La guardia baja ante el 11-M

El 13 de noviembre de 2001, apenas dos meses despu¨¦s de los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas y el Pent¨¢gono, la polic¨ªa espa?ola detuvo en Granada y en Madrid a 11 miembros de una organizaci¨®n de radicales islamistas vinculada supuestamente con los ataques terroristas de Estados Unidos.

La investigaci¨®n del juez Baltasar Garz¨®n revel¨® que el grupo detenido, dirigido por el sirio Abu Dahdah, particip¨® activamente en la planificaci¨®n del golpe mortal contra Estados Unidos. Hasta el punto que Mohamed Atta, jefe del comando del 11-S, se reuni¨® en julio de 2001 con otros terroristas en Tarragona para ultimar el ataque que caus¨® m¨¢s de 3.000 muertos en las Torres Gemelas y en el Pent¨¢gono.

Desde 2001, los polic¨ªas dedicados al terrorismo internacional han pasado de 61 a 74

El Gobierno s¨®lo incluy¨® como prioridad el radicalismo islamista en enero de 2004

Fue el primer aviso serio que recibi¨® el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar de que la amenaza islamista hab¨ªa echado ra¨ªces en Espa?a, un pa¨ªs golpeado durante los ¨²ltimos 36 a?os por el terrorismo de ETA.

Desde aquel 13 de noviembre de 2001 hasta el pasado 11 de marzo, varias operaciones policiales han destapado la existencia de c¨¦lulas de radicalismo fundamentalista con intenciones terroristas. Hasta el 11 de marzo pasado, ni la polic¨ªa ni los jueces tuvieron constancia que de los detenidos planificaran atentados dentro de Espa?a.

De tres islamistas presos en las c¨¢rceles espa?olas por actividades terroristas en 2000, se pas¨® a 20 en 2001, 16 en 2002 y 29 en 2003. Hoy ya suman 85, muchos de ellos encarcelados en el ¨²ltimo mes y medio por planear atentados suicidas indiscriminados.

La amenaza islamista sobre Espa?a se consum¨® el 11 de marzo de 2004 con la masacre de los trenes de Madrid, donde murieron 191 personas y otras 1.500 resultaron heridas.

Algunas semanas despu¨¦s del peor atentado que ha sufrido nunca Espa?a, Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, ya ex presidente, hizo autocr¨ªtica en el ep¨ªlogo del libro sobre sus ocho a?os de gobierno: "Debo reconocer que tal vez la opini¨®n p¨²blica espa?ola no era lo suficientemente consciente, hasta el 11 de marzo, del alcance de la amenaza del terrorismo isl¨¢mico, o por los menos, no tanto como lo ha sido del terrorismo de la amenaza del terrorismo de ETA. Si es as¨ª, el Gobierno tiene sin duda una responsabilidad que asumir. Quiz¨¢s los propios ¨¦xitos conseguidos en la lucha contra ETA en los ¨²ltimos a?os, nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista".

La reflexi¨®n sobre un fracaso que escribi¨® el ex presidente del Gobierno terminaba as¨ª: "Las redes del terrorismo fundamentalista isl¨¢mico est¨¢n extendidas por todo el mundo y tambi¨¦n por Europa y nuestro pa¨ªs. En algunos casos, hemos sido capaces de detectar sus movimientos a tiempo. El 11-M, desgraciadamente, no supimos hacerlo".

La gesti¨®n del Gobierno del PP entre el 11 de septiembre de 2001, cuando sucedieron los ataques terroristas en Estados Unidos, y el 11 de marzo de 2004, cuando Espa?a fue golpeada por el atentado m¨¢s grave e indiscriminado de su historia, fue incapaz de tapar las grietas existentes en el servicio p¨²blico de la Seguridad del Estado, seg¨²n ha revelado la investigaci¨®n policial, judicial y pol¨ªtica. Por esas grietas se colaron los terroristas que atacaron con bombas cuatro trenes cargados con casi 2.000 viajeros.

LAS ALERTAS Espa?a, objetivo terrorista

El primer informe que avisaba a Espa?a de la amenaza terrorista de origen islamista lleg¨® de Francia y se traslad¨® el 25 de junio de 2002 a trav¨¦s de la subdirecci¨®n de operaciones de la Guardia Civil. Dec¨ªa as¨ª: "Noticias sin confirmar alertan sobre la posibilidad de un atentado terrorista de Al Qaeda en territorio nacional. En consencuencia, disponga que se intensifiquen las medidas de protecci¨®n, en especial de objetivos relacionados con intereses de Estados Unidos e Israel".

