La pol¨¦mica ley antiterrorista de Blair tendr¨¢ que aplicarse con el aval de un juez

El ministro brit¨¢nico del Interior, Charles Clarke, ha anunciado hoy que las medidas incluidas en la pol¨¦mica ley antiterrorista del Reino Unido, declarada ilegal por los jueces Lores, tendr¨¢n que contar con el aval de un magistrado. Se trata de una importante concesi¨®n para intentar salvar una ley que, seg¨²n la m¨¢xima instancia judicial brit¨¢nica, vulnera la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, ya que permite el internamiento indefinido de extranjeros sospechosos de terrorismo contra los que no hay pruebas para procesarles.

Clarke, tomando nota de la recomendaci¨®n de los Lores que declararon ilegal la normativa antiterrorista impulsada por el primer ministro Tony Blair en 2001, ha anunciado que las medidas incluidas por la ley y contestadas por los Lores, tendr¨¢n que ser decididas con el aval de un juez. Se refiere en especial a las "¨®rdenes de control", que permiten restringir los movimientos de los sospechosos, vigilarles, arrestarles en su domicilio, y otras medidas. La reforma es significativa, dado que en el proyecto rechazado por los lores se permit¨ªa a Interior tomar estas decisiones, aunque luego un juez pudiera revocarlas en el plazo de una semana.

En una entrevista a la BBC, el secretario del Home Office (Interior) ha propuesto tambi¨¦n que el proyecto de ley, una vez aceptado, sea sometido al voto de la C¨¢mara de los Comunes (C¨¢mara Baja del Parlamento) cada a?o. Estas concesiones tienen el objetivo de que la ley antiterrorista pueda ser aprobada antes de que quede sin vigor la actual ley antiterrorista, que caduca el pr¨®ximo lunes. Clarke ha confiado en que estas concesiones venzan las resistencias parlamentarias.

En su formato original, la ley antiterrorista de Blair fue llamada "el Guant¨¢namo brit¨¢nico" por su similitud con la situaci¨®n en que se han encontrado cientos de musulmanes detenidos por EE UU en Irak y Afganist¨¢n, recluidos en la base militar de Guant¨¢namo sin haber sido acusados formalmente de ning¨²n delito. Adem¨¢s, no pod¨ªa ser aplicada a los nacionales, lo que provoc¨® que nueve jueces Lores, actuando como m¨¢xima instancia judicial, declararan la ley contraria a la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos el pasado mes de diciembre.

La ley ha sido aplicada hasta ahora a 17 personas, de las que 11 permanecen recluidas, y fue promulgada en diciembre de 2001 a instancias de David Blunkett, el entonces ministro del Interior que tuvo que dimitir. Esas 11 personas llevan ya tres a?os internados en la c¨¢rcel de alta seguridad de Belmarsh, al sur de Londres, sin saber cu¨¢ndo ser¨¢n puestos en libertad y sin haber sido acusados formalmente de ning¨²n delito. Si la nueva ley no entra en vigor antes del lunes, los 11 tendr¨¢n que ser puestos en libertad.