨ªos que discurren s¨®lo por suelo valenciano porque son competencia de la Generalitat. El Consell alega que el fallo le ha causado "indefensi¨®n" y anunci¨® ayer que pedir¨¢ la nulidad.

El Supremo revoca la sentencia dictada en enero de 2002 por la Audiencia Nacional, que rechaz¨® el recurso contra la orden ministerial que resume las l¨ªneas normativas del PHJ planteado por la Fundaci¨®n por el Progreso de Albacete, y explica que la Comunidad Valenciana tiene competencias estaturias sobre la utilizaci¨®n y el aprovechamiento de las aguas de los r¨ªos que discurren ¨ªntegramente por su territorio, mientras que el Estado las tiene para elaborar los planes de cauces compartidos por varias autonom¨ªas. En consecuencia, el Supremo afirma que el PHJ es "disconforme a Derecho" porque abarca r¨ªos "intracomunitarios" que competen a la Generalitat, y en su caso, a la Junta de Castilla-La Mancha. No obstante, el tribunal a?ade que el Gobierno aprobar¨¢ los planes de r¨ªos auton¨®micos cuando se ajusten "a los objetivos generales de la planificaci¨®n hidrol¨®gica", y recuerda que leyes posteriores al recurso, incluida la directivar europea del agua, podr¨ªan clarificar el ¨¢mbito de las demarcaciones hidrogr¨¢ficas y su gesti¨®n.

A partir de estos razonamientos, que se apoyan en sentencias del Tribunal Constitucional, el Supremo considera nulos los art¨ªculos que afectan no s¨®lo al discutido trasvase del J¨²car-Vinalop¨® y al del Canal J¨²car-Turia, sino tambi¨¦n los referidos a la gesti¨®n de los sistemas del Cenia-Maestrazgo; Mijares-Plana de Castell¨®n; Palancia; Turia; Serpis; Marina Alta; Marina Baja y Vinalop¨®-Alicant¨ª, que abarcan r¨ªos valencianos y de varias comunidades, con abastecimientos urbanos y regad¨ªos.

Ni el Ministerio de Medio Ambiente ni la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del J¨²car se pronunciaron ayer sobre las implicaciones de un fallo judicial que afecta al ejercicio de las competencias en esta materia y a la base de la actual planificaci¨®n hidrol¨®gica de r¨ªos de una comunidad o varias, seg¨²n expertos juristas.

El Consell, por su parte, reaccion¨® a la defensiva y el consejero de Infraestructuras anunci¨® que promover¨¢ "un incidente de nulidad de actuaciones" contra la sentencia al tiempo que se mostr¨® convencido de que "las cosas van a quedar pr¨¢cticamente como est¨¢n". Garc¨ªa Ant¨®n aleg¨® que "se ha producido un defecto important¨ªsimo de indefensi¨®n, ni la Generalitat ni los usuarios han tenido conocimiento de la existencia de este pleito iniciado en 1999". En ese a?o se public¨® el PHJ, pactado por los ex presidentes de Castilla-La Mancha Jos¨¦ Bono y de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana, y bendecido por la entonces ministra de Medio Ambiente del PP Isabel Tocino. El recurso se present¨® contra un plan aprobado por el Gobierno del PP, a pesar de lo cual "nadie" comunic¨® "nada" a la Generalitat. El consejero afirm¨® tambi¨¦n que el Plan Hidrol¨®gico Nacional contempla "todo lo que es el plan de cuenca del J¨²car", incluido el trasvase al Vinalop¨®, por lo que en su opini¨®n "da amparo" a estas actuaciones. El consejero, sin embargo, pas¨® de puntillas sobre la base de la sentencia del Supremo, las competencias sobre el agua que recoge el Estatuto de Autonom¨ªa. "Este pleito afecta a las competencias de la Generalitat", se limit¨® a decir antes de lamentar la "indefensi¨®n" del gobierno auton¨®mico. Garc¨ªa Ant¨®n proclam¨®, adem¨¢s, que el problema generado por el fallo judicial se soluciona "con mucha facilidad", con la aprobaci¨®n por parte del Gobierno de un decreto-ley que autorice las transferencias anuladas. Una medida que, seg¨²n el PP, no se justifica en el caso del trasvase del Ebro, pero s¨ª en ¨¦ste porque "estar¨ªa respaldad por un plan de cuenca aprobado y consensuado por todo el mundo".

Para el secretario general del PSPV-PSOE, la sentencia muestra que con posiciones de "aislamiento y confrontaci¨®n" sobre el agua no se llega "a ning¨²n sitio". Pla a?adi¨® que el fallo es un "motivo de preocupaci¨®n" y que pedir¨¢ al Gobierno que "abra espacios de concertaci¨®n y acuerdo". Mientras, el secretario socialista de Medio Ambiente, Francesc Signes, asegur¨® que el PP ocult¨® la existencia del recurso que ha llevado a una sentencia que evidencia "la nefasta" pol¨ªtica del PP.

El secretario general de la Uni¨® de Llauradors, Joan Brusca, y el presidente de AVA-Asaja, Crist¨®bal Aguado, expresaron su preocupaci¨®n por el fallo del Supremo y pidieron a la Generalitat que estudie c¨®mo recurrirla. Aguado tild¨® la sentencia de "insensatez" y "descabellada". Brusca confi¨® en que leyes como el PHN cubran las asignaciones de recursos anulados.