Las urgencias del Gobierno ante los cambios del Supremo

Cuando el PSOE lleg¨® al Gobierno, en abril pasado, los nombramientos de jueces para el Tribunal Supremo que decid¨ªa el Consejo General del Poder Judicial ya eran motivo de un fuerte enfrentamiento entre la mayor¨ªa conservadora de ese ¨®rgano (los 11 vocales elegidos a propuesta del PP) y la minor¨ªa progresista (siete vocales apoyados por el PSOE).

Los vocales progresistas denunciaban desde hace tiempo que los conservadores copaban con sus candidatos hasta extremos insoportables los puestos que quedaban vacantes. Como ejemplo recordaban que las ¨²ltimas cuatro vacantes que se hab¨ªan producido en la Sala Segunda del Supremo, encargada, entre otras funciones, de juzgar los casos que afecten a miembros del Gobierno, la mayor¨ªa conservadora hab¨ªa impuesto a sus candidatos.

Pese a esta recurrente queja, el Gobierno socialista no present¨® en sus primeros meses de mandato la reforma legal que obligaba a sumar una mayor¨ªa de tres quintos en el Consejo para aprobar los nombramientos de jueces. Lo hizo hace s¨®lo mes y medio, con el calendario justo para que su entrada en vigor coincidiera con la renovaci¨®n de hasta nueve puestos en el Supremo.

Ausencia de diputados

La tramitaci¨®n en el Congreso de la reforma legal sigui¨® el gui¨®n previsto, con el rechazo de la enmienda a la totalidad que present¨® el PP solicitando la devoluci¨®n del texto al Gobierno y con la votaci¨®n del texto en lectura ¨²nica. Fue aqu¨ª donde el Ejecutivo se estrell¨® debido a las ausencias de 18 parlamentarios socialistas, entre ellos, el presidente del Gobierno y cinco ministros. La reforma afectaba a una Ley Org¨¢nica, por lo que necesitaba la mayor¨ªa absoluta de la C¨¢mara (176 diputados). Ahora el Ejecutivo ha vuelto a aprobar un nuevo proyecto de ley. La comisi¨®n permanente del Consejo General del Poder Judicial aprob¨® ayer por tres votos, de vocales propuestos por el PP, frente a dos de propuestos por el PSOE, pedir al Gobierno que remita al Consejo el proyecto de ley de reforma del nombramiento de altos cargos judiciales, para su informe. El acuerdo se someter¨¢ a ratificaci¨®n del pleno.

Juan Carlos Campo, uno de los dos vocales de la minor¨ªa, consider¨® ayer "superfluo e innecesario" dicho informe, "ya que fue informado, como es preceptivo, el anteproyecto de ley, de id¨¦ntico contenido". Campo explic¨®: "La funci¨®n del Consejo es contribuir a mejorar el proceso prelegislativo, que ya qued¨® concluido, sin necesidad de repetir el informe en pleno proceso legislativo, como en el que nos encontramos tras la remisi¨®n por parte del Gobierno del proyecto de ley a las Cortes".