El ¨®rgano consultivo del Gobierno tendr¨¢ competencias sobre los ayuntamientos

La Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora, el m¨¢ximo ¨®rgano consultivo de Euskadi, tendr¨¢ competencias tambi¨¦n sobre los ayuntamientos, que deber¨¢n someter a su dictamen, entre otros asuntos, los conflictos en defensa de la autonom¨ªa local que puedan plantearse. La oposici¨®n cuestiona que el Ejecutivo nombre a todos sus miembros y que el presidente y vicepresidente sean dos altos cargos gubernamentales, por considerar que no est¨¢ garantizada su independencia. Los municipios reciben ahora los informes de legalidad del Consejo de Estado. La ley se debate en pleno el mi¨¦rcoles.

La oposici¨®n sali¨® derrotada ya por el tripartito en el debate de comisi¨®n en su intento por conformar un ¨®rgano independiente del Gobierno, o al menos de composici¨®n mixta, como garant¨ªa de autonom¨ªa, imparcialidad y objetividad.

Populares y socialistas insisten en ello con varios argumentos, entre otros que mientras la comisi¨®n actual s¨®lo informa proyectos del Gobierno, su conversi¨®n en Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora de Euskadi le otorgar¨¢ competencias sobre otras instituciones y entes p¨²blicos, entre ellos los ayuntamientos. El proyecto deja expresamente fuera del ¨¢mbito de actuaci¨®n del nuevo ente consultivo a las tres diputaciones.

El presidente de la asociaci¨®n municipal Eudel, el peneuvista Karmelo Sainz de la Maza, no quiso pronunciarse sobre el contenido de la ley ni evaluar su repercusi¨®n para las administraciones locales. En medios municipales parece extendida la desinformaci¨®n o la confusi¨®n sobre el proyecto.

Un portavoz de Sainz de la Maza asegur¨® a este peri¨®dico que Eudel ni ha sido consultada ni conoce el proyecto. El Gobierno, por su parte, y as¨ª consta en la memoria enviada al Parlamento con el texto legal, asegura que el proyecto s¨ª fue remitido a la asociaci¨®n municipal y que, adem¨¢s, "se han incorporado el 98% de las sugerencias recibidas", seg¨²n un portavoz de Vicepresidencia.

La misma fuente de Eudel se?al¨® con posterioridad que la consulta s¨ª fue realizada, pero precis¨® que ello ocurri¨® "hace mucho tiempo, quiz¨¢ cinco a?os". Finalmente, Sainz de la Maza se neg¨® a responder a la petici¨®n de este peri¨®dico para que comentase las implicaciones del proyecto de ley para las corporaciones locales, pese a que entre las materias que se tendr¨¢n que someter a su informe se encuentran los conflictos que se presenten en defensa de la autonom¨ªa municipal.

Otros asuntos que los ayuntamientos tendr¨¢n que llevar obligatoriamente a informe sonla alteraci¨®n de los t¨¦rminos municipales, la nulidad o resoluci¨®n de contratos y concesiones administrativas o las reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial cuando la cantidad demandada sea igual o superior a los 6.000 euros.

Los consistorios estar¨¢n obligados a prestar su colaboraci¨®n si se lo demanda la Comisi¨®n Jur¨ªdica Asesora y a facilitarle los informes que solicite para poder realizar su trabajo. Los asuntos que dictamine no se someter¨¢n despu¨¦s a la consideraci¨®n de ning¨²n otro ¨®rgano, seg¨²n prev¨¦ la ley.

El debate del proyecto en la comisi¨®n parlamentaria concluy¨® el pasado 4 de noviembre con celeridad tras constatarse la imposibilidad de un acuerdo de fondo en el tr¨¢mite de ponencia. Tanto los socialistas como el PP mantienen sus enmiendas para la discusi¨®n en pleno, que puede programarse ya en cualquier momento.

Presidente nato

Ambos grupos de la oposici¨®n se oponen al modelo de ¨®rgano consultivo que quiere consagrar el Gobierno, con todos sus miembros designados por el Ejecutivo y que deja fuera de su alcance cometidos importantes que tienen los ¨®rganos similares de casi todas las dem¨¢s comunidades, como dictaminar los proyectos de reforma estatutaria. Los populares quieren que se cree una comisi¨®n totalmente externa al Gobierno, mientras que los socialistas piden que su composici¨®n sea mixta, con sus componentes elegidos a medias entre el Gobierno y el Parlamento.

Los dos grupos rechazan tambi¨¦n que el secretario general de R¨¦gimen Jur¨ªdico y el director de Desarrollo Legislativo y Control Normativo, dos altos cargos de Vicelehendakaritza, el departamento que actualmente encabeza Idoia Zenarruzabeitia, vayan a ser respectivamente presidente y vicepresidente natos de la Comisi¨®n.

El PSE y el PP estiman que un ¨®rgano que debe informar sobre la legalidad de los proyectos del Gobierno y tambi¨¦n, a partir de la aprobaci¨®n de esta ley, de actos de otras administraciones, debe tener su independencia e imparcialidad de todo punto salvaguardadas. Consideran que no lo est¨¢n si lo integran funcionarios que son altos cargos del Gobierno y su nombramiento queda en manos de Vicelehendakaritza, que tiene la potestad de proponerlos al Consejo de Gobierno, y de la que son subordinados a la vez.

Tambi¨¦n creen que su objetividad debe ser di¨¢fana pues en adelante deber¨¢n dictaminar actuaciones de los ayuntamientos, a los que puede plantearse la duda de si quienes emiten los informes act¨²an de modo plenamente independiente o al servicio de otra administraci¨®n con la que pueden eventualmente entrar en conflicto.