Tras esta advertencia llegaron otras muchas, m¨¢s de dos decenas, que ped¨ªan que se incrementara la prevenci¨®n, la protecci¨®n de determinados lugares y el nivel de alerta. Entre esas alarmas, est¨¢n las que siguen:

- 12 de marzo de 2003. (ocho d¨ªas antes del comienzo de la guerra de Irak). Guardia Civil: "No puede descartarse la comisi¨®n de actos il¨ªcitos de diversa ¨ªndole, incluso de car¨¢cter terrorista, por grupos radicales, inclu¨ªdos movimientos extremistas musulmanes". El informe recomendaba extremar la vigilancia, especialmente en inteligencia, y reforzar la protecci¨®n en aeropuertos, estaciones de trenes y autobuses.

- 16 de mayo de 2003 (un mes despu¨¦s de los ataques de 14 suicidas en Casablanca con el resultado de 45 muertos, cuatro de ellos espa?oles). Ana Palacio, ministra de Exteriores entonces, neg¨® que aquel ataque terrorista fuera contra los intereses espa?oles ni que estuviera relacionado con el apoyo de Espa?a a la guerra de Irak. El informe, redactado por un comandante, se?alaba que la amenaza era importante y que Espa?a pod¨ªa vivir una situaci¨®n parecida a la de Casablanca.

- 28 de noviembre de 2003. (Unidad Central de Informaci¨®n Exterior de la Polic¨ªa Nacional). "Espa?a figura ya como un objetivo declarado por Al Qaeda, y esta organizaci¨®n est¨¢ cumpliendo sus amenazas, atentando contra pa¨ªses que han sido recientemente inclu¨ªdos como tales, por lo que cabe deducir que Espa?a podr¨ªa ser objetivo, bien en nuestro territorio, bien contra intereses espa?oles en otro pa¨ªs, en fechas pr¨®ximas".

- 22 de diciembre de 2003. El apoyo de Espa?a a la guerra era, seg¨²n Europol, un "riesgo adicional".

- Directiva de Inteligencia aprobada en enero de 2004. Elaborada en diciembre de 2003 por la Comisi¨®n Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y aprobada en enero de 2004 por el Centro Nacional de Inteligencia. Por primera vez incluye el terrorismo radical islamista entre las prioridades del CNI y recomienda adoptar acciones preventivas y operaciones de inteligencia ante el aumento del riesgo.

ACCIONES PREVENTIVAS Sin traductores ni polic¨ªas

El Gobierno del PP permaneci¨® dos a?os, entre noviembre de 2001, cuando se detuvo en Espa?a a una c¨¦lula islamista relacionada con los atentados en Estados Unidos, y diciembre de 2003, cuando ya hab¨ªan sido desarticuladas varias c¨¦lulas radicales m¨¢s, sin incluir en su directiva de inteligencia -la estrategia para combatir el terrorismo- esta amenaza cierta.

Respecto a las medidas de protecci¨®n especial de aeropuertos, estaciones de autobuses o de trenes que solicitaba un informe de la Guardia Civil, o a la petici¨®n de incremento de las acciones preventivas y de las operaciones de inteligencia que reclamaba el Centro Nacional de Inteligencia, no hay ni rastro en los acuerdos de los Consejos de Ministros celebrados en ese periodo o en las declaraciones p¨²blicas de quienes fueron los responsables de la Seguridad del Estado.

Plantillas policiales. El incremento de las plantillas dedicadas al terrorismo internacional apenas fue relevante en esta etapa. La polic¨ªa pas¨® de 61 agentes en 2001 a 74 en 2004. La guardia Civil pas¨® de contar 44 efectivos a 62.

Traductores. En las c¨¢rceles espa?olas no hab¨ªa traductores de ¨¢rabe pese a que la presencia de internos acusados de actividades terroristas se increment¨® desde el 11 de septiembre de 2001. El secretario de Estado de Seguridad, Jos¨¦ Ignacio Astarloa, asegur¨® en el Congreso el pasado 18 de noviembre que nadie se lo hab¨ªa pedido: "No, nunca recib¨ª de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni realmente de nadie en el Ministerio del Interior, una petici¨®n, ni gen¨¦rica ni espec¨ªfica, sobre que se incrementase el n¨²mero de traductores de ¨¢rabe".

