El Tribunal de Cuentas no aprecia merma patrimonial en Castro Urdiales

El Tribunal de Cuentas estatal no ha apreciado ninguna merma de patrimonio en la gesti¨®n del Ayuntamiento de Castro Urdiales entre 1999 y 2002. El m¨¢ximo ¨®rgano auditor espa?ol precisa, con todo, que no ha realizado una investigaci¨®n a fondo de la demanda planteada por el PP hace dos a?os y que sus conclusiones se basan exclusivamente en la documentaci¨®n que le ha remitido el propio consistorio. La situaci¨®n de la corporaci¨®n c¨¢ntabra tambi¨¦n est¨¢ siendo investigada por la Fiscal¨ªa de Santander por un presunto desv¨ªo de fondos de 10 millones de euros y el pago de facturas sin consignaci¨®n presupuestaria por valor de m¨¢s de seis millones de euros.

La actuaci¨®n del Tribunal de Cuentas parte de una demanda planteada por el grupo municipal del PP en 2002, que se?alaba la existencia de facturas sin consignaci¨®n, ausencia de partidas de aprovechamientos urban¨ªsticos y anomal¨ªas en la plantilla. La corporaci¨®n no ha aprobado a¨²n sus cuentas de 2000 y 2001 y las de 2002 se validaron el pasado mes junio.

La demanda del PP fue archivada en principio porque el fiscal del Tribunal adujo que un particular (en este caso, un edil popular) no est¨¢ legitimado para pedir una fiscalizaci¨®n de este organismo, que interviene a petici¨®n del Parlamento o por iniciativa propia. Sin embargo, tras el recurso presentado por el PP, el Tribunal acept¨® en marzo el inicio de actuaciones previas, seg¨²n fuentes de esta instituci¨®n.

En junio pasado, el organismo fiscalizador envi¨® un escrito al Ayuntamiento en el que le solicitaba diversa documentaci¨®n: una certificaci¨®n de la composici¨®n de la plantilla en 1999 y sus modificaciones posteriores, incluyendo las retribuciones, una copia compulsada de las aprobaciones de complementos retributivos especiales y un listado de quienes los cobran, y las subvenciones concedidas entre 1999 y 2003, especificando sus adjudicatarios y las cantidades aprobadas. El listado incluye tambi¨¦n los cr¨¦ditos bancarios prescritos desde 1999 y el listado de deudores del consistorio con la cuant¨ªa total de la deuda.

En noviembre, el Tribunal de Cuentas, a trav¨¦s de su unidad de actuaciones previas, llam¨® a declarar por un "presunto alcance", t¨¦rmino que se utiliza para definir la merma de patrimonio municipal, al secretario del consistorio y a un representante del grupo local popular. La declaraci¨®n se produjo el pasado d¨ªa 16.

El auditor instructor del caso, Andreu Cueto, se?al¨® a este diario que el informe provisional elaborado no aprecia "indiciariamente" la merma de patrimonio en la gesti¨®n de los fondos municipales. Sin embargo, precis¨® que la investigaci¨®n se ha basado s¨®lo en la documentaci¨®n enviada por el consistorio, "sin entrar a fondo" en sus cuentas.

Actuaci¨®n de la Fiscal¨ªa

El instructor asegura que el caso se puede retomar si el grupo del PP aporta m¨¢s datos. "Entonces se empezar¨ªa a estudiar el fondo del asunto, lo que no se ha hecho hasta ahora", apunt¨®. Este auditor agreg¨® que otra posibilidad es que, si existen nuevos datos, el Tribunal de Cuentas incluya en su plan de trabajo la fiscalizaci¨®n de Castro Urdiales.

Estas actuaciones se unen a las iniciadas en verano por la Fiscal¨ªa de Santander, tras la denuncia presentada por el interventor municipal, Fernando Urrutikoetxea. Las acusaciones se refieren principalmente a actuaciones de la anterior corporaci¨®n, gobernada por el PSOE, pero tambi¨¦n incluyen anomal¨ªas del nuevo equipo tripartito formado por el Partido Regionalista de Cantabria, el PP e IU.

Una de las principales denuncias es el presunto desv¨ªo de 10 millones de euros, de los que la mitad provendr¨ªa de aprovechamientos urban¨ªsticos. El interventor sostiene que el consistorio c¨¢ntabro no cobra el 10% estipulado del valor de las operaciones de recalificaci¨®n y que el dinero obtenido se dedica a gasto corriente en vez de a inversiones en viviendas como establece la normativa de Cantabria.

La demanda cita tambi¨¦n el pago de facturas sin consignaci¨®n presupuestaria por m¨¢s de seis millones y supuestas irregularidades en la plantilla local, como nombrar arquitecto municipal a una persona "sin ning¨²n tipo de t¨ªtulo jur¨ªdico v¨¢lido" o el nombramiento del edil de Hacienda como tesorero municipal.