Reforma universitaria

El Gobierno ha hecho p¨²blica su propuesta para el cambio de la pol¨¦mica Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), una norma promovida por el PP que en 2001 provoc¨® una de las mayores manifestaciones desde la transici¨®n. Los rectores criticaron entonces esta ley porque consideraban que no respetaba ni la autonom¨ªa de las universidades ni la de las comunidades aut¨®nomas. La intenci¨®n manifestada ahora por el Ejecutivo de transferir buena parte de la soberan¨ªa a las universidades (por ejemplo, para poder escoger el sistema de elecci¨®n de los rectores) y de redactar una ley flexible que deje espacio a las comunidades aut¨®nomas para adaptar sus aulas a la gran variedad de situaciones acad¨¦micas va por el buen camino.

A la velocidad a la que se est¨¢n produciendo los avances cient¨ªficos y tecnol¨®gicos y los cambios sociales, la Universidad precisar¨¢ en el futuro de actualizaciones constantes de los contenidos de las carreras y de las destrezas que se deban ense?ar a los alumnos. Algunas, como las enfocadas a la docencia, precisan urgentemente de una actualizaci¨®n, para lo que resulta imprescindible aprovechar el nuevo marco de titulaciones que se deben configurar antes de 2010 de cara al espacio europeo de educaci¨®n superior. La sustituci¨®n de la f¨®rmula de acceso que establec¨ªa la LOU (una rev¨¢lida m¨¢s la posibilidad de realizar pruebas por facultades) por una prueba general ¨²nica (similar a la selectividad), as¨ª como el cambio del sistema de selecci¨®n de los profesores para establecer una acreditaci¨®n de m¨¦ritos en lugar de un examen nacional de habilitaci¨®n, va tambi¨¦n en la direcci¨®n de atender a las necesidades de todos los colectivos con la mayor racionalidad posible.

Sin embargo, la falta de concreci¨®n de algunas medidas, como la composici¨®n de los tribunales que finalmente otorgar¨¢n las plazas de titulares o catedr¨¢ticos, y la inc¨®gnita sobre si el Gobierno piensa garantizar un marco de financiaci¨®n estable, como han pedido los rectores, impiden saber a¨²n el alcance real de esta reforma en la modernizaci¨®n de las carreras y del tipo de ense?anza que se imparte en ellas.

El impulso de la participaci¨®n de los alumnos con la introducci¨®n en la ley de un estatuto del estudiante puede tambi¨¦n resultar beneficioso para implicar m¨¢s a los alumnos en el proceso de ense?anza y aprendizaje que deber¨¢ necesariamente modernizarse. Pero lo que sobre todo har¨ªa realidad ese cambio ser¨ªa alcanzar el consenso con las comunidades aut¨®nomas para poner en marcha y financiar estos cambios.