En la direcci¨®n general de Instituciones Penitenciarias, las cintas grabadas a reclusos islamistas detenidos por supuestas actividades terroristas eran borradas tras ser almacenadas durante dos meses sin que nadie las reclamase. No hab¨ªa ni un s¨®lo traductor.

El PP quit¨® valor a la grabaci¨®n de conversaciones de presos islamistas acusados de actividades terroristas porque, seg¨²n argumentaron los dirigentes de este partido, esos reclusos conoc¨ªan que sus comunicaciones estaban intervenidas. El mismo partido, s¨®lo unos meses antes, hab¨ªa dado gran valor a la transcripci¨®n de unas conversaciones en las c¨¢rceles entre presos etarras y presos islamistas para barajar la posibilidad de colaboraci¨®n entre ambos grupos terroristas.

TERRORISMO EN LAS C?RCELES La constituci¨®n de c¨¦lulas

Entre 2001 y 2003, seg¨²n un auto del juez Baltasar Garz¨®n, algunas c¨¢rceles espa?olas se convirtieron en el escenario donde germinaron c¨¦lulas terroristas muy peligrosas. Garz¨®n lleg¨® a explicar en alguno de sus autos judiciales que se trataba de presos condenados por cometer delitos comunes que se radicalizaban en los penales.

El Gobierno del Partido Popular se preocup¨® realmente por los islamistas presos el 13 de marzo de 2004, dos d¨ªas despu¨¦s de los atentados en los trenes de Madrid.

Fue el entonces secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, quien reclam¨® de la direcci¨®n general de Instituciones Penitenciarias un informe sobre las relaciones entre presos etarras y reclusos de origen islamista. En torno al informe que hizo Instituciones Penitenciarias, donde se recog¨ªan seis contactos entre etarras e islamistas (cuyas comunicaciones estaban intervenidas), el PP formul¨® sus sospechas respecto a la relaci¨®n entre ETA y los violentos fundamentalistas que ning¨²n experto en la lucha antiterrorista ha avalado hasta el momento y que los expertos de Seguridad de Instituciones Penitenciarias han negado en distintos informes.

CONTROL DE EXPLOSIVOS La inseguridad privada

Desde 1968, Espa?a sufre un grave problema de terrorismo que ha dejado casi 1.000 muertos: 817 atribuidos a la banda terrorista ETA, y otros 191 correspondientes al atentado m¨¢s grave en la historia del pa¨ªs, cometido por islamistas radicales el pasado 11 de marzo.

Muchos de los cr¨ªmenes de ETA se hicieron con coches bomba cargados de dinamita, que en los ¨²ltimos a?os correspond¨ªa a partidas robadas en Francia de la marca Titadyne.

El explosivo con el que se perpetr¨® el atentado de los trenes en Madrid, dinamita del tipo Goma 2 ECO, fue robado en Asturias, en la mina Conchita. La falta de controles de seguridad en esa mina consta en uno de los informes de la Guardia Civil solicitado por el juez Juan del Olmo, que investiga la masacre de los trenes.

El ex minero Jos¨¦ Emilio Su¨¢rez Trashorras, seg¨²n el relato judicial, aprovech¨® su conocimiento de la explotaci¨®n minera para facilitar m¨¢s de 200 kilos de dinamita, primero en tres viajes a Madrid de conocidos suyos cargados con bolsas de Goma 2, y luego en el desplazamiento de tres de los terroristas a la mina.

En Asturias, s¨®lo una veintena de guardias civiles de los 1.600 agentes que hay en esta comunidad se dedican al control de los polvorines.

La Unidad Central de Inteligencia de la Polic¨ªa Nacional ha alertado en un informe sobre el deficiente control de explosivos en un pa¨ªs como Espa?a donde existen 10.000 polvorines y se fabrican cada a?o 4.000 toneladas de Goma 2.

La Confederaci¨®n Nacional de Empresarios de la Miner¨ªa y Metalurgia ha denunciado en un escrito remitido al ministerio del Interior que "el control del uso de los explosivos, sometido a una intervenci¨®n permanente de la Guardia Civil, se ha ido derivando en los ¨²ltimos cuatro a?os hacia las empresas usuarias ...provocando una significativa p¨¦rdida de la eficacia alcanzada por la seguridad p¨²blica". La patronal resumi¨® sus preocupaciones en el tercer punto de su escrito al ministerio:

- "La p¨¦rdida del nivel de eficacia de la seguridad p¨²blica al dejar de prestar funciones de vigilancia los Cuerpos de Seguridad del Estado y trasvasar estas funciones a j¨®venes sin una preparaci¨®n adecuada, decisi¨®n que contrasta con lo que sucede en otros pa¨ªses que sufren la lacra del terrorismo, en los que la protecci¨®n de todo el sector es encomendada, incluso, a las Fuerzas Armadas".

