La seguridad debe ser cosa de todos

En Madrid se producen m¨¢s de 400.000 delitos y faltas cada a?o. En la Comunidad de Madrid vivimos el 13,4% de los espa?oles, pero en la regi¨®n se produce el 21% de los actos delictivos del pa¨ªs. A¨²n m¨¢s, en la capital vive el 7% de la poblaci¨®n nacional, pero se producen el 14% de los actos criminales. En Madrid capital se produce m¨¢s del 70% del total de actos delictivos de la regi¨®n. Son algunos de los datos que aparecen en el an¨¢lisis de situaci¨®n de la seguridad ciudadana que el delegado del Gobierno ha presentado al Consejo Regional de Seguridad para justificar la necesidad de un Plan Regional de Seguridad.

Iba siendo hora de que el Gobierno del Estado asumiese su responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos desde un tratamiento integral de los problemas y sin reducir la seguridad a la criminalidad y, por lo tanto, abordando el problema de la delincuencia como el producto de una serie de hechos y de factores sociales en una sociedad determinada. Cada sociedad genera su delincuencia y es responsabilidad de toda la sociedad dotarse de modelos para solucionar los problemas de seguridad y prevenirlos.

El esfuerzo debe verse acompa?ado por un mejor tratamiento salarial de los agentes

Iba siendo hora de que el Gobierno del Estado asumiese su responsabilidad

Es importante que, partiendo del trabajo y la iniciativa de la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid, el Plan Regional de Seguridad haya sido presentado en sociedad ante el Consejo Regional de Seguridad, que llevaba a?os sin reunirse y del que formamos parte las instituciones madrile?as y los agentes econ¨®micos y sociales. Los trabajadores madrile?os somos los primeros interesados en ganarnos la vida y convivir en un entorno seguro, y eso significa contar con unos servicios de seguridad que garantizan la protecci¨®n de las personas.

El an¨¢lisis de la situaci¨®n de la seguridad en Madrid debe permitir dotarse de estrategias compartidas por toda la sociedad para rebajar las tasas de delincuencia y aproximarnos a referentes como las ratios medias nacionales o las de las capitales europeas de nuestro entorno. Para alcanzar objetivos como la reducci¨®n de un 20% en las tasas de criminalidad hay que dotarse de un modelo de gesti¨®n de la seguridad que facilite la coordinaci¨®n entre las instituciones del Estado, las auton¨®micas y municipales, fomentando la cooperaci¨®n y colaboraci¨®n entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Polic¨ªa Municipal, programando el despliegue m¨¢s adecuado, facilitando la participaci¨®n social y garantizando una atenci¨®n integral a las v¨ªctimas, que requerir¨¢ inevitablemente, y entre otras cosas, mejorar de forma sustancial la agilidad de la justicia. Tampoco hay que olvidar que en Madrid operan numerosos efectivos de seguridad privada, que deben funcionar para el sistema general de seguridad y que deben de estar sometidos a una efectiva tutela p¨²blica.

El plan debe dotarse de programas espec¨ªficos para atender a determinados colectivos o intervenir sobre nuevas realidades, tales como la explotaci¨®n de inmigrantes irregulares, la violencia de g¨¦nero o los actos xen¨®fobos. Programas que permitan, en definitiva, prevenir las nuevas realidades en una sociedad cambiante.

Junto a la coordinaci¨®n y colaboraci¨®n hay que realizar un esfuerzo por incrementar los efectivos policiales en Madrid. Hoy contamos con menos polic¨ªas que en 1999. Teniendo en cuenta el crecimiento de la poblaci¨®n en m¨¢s de 600.000.personas, hoy ser¨ªan necesarios m¨¢s de 1.300 polic¨ªas nuevos en Madrid. Para atender las necesidades reales, y en funci¨®n de los nuevos fen¨®menos delictivos, habr¨ªa que dotarse de otros 1.000 polic¨ªas m¨¢s. Estamos hablando, por lo tanto, de esa deuda que el Estado tiene con Madrid, que obligar¨ªa a incrementar los efectivos en m¨¢s de 2.350 polic¨ªas.

Este esfuerzo debe verse acompa?ado por un mejor tratamiento salarial y de condiciones de trabajo de estos cuerpos, porque mientras los trabajadores al servicio de la Comunidad y de los ayuntamientos han podido negociar salarios y condiciones de trabajo, los trabajadores al servicio de la Administraci¨®n central se han visto encorsetados en el rigor de las limitaciones salariales y la dificultad de la r¨ªgida negociaci¨®n colectiva en este ¨¢mbito. Es una realidad conocida, reconocida, pero no solucionada. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen a¨²n m¨¢s dificultades para ejercer sus derechos sindicales, y en casos como el de la Guardia Civil les, es directamente negado. No es dif¨ªcil hacer cooperar a dos colectivos de trabajadores que, con funciones similares, tienen salarios, jornada y derechos completamente dispares.

Madrid necesitaba un Plan Regional de Seguridad que no suponga una mera reasignaci¨®n y reordenaci¨®n de efectivos policiales, como ocurri¨® con el olvidado Plan Polic¨ªa 2000, sino que parta de una visi¨®n integral e integrada de la seguridad ciudadana, que tenga en su centro a las personas, a los ciudadanos y que ponga en valor los recursos y el compromiso de las instituciones y de toda la sociedad, porque la seguridad es cosa de todos y la criminalidad no se reduce a la persona, sino que es el producto de la sociedad.

Francisco Javier L¨®pez Mart¨ªn es secretario general CC OO-Madrid.