El Gobierno y el sector preparan un plan para salvar la crisis del vino

Todos las administraciones y el sector coinciden en las l¨ªneas generales para poner en marcha un plan encaminado a salvar la actual crisis del vino. Tras la celebraci¨®n la pasada semana de unas primeras jornadas de debate en Galicia, el Ministerio de Agricultura se ha comprometido a elaborar ese plan en el plazo de seis meses. El Gobierno tambi¨¦n pretende apoyar a la industria agroalimentaria frente a las grandes cadenas comerciales.

La administraciones central y auton¨®mica, los Consejos Reguladores de Denominaci¨®n de Origen, industriales y productores coinciden en que el nuevo plan para solventar la crisis del vino pasa por un cambio desde la producci¨®n al consumo.

Los problemas en el sector del se resumen en la existencia de una producci¨®n media de unos 46-47 millones de hectolitros frente a un consumo interno a la baja de 12 millones de hectolitros, el destino de seis millones de hectolitros para mostos y una exportaci¨®n de unos 11 millones de hectolitros en buena parte en forma de graneles. Esas cifras suponen el riesgo de fuertes excedentes que actualmente se destinan en parte -m¨¢s de siete millones de hectolitros- a la quema para obtener alcohol para uso de boca.

Frente a esta situaci¨®n, el conjunto del sector est¨¢ de acuerdo en mantener el actual potencial productivo con una superficie de 1,04 millones de hect¨¢reas. En esta l¨ªnea, se defiende no dar libertad para nuevas plantaciones de vi?edo. Para limitar la oferta, se optar¨ªa por un mayor control de rendimientos en lugar de los abandonos o arranques.

En relaci¨®n con la demanda se coincide en la necesidad de aumentar la interna v¨ªa calidad y moderaci¨®n en los precios al consumo, y apoyar las exportaciones de vinos envasados en lugar de las ventas de graneles.

En cuando a la organizaci¨®n del sector, se apoya la constituci¨®n de un ¨®rgano compuesto por Administraci¨®n central, comunidades aut¨®nomas, productores e industriales donde se defina toda la pol¨ªtica para el vino. Desde las industrias no se rechaza la posibilidad de aplicar en el futuro m¨¢s contratos a medio y largo plazo para lograr una mayor estabilidad en los mercados.

En el caso concreto de esta campa?a, con una cosecha de 46,3 millones de hectolitros, el sector teme una mayor ca¨ªda de precios fundamentalmente por dos razones. Primera, por una ca¨ªda de las exportaciones al bajar las ventas de graneles a Italia y Francia por sus buenas cosechas. Segunda, ante la posibilidad de no poder entregar para la quema con destino a alcohol para uso de boca los 7,6 millones de hectolitros de la campa?a anterior al haber m¨¢s excedentes en toda la Uni¨®n Europea.

Control de la venta minorista

Otro de los objetivos que se ha marcado Agricultura para esta legislatura es lograr un mayor equilibrio entre los intereses de la industria agroalimentaria y la gran distribuci¨®n.

Seg¨²n el director general de Industrias Agrarias y Alimentarias, Jorge Santiso, las peque?as y medianas industrias agroalimentarias constituyen un punto muy importante en el conjunto de la actividad econ¨®mica y muy especialmente para el mantenimiento de la actividad y el empleo en el medio rural, uno de los objetivos que se contemplan el programa socialista. Frente a los miles de empresas dedicadas a esta actividad con un volumen de ventas en muchos casos reducido, el responsable de Agricultura se?ala que en la otra parte de la balanza se ha producido un fuerte proceso de concentraci¨®n donde media docena de grandes grupos controlan la mayor parte de la venta minorista de bienes de consumo.

Para Jorge Santiso, esta situaci¨®n supone un desequilibrio a la hora de negociar y considera necesario un cambio. Estima que la gran distribuci¨®n es fundamental para las ventas de peque?as y medianas empresas y reconoce el papel de grupos como Carrefour adquiriendo mercanc¨ªas a m¨¢s de 4.000 peque?as empresas.

Pero en paralelo, reclama un mayor equilibrio en materia de precios de compra para no forzar en los mismos bajas excesivas. Igualmente se aboga por el cumplimiento de los plazos de pago y por unas condiciones que no asfixien a los industriales agroalimentarios o a los proveedores agrarios, fundamentalmente cooperativas de segundo grado.

El sector, a trav¨¦s de la Federaci¨®n de Industrias de Alimentaci¨®n y Bebidas, mantiene un viejo contencioso sin respuesta de Econom¨ªa y Hacienda, frente a la gran distribuci¨®n contra los precios bajos y por el cumplimiento real de los plazos de pago marcados por la normativa en vigor, 30 d¨ªas para los productos frescos y 60 para los de gran consumo no perecederos.