El m¨¢ximo ¨®rgano judicial brit¨¢nico considera ilegal la ley antiterrorista de Blair

Nueve jueces-lores, actuando en sus funciones de ¨²ltima instancia judicial del Reino Unido, desarbolaron ayer el llamado "Guant¨¢namo brit¨¢nico", la ley que permite el internamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo contra los que no hay pruebas para procesarles. La decisi¨®n, que declara contraria a la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos varios apartados de la Ley Antiterrorista de 2001, no obliga al Gobierno a suspender la ley o dejar en libertad a los afectados, pero le pone en una situaci¨®n insostenible si no se acomoda al fallo.

El dictamen de los jueces-lores da la raz¨®n por un margen de ocho a uno a nueve afectados por la aplicaci¨®n de la ley, que hab¨ªan ganado en primera instancia parte de su litigio contra el Ministerio del Interior, pero perdido luego el recurso interpuesto por el Gobierno ante el Tribunal Supremo. Los jueces-lores no s¨®lo consideran que la detenci¨®n indefinida es contraria a la Convenci¨®n Europea, sino que cuestionan las razones aducidas por el Gobierno para dejar en suspenso parte de esa convenci¨®n alegando razones de emergencia nacional. "La prisi¨®n indefinida sin cargos ni juicio es anatema en un pa¨ªs que observa el imperio de la ley", escribe en sus conclusiones lord Nicholls de Birkenhead, uno de los ocho que se pronuncian a favor de los demandantes y en contra del Gobierno.

La ley, aplicada hasta ahora a un total de 17 personas, de las que 11 permanecen recluidas, fue promulgada en diciembre de 2001 a instancias de David Blunkett, el ministro del Interior que tuvo que dimitir precisamente en v¨ªsperas del fallo de ayer por un asunto de abuso de poder. Su sucesor, Charles Clarke, adelant¨® ayer que estudiar¨¢ el fallo con detalle y presentar¨¢ antes de fin de a?o nueva legislaci¨®n al Parlamento con el objetivo de intentar acomodarse al punto de vista de los jueces-lores sin tener que poner en libertad a los afectados, algunos de los cuales llevan ya tres a?os internados en la c¨¢rcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, sin saber cu¨¢ndo ser¨¢n puestos en libertad y sin haber sido acusados formalmente de ning¨²n delito.

Pruebas

El Gobierno intentar¨¢ modificar la legislaci¨®n de manera que pueda convertir en pruebas contra los detenidos la informaci¨®n que posee sobre ellos y que le hace pensar que son un peligro p¨²blico, aunque no podr¨ªa demostrarlo si los procesara hoy.

La ley ha sido llamada "el Guant¨¢namo brit¨¢nico" por su similitud con la situaci¨®n en que se han encontrado cientos de musulmanes detenidos por EE UU en Irak y Afganist¨¢n, recluidos en la base militar de Guant¨¢namo sin haber sido acusados formalmente de ning¨²n delito. La diferencia entre ambas legislaciones es que la brit¨¢nica da a los detenidos la opci¨®n de abandonar el Reino Unido si as¨ª lo desean. "Su prisi¨®n, se dice, s¨®lo tiene tres muros. Pero esa libertad es m¨¢s te¨®rica que real, como queda demostrado por el hecho de la continuada presencia en Belmarsh de muchos de los detenidos. Prefieren estar en prisi¨®n que afrontar la perspectiva de un tratamiento da?ino en cualquier pa¨ªs que aceptara admitirles", escribe tambi¨¦n lord Nichols.

"En mi opini¨®n, cualquier forma de poder como ¨¦se es incompatible con nuestra Constituci¨®n", explica lord Hoffmann en su escrito. "La verdadera amenaza para la vida de la naci¨®n, en el sentido de pueblo que vive de acuerdo con sus leyes tradicionales y sus valores pol¨ªticos, procede no del terrorismo sino de leyes como ¨¦sa. Eso da una idea cabal de lo que el terrorismo puede conseguir. Corresponde ahora al Parlamento decidir si le quiere dar a los terroristas una victoria de tal calibre".

Discriminaci¨®n

Los lores expresan tambi¨¦n su opini¨®n de que la ley es discriminatoria porque s¨®lo afecta a ciudadanos extranjeros, pero no a nacionales brit¨¢nicos. El Gobierno explic¨® en su d¨ªa que no se justificaba la aplicaci¨®n a los brit¨¢nicos de "medidas draconianas" como el internamiento indefinido, pero los jueces-lores creen que no hay razones para pensar que no pueda haber ciudadanos brit¨¢nicos que constituyan una amenaza igual a la que el Gobierno atribuye a los extranjeros detenidos de manera indefinida y que la distinci¨®n por nacionalidad no est¨¢ justificada.

"Aceptamos que nuestro Gobierno tiene la obligaci¨®n de proteger la vida de sus ciudadanos, pero tambi¨¦n ha de respetar sus libertades. Si estos hombres han hecho o planeado algo tan serio, tienen que ser procesados; si no, tienen que ser liberados", declar¨® Iqbal Sacranie, secretario general del Consejo Musulm¨¢n Brit¨¢nico.