Los consejeros del PP rechazan el plan del Gobierno para reducir el gasto farmac¨¦utico

Los siete consejeros de las comunidades gobernadas por el PP expresaron ayer a la ministra de Sanidad, Elena Salgado, su oposici¨®n "frontal" a uno de los asuntos principales sometidos a debate en el Consejo Interterritorial: el plan de pol¨ªtica farmac¨¦utica del Gobierno. Los consejeros del PP, a los que se uni¨® el representante de Canarias, seg¨²n aseguraron asistentes a la reuni¨®n, mantuvieron su oposici¨®n al prop¨®sito del Ministerio de suspender el sistema de precios de referencia de los f¨¢rmacos (el m¨¢ximo que la seguridad Social est¨¢ dispuesta a subvencionar) y decretar un descenso del 4% en el coste de los medicamentos para 2005 y del 2% para 2006.

Adem¨¢s, el plan prev¨¦ una rebaja de los m¨¢rgenes de las empresas dedicadas a la distribuci¨®n, y de las farmacias, por lo que ha sido criticado por los representantes sectoriales, menos el de la asociaci¨®n de fabricantes de gen¨¦ricos (Aeseg). Tambi¨¦n refuerza el papel de la Administraci¨®n en la formaci¨®n de los m¨¦dicos.

El Gobierno asegura que de ese modo ahorrar¨¢ al Sistema Nacional de Salud m¨¢s de 500 millones de euros en dos a?os. El PP sostiene, por el contrario, que con el sistema de precios de referencia ahorrar¨ªan m¨¢s, que el recorte puede afectar a la distribuci¨®n de f¨¢rmacos y que no contribuye a fomentar el consumo de gen¨¦ricos.

Testamento vital

Uno de los pocos asuntos que no suscit¨® discrepancias fue la creaci¨®n del registro nacional de instrucciones previas (un documento tambi¨¦n llamado de testamento vital). En este texto una persona puede reflejar su voluntad de no recibir algunos tratamientos en caso de que no sea capaz de indicarlo cuando sufra una enfermedad incurable o muy dolorosa. Tambi¨¦n podr¨¢ dar instrucciones sobre el destino de sus ¨®rganos tras el fallecimiento.

La regulaci¨®n de estos documentos -que no permiten solicitar la eutanasia y dejan una puerta abierta a que el m¨¦dico se oponga- se aprob¨® en 2002, pero desde entonces s¨®lo 6 de las 17 comunidades lo han regulado: Andaluc¨ªa, Arag¨®n, Extremadura, Madrid, Navarra y el Pa¨ªs Vasco. La Comunidad Valenciana lo tiene "incompleto", seg¨²n un estudio de la Asociaci¨®n Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de salud (Asusalud).

El registro centralizado ser¨¢ propiedad del Ministerio de Sanidad, y tendr¨¢ los datos de los testamentos registrados en todas las comunidades. De esta manera todos los servicios auton¨®micos de salud tendr¨¢n acceso a la voluntad de un ciudadano, aunque ¨¦ste s¨®lo la haya expresado en una comunidad.