Batalla por la Sala Penal

La renovaci¨®n de altos cargos judiciales en el Tribunal Supremo, entre ellos tres presidentes de Sala, ha llevado al Gobierno socialista a impulsar un nuevo sistema de nombramientos que pretende acabar con el ¨²ltimo reducto de poder del PP en las instituciones, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PSOE quiere evitar que en los dos a?os que les restan de mandato, los vocales afines al PP tengan la llave de los nombramientos en la c¨²pula judicial, y sobre todo impedir un mayor desequilibrio entre conservadores y progresistas en la Sala Penal del Tribunal Supremo.

?Por qu¨¦ toda la pugna se centra en controlar la Sala Penal? "No hay m¨¢s que echar un vistazo a la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para ver que entre las competencias de la Sala Penal consta la instrucci¨®n y enjuiciamiento de las causas penales contra el presidente y miembros del Gobierno, presidentes del Congreso y el Senado, diputados y senadores, la c¨²pula de la Judicatura y la Fiscal¨ªa, etc¨¦tera", se?ala el vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando Salinas.

En Espa?a, tener la llave de la Sala Penal se asocia a disponer de la llave de la c¨¢rcel

La relaci¨®n de fuerzas entre jueces de la Sala Penal es 9 a 7 a favor de los conservadores

En Espa?a, lo mismo que en Italia, donde Berlusconi personifica la batalla por el control de la jurisdicci¨®n penal, tener la llave de la Sala Penal se asocia de alguna manera a poder disponer de la llave de la c¨¢rcel.

"Tampoco es que, llegado el caso, los jueces vayan a dejar de ser imparciales, pero la sensibilidad puede variar hacia un lado u otro y por eso es importante que exista pluralidad entre los magistrados. Y a efectos jur¨ªdico-pol¨ªticos, no es lo mismo que exista pluralidad en la Sala Penal, que en lo Contencioso o en lo Laboral", a?ade el vicepresidente Salinas.

Los socialistas no olvidan que en el pasado, la Sala Segunda estuvo a punto de sentar en el banquillo al entonces presidente Felipe Gonz¨¢lez, al vicepresidente Alfonso Guerra, y conden¨® a penas de 10 a?os de prisi¨®n al ministro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera.

En cambio, durante los ocho a?os de mandato del PP, y con un presidente conservador durante los cinco ¨²ltimos, la Sala Penal ha rechazado cuantos intentos se han dirigido a investigar conductas como la de ex ministro Josep Piqu¨¦, por la presunta venta irregular de la petrolera Ertoil, o la de Jaume Matas, por supuesto fraude electoral. Tambi¨¦n ha rechazado m¨¢s de mil querellas contra el ex presidente Aznar relacionadas con la guerra de Irak.

Vocales del Poder Judicial y magistrados progresistas se quejan de que el sector mayoritario y conservador del Poder Judicial s¨®lo ha nombrado para la Sala Penal magistrados conservadores en los ¨²ltimos tres a?os. "De los ¨²ltimos ocho magistrados nombrados para la Sala Penal, s¨®lo uno ha sido del sector progresista" agregan dichas fuentes.

Salinas es partidario de buscar jueces que no generaran recelos ni en un sector ni en otro, ni excesivamente progresistas ni excesivamente conservadores y pone un ejemplo: "La Sala Penal deber¨ªa funcionar como una orquesta, con un buen director, que conociera todas las sensibilidades y con m¨²sicos que toquen todos los instrumentos. Pero si s¨®lo nombramos trompetistas, por mucho m¨¦rito que tengan, esa orquesta no va a funcionar" .

Fuentes del Supremo y del Poder Judicial coinciden en que la Sala Penal estaba m¨¢s o menos equilibrada hasta que los ¨²ltimos cuatro nombramientos recayeron sobre magistrados conservadores, inclinando la balanza hacia la derecha.

Seg¨²n cuentan fuentes judiciales, a d¨ªa de hoy, la relaci¨®n de fuerzas entre los 16 magistrados que componen la Sala Segunda es de 9 a 7 a favor de los conservadores. Aunque, a diferencia del Poder Judicial, los bloques no son monol¨ªticos y de hecho las posiciones en muchos asuntos son perfectamente intercambiables, se considera de extracci¨®n conservadora al presidente, Luis Rom¨¢n Puerta, y a los magistrados Joaqu¨ªn Delgado, Juan Saavedra, Juli¨¢n S¨¢nchez Melgar, Jos¨¦ Ram¨®n Soriano, Miguel Colmenero, Jos¨¦ Manuel Maza, Francisco Monterde y Juan Ram¨®n Berdugo.

En el sector m¨¢s progresista se sit¨²a a Enrique Bacigalupo, Siro Garc¨ªa, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, Carlos Granados, Joaqu¨ªn Jim¨¦nez, Andr¨¦s Mart¨ªnez Arrieta y Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez.

Magistrados de la Sala Penal de distintos sectores coinciden en que los ¨²ltimos a?os han mantenido una "buena relaci¨®n", con algunos momentos de "mayor tensi¨®n dial¨¦ctica" relacionados con la investigaci¨®n a los ex ministros Piqu¨¦ y Matas y las querellas contra Aznar.

En cambio, la Sala cerr¨® filas cuando el Gobierno del Partido Popular intent¨® imponerle el reingreso del expulsado juez Javier G¨®mez de Lia?o a la carrera judicial. El presidente, y todos los magistrados menos uno, se negaron a aplicar el indulto y acabaron yendo a un conflicto de jurisdicci¨®n con el Gobierno.

En cambio, la Sala volvi¨® a resquebrajarse en dos partes al establecer, por un s¨®lo voto de diferencia, la doctrina a seguir por Espa?a con respecto al enjuiciamiento de los delitos de genocidio, en la querella de la premio Nobel Rigoberta Mench¨² contra los presuntos autores del genocidio maya en Guatemala.

En el grado de politizaci¨®n de la Sala influyen tambi¨¦n, aunque no es algo que trascienda tanto, "fen¨®menos que se est¨¢n utilizando para dirimir conflictos municipales a trav¨¦s de querellas por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n de caudales o delitos urban¨ªsticos en aquellos sitios en que el alcalde es tambi¨¦n senador y tiene fuero", explica el magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, que con 15 a?os ya en la Sala Penal es uno de jueces m¨¢s veteranos del Tribunal Supremo.

"Adem¨¢s, es urgent¨ªsimo regular la tramitaci¨®n y funcionamiento de la Secretar¨ªa de Causas Especiales [la que lleva los procesos dirigidos contra aforados]. El sistema actual no sirve y se necesitar¨ªa que la Sala Penal contase con un juez instructor, porque la carga de la investigaci¨®n y la instrucci¨®n de un proceso penal contra aforados no es propia de un Tribunal Supremo", concluye el magistrado.