El ministerio del Interior modific¨® la normativa en junio pasado para extremar los controles sobre el uso de explosivos y se ha comprometido a modificar el C¨®digo Penal para castigar con c¨¢rcel la custodia irregular de dinamita.

DESCOORDINACI?N POLICIAL Investigaci¨®n fracasada

La polic¨ªa y la Guardia Civil investigaron en varias ocasiones el tr¨¢fico ilegal de explosivos en Asturias, sin saber que detr¨¢s de aquellas actividades delictivas podr¨ªan estar los islamistas que colocaron 13 bombas en los trenes que cubr¨ªan el recorrido entre Alcal¨¢ de Henares y Madrid.

La polic¨ªa ten¨ªa como confidente a Jos¨¦ Emilio Su¨¢rez Trashorras, quien s¨®lo hablaba a los agentes de operaciones relacionadas con el tr¨¢fico de drogas, ocult¨¢ndoles sus negocios relacionados con el robo de explosivos. Su¨¢rez Trashorras fue finalmente el principal colaborador de los terroristas para conseguir el explosivo del 11-M.

La Guardia Civil ten¨ªa como confidentes a un traficante de drogas, Raf¨¢ Zouhier, que habl¨® a un agente del instituto armado de la venta ilegal de explosivos en febrero de 2003, y a Lavandero, que le cont¨® al agente Campillo que Antonio Toro y su cu?ado Jos¨¦ Emilio Su¨¢rez Trashorras traficaba con dinamita y buscaba gente que supiera montar bombas con tel¨¦fonos m¨®viles.

Esas investigaciones destaparon una grave descoordinaci¨®n entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hasta el punto de que ni siquiera hab¨ªa intercambio de informaci¨®n entre dos comandancias de la Guardia Civil, como son las de Gij¨®n y Oviedo, separadas por s¨®lo unos pocos kil¨®metros. La polic¨ªa nunca supo de los confidentes de la Guardia Civil y la Guardia Civil nunca supo que persegu¨ªa a un supuesto traficante de explosivos que era confidente de la polic¨ªa.

En el curso de una investigaci¨®n por tr¨¢fico de drogas, conocida como Operaci¨®n Pipol, la polic¨ªa asturiana descubri¨® en un garaje de los supuestos narcotraficantes Antonio Toro y Jos¨¦ Emilio Su¨¢rez Trashorras una importante cantidad de hach¨ªs, 16 cartuchos de Goma 2 Eco y 94 detonadores el¨¦ctricos.

La Delegaci¨®n del Gobierno en Asturias recibi¨® una comunicaci¨®n de la polic¨ªa sobre este extra?o alijo. La instrucci¨®n judicial de esa operaci¨®n policial despreci¨® los explosivos y no plante¨® ninguna diligencia para conocer su origen.

La Guardia Civil no conoci¨® esta operaci¨®n sobre explosivos, pese a que la dinamita corresponde a sus competencias de investigaci¨®n, hasta que el confidente Lavandero les habl¨® de Toro y su supuesto negocio de tr¨¢fico de explosivos. Pero cuando lleg¨® ese momento, agosto de 2001, Toro andaba encarcelado por tr¨¢fico de drogas. Y cuando volvieron a investigar, febrero de 2003, no hallaron nada.

El n¨²mero dos del Ministerio del Interior cuando se produjeron estas investigaciones frustradas era Ignacio Astarloa. Su juicio sobre estos hechos qued¨® grabado as¨ª en el diario de Sesiones del Congreso: "Esto no es eficiencia policial, es un disparate, es un desastre. Y entiendo que ese desastre es sobre el que tenemos que aclarar d¨®nde est¨¢n las responsabilidades. Yo tengo que decir con toda claridad que de la mayor¨ªa de esas cuestiones yo no tengo ni la m¨¢s m¨ªnima noticia mientras soy secretario de Estado de Seguridad, ni la m¨¢s m¨ªnima".