La Abogac¨ªa del Estado no aval¨® los contratos millonarios de la Zona Franca de C¨¢diz con Miami

La Abogac¨ªa del Estado no aval¨® "en ning¨²n momento" el contrato de 4,2 millones de euros que firm¨® la Zona Franca de C¨¢diz a finales de 2000 con la empresa Miami Free Zone para crear una red inform¨¢tica de comercio exterior que "nunca se desarroll¨® y que hoy a¨²n no existe", seg¨²n los t¨¦cnicos del recinto fiscal. La Abogac¨ªa del Estado tampoco emiti¨® ning¨²n informe contrario para poder anular este contrato una vez firmado, como adujo el ex delegado Miguel Osuna, para justificar que mantuvo los pagos que inici¨® su antecesor, Manuel Rodr¨ªguez de Castro.

En respuesta a un cuestionario trasladado por EL PA?S a la Abogac¨ªa del Estado a trav¨¦s de la Zona Franca, la Abogac¨ªa niega que tenga en su poder informes jur¨ªdicos sobre las condiciones en las que Miami Free Zone obtuvo este contrato cuando un informe del Interventor del Ministerio de Hacienda detalla que esta empresa incumpli¨® numerosos puntos del pliego de condiciones del concurso p¨²blico convocado por la Zona Franca. "Hasta el momento, no se solicit¨® informe jur¨ªdico sobre este contrato o el incumplimiento del pliego", afirma la Abogac¨ªa del Estado que desconoce, por tanto, que la direcci¨®n de esta sociedad, con sede en Florida, no present¨® el preceptivo certificado sobre esta empresa de la Embajada de Espa?a.

Miami Free Zone tampoco aport¨® referencias sobre su solvencia t¨¦cnica, profesional y econ¨®mica, y no hubo recepci¨®n f¨ªsica de la oferta, sino por correo electr¨®nico cinco d¨ªas antes de que expirase el plazo del concurso p¨²blico. Esta empresa no desglos¨® en su oferta datos econ¨®micos ni el personal que iba a destinar a este negocio. A la direcci¨®n actual de la Zona Franca le sorprende adem¨¢s que un contrato de esta elevada cuant¨ªa -4,2 millones de euros- se adjudicase a una empresa que es una sociedad limitada con un capital social de s¨®lo 1.000 d¨®lares. Todos estos supuestos impedimentos no impidieron a Rodr¨ªguez de Castro firmar este contrato millonario que "en ning¨²n momento" fue analizado por la Abogac¨ªa del Estado.

La Abogac¨ªa del Estado niega asimismo que se le consultase sobre este contrato una vez firmado para su posterior anulaci¨®n. Esta versi¨®n contrasta con las explicaciones que aport¨® Miguel Osuna, quien afirm¨® que solicit¨® un informe a la Abogac¨ªa del Estado "por si ese contrato se pod¨ªa anular". "En la Abogac¨ªa del Estado me dijeron que no porque el ¨²nico requisito de la Ley de Contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Al firmar un contrato con un no residente, ten¨ªa unos derechos objetivos y si no lo cumpl¨ªamos nos pod¨ªan demandar y probablemente hubi¨¦semos perdido el juicio", afirm¨® Osuna en una entrevista publicada por EL PA?S el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, la Abogac¨ªa del Estado niega que le solicitaran un informe y que impidiese la posible anulaci¨®n. "No se ha localizado en los archivos de Zona Franca copia de escrito en el que solicitase informe sobre esta operaci¨®n y menos a¨²n sobre la resoluci¨®n de este contrato", responde la Abogac¨ªa del Estado, que, con todo, aclara que este tipo de consultas no son "preceptivas" para operaciones de sociedades dependientes del Consorcio de la Zona Franca.

La Abogac¨ªa del Estado confirma adem¨¢s que junto con la Fiscal¨ªa del Tribunal de Cuentas del Estado han interpuesto conjuntamente un procedimiento de enjuiciamiento contable y penal por presunta responsabilidad en varios delitos contables contra Manuel Rodr¨ªguez de Castro (EL PA?S, 24 noviembre), a quien exigen que devuelva ¨ªntegramente los 606.000 euros de gastos en viajes, hoteles, restaurantes, regalos, asesor¨ªas y mediante tarjetas de cr¨¦dito que no justific¨® durante su gesti¨®n al frente del recinto fiscal gaditano. Asimismo, esta denuncia para el "resarcimiento del dinero p¨²blico" incluye una "posible derivaci¨®n penal", con posibles penas de c¨¢rcel.

Por lo dem¨¢s, este ¨®rgano niega que "le conste" que Rodr¨ªguez de Castro u Osuna actuasen en contra de las indicaciones de la Abogac¨ªa del Estado en otras operaciones. Con todo, a?ade que no tiene como "atribuci¨®n" hacer un seguimiento "ulterior" de las cuestiones previamente informadas para comprobar si la Zona Franca acept¨® o no las indicaciones de las consultas.