?La 'doctrina Fungairi?o'?

El 12 de abril de 2002, los Gobiernos de Estados Unidos y Espa?a difundieron una declaraci¨®n conjunta en la que daban por hecho el derrocamiento de Hugo Ch¨¢vez, y ped¨ªan que "la excepcional situaci¨®n" de Venezuela "conduzca en el plazo m¨¢s breve a la normalizaci¨®n democr¨¢tica m¨¢s plena y sirva para lograr un consenso nacional y la garant¨ªa de las libertades fundamentales". Fuentes solventes dijeron ayer en Washington a este peri¨®dico que cuatro pa¨ªses a los que se someti¨® el texto decidieron no firmar: M¨¦xico, Brasil, Argentina y Francia.

El canciller mexicano de la ¨¦poca, Jorge Casta?eda, ac¨¦rrimo enemigo de Ch¨¢vez, explic¨®, seg¨²n esas fuentes, que la declaraci¨®n supon¨ªa alimentar la sospecha de que se apoyaba la conspiraci¨®n golpista desde el exterior.

Miguel ?ngel Cort¨¦s, entonces secretario de Cooperaci¨®n con Iberoam¨¦rica, ha explicado que este texto fue pactado por ¨¦l mismo y su hom¨®logo en el Departamento de Estado norteamericano, Otto Reich, tras cinco o seis llamadas por tel¨¦fono.

Esa misma tarde del d¨ªa 12, hora de Caracas, juraba como presidente provisional Pedro Carmona, quien en sus primeros actos disolvi¨® por decreto el Parlamento y el Tribunal Supremo.

El ex secretario Cort¨¦s ha se?alado que se cursaron instrucciones al embajador espa?ol, Manuel Viturro, para que ¨¦ste acudiera el 13 de abril, junto al embajador norteamericano, Charles Shapiro, a reunirse con la autoridad de hecho de Venezuela, esto es, Carmona. Seg¨²n Cort¨¦s, esto no supon¨ªa un reconocimiento del nuevo Gobierno.

En rigor, ni en este cambio de r¨¦gimen ni en otros se planteaba el reconocimiento formal del nuevo Gobierno como tal. Por una sencilla raz¨®n: no hab¨ªa habido, por as¨ª decir, un "desconocimiento" previo o ruptura. Espa?a, como una mayor¨ªa de miembros de Naciones Unidas, practica la llamada Doctrina Estrada. La relaci¨®n es con un pa¨ªs, no con su Gobierno. Contin¨²a, pues, la relaci¨®n.

El problema de la conducta del Gobierno de Aznar no est¨¢, por tanto, en este presunto reconocimiento, sino en otras dos cuestiones. Primera, la falta de pronunciamiento de las autoridades espa?olas ante un golpe de Estado que alteraba la situaci¨®n constitucional; segunda, la ausencia de cr¨ªtica al primer decreto del nuevo Ejecutivo a trav¨¦s del cual se suspend¨ªan el Parlamento y el Tribunal Supremo.

Es curioso: en 1997, el fiscal Eduardo Fungairi?o justific¨® los golpes de Estado en Argentina y Chile porque pretend¨ªan restablecer en breve el orden constitucional.

El Gobierno de Aznar actu¨® en Venezuela junto a Washington, pero separ¨¢ndose de la mayor¨ªa de los Gobiernos latinoamericanos, con quienes manten¨ªa excelentes relaciones de Estado y